ARMAS DE FUEGO EN MANOS DE LOCOS

El Partenón-Atenas-Grecia(foto J.A.Miyares)

El poder de las armas de fuego.

En la reciente campaña electoral no se habló del control de las armas de fuego que causan más muertes en EE UU que ninguna de las guerras en que se ve envuelto.

De todas las prioridades que Estados Unidos tiene para su futuro, una de las más urgentes, pero de la que no se habló en la reciente campaña electoral, es la del control de las armas de fuego, que causan más muertes en este país que ninguna de las guerras en que se ve envuelto. La matanza de ayer en Connecticut pone de nuevo ese asunto sobre la mesa, pero difícilmente producirá resultados distintos y más positivos a los de anteriores matanzas.

Desde Columbine, donde 12 niños y un profesor murieron en una escuela a manos de un pistolero en 1999, han ocurrido en EE UU 18 similares tiroteos indiscriminados con consecuencias mortales, cuatro más que en todo el resto del mundo. En el más sangriento de todos ellos, 34 jóvenes estudiantes fueron acribillados por uno de sus compañeros desequilibrado en la universidad de Virginia Tech en 2007.

Después de cada una de esas tragedias, algunas voces se alzaron para poner control a la venta libre de armas de fuego, pero en cada una de esas ocasiones se estrellaron con el muro del poderoso lobby que controla ese negocio, uno de los que más dinero aporta a las campañas políticas y que más capacidad de presión tiene sobre los miembros del Congreso.

Tanto en Columbine, como en Virginia Tech, como en otras matanzas de menos repercusión se comprobó que los asesinos solo pudieron cumplir sus siniestros planes porque antes accedieron fácilmente a las armas que necesitaban. En el caso de Connecticut, según los primeros datos, el pistolero actuó con cuatro armas distintas, todas ellas legalmente compradas.

Pese a eso, las normas para adquirir armas no solo no se han hecho más exigentes sino que se han reducido. Hoy es legal en algunos estados exhibir armas en lugares públicos o llevarlas cargadas en la guantera del coche. En lo que va de año, el sistema nacional que contabiliza el comercio de armas –National Instant Check System- ha detectado 16.800.000 ventas de armas, lo que supone prácticamente el doble de lo que se vendieron diez años antes. Si se tiene en cuanto que esa cifra no tiene en cuenta que cada transacción puede incluir un número casi ilimitado de piezas –desde un revolver a un fusil automático-, es fácil calcular el volumen del problema al que se enfrenta este país.

Los partidarios de las armas de fuego, que son una amplia mayoría en ambos partidos políticos y una mayoría también entre la población, justifican su posición en la defensa de la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana, que, efectivamente, garantiza el derecho a las armas, pero de forma suficientemente ambigua como para que varios expertos hayan expresado dudas de que ese texto proteja el desproporcionado comercio actual.

Haciendo un esfuerzo, puede entenderse esta afición a las armas por algunas particularidades de la historia y del estilo de vida de este país, donde millones de familias viven en zonas muy aisladas, lejos de la protección inmediata de las autoridades. Igualmente, esa inclinación a la autodefensa conecta con una sociedad individualista que no tiene confianza en el estado ni cree que éste tenga la obligación de protegerle.

Pero nada de eso es hoy suficiente para explicar un comercio de estas proporciones. Entre 2006 y 2011, solo la venta de escopetas de caza creció en un 30%. El año pasado, de los 14.000 asesinados en EE UU, 10.000 lo fueron por armas de fuego. Según datos oficiales, en 2009 hubo casi 600 muertos en accidentes causados por armas y casi 19.000 suicidios por el mismo medio.

Pese a todo, durante los primeros cuatro años de la Administración de Barack Obama no se ha pasado ni una sola ley relativa al control de las armas. El presidente ha sugerido algunas iniciativas al respecto para su segundo mandato, que no tienen muchas posibilidades de prosperar, pero que han sido suficientes como para que el vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Wayne LaPierre, alerte sobre la existencia de “un cerco contra la Segunda Enmienda”.

Díaz Ferrán no pagó nada de IRPF a Hacienda en 2009.

El expresidente de la CEOE declaró dos años antes un patrimonio de 93 millones

El expresidente de los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán —en prisión por delitos de insolvencia punible y evasión de capitales— no pagó nada a Hacienda en su declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2009. Ese ejercicio efectuó una declaración conjunta con su esposa, Raquel S. G., pero ni uno ni otra pagaron un euro al fisco. Y ello a pesar de que dos años antes, en la declaración de 2007, el expresidente de la CEOE admitió que poseía un patrimonio —entre mansiones, casas, fincas, acciones e inversiones— que él mismo valoró en unos 93 millones de euros.

En el IRPF de 2009, a Díaz Ferrán le salía una cuota a pagar al fisco de algo más de 5.000 euros. Pero al hacerla conjunta con su esposa, no pagaron nada, ya que la declaración de ella arrojaba una cuota a devolver similar. Por ese motivo, ambos optaron por hacer una declaración conjunta y compensaron. En la casilla final del IRPF colocaron un cero.

Fuentes de la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra Díaz Ferrán señalan que las últimas declaraciones de renta del expresidente de la CEOE “están llenas de lagunas y datos económicos inveraces”. E interpretan el desfase entre los años 2007 y 2009 en los “ocultamientos de patrimonio y deudas falsas que empezó a tramar Díaz Ferrán para evitar pagar a sus múltiples acreedores”.

En su declaración patrimonial de 2007, Díaz Ferrán admitió tener bienes por valor de 93 millones. Declaró disponer de siete casas. La más cara, a la que da un valor de 578.116,16 euros, es la familiar que posee en la calle de Juan Belmonte, en la exclusiva urbanización del parque del Conde Orgaz, de Madrid. Entre la parcela y la vivienda en sí, el inmueble ocupa unos 1.600 metros cuadrados. También dice poseer otras dos casas más en Madrid capital, que tasa en 759.000 euros, así como otras en Coslada (Madrid), Castellón y Alicante. Todas ellas las valora en 1,4 millones de euros. Fue precisamente en 2007 cuando Díaz Ferrán, a través de una sociedad instrumental, adquirió uno de los dos apartamentos de superlujo que aún posee en el Hotel Plaza de Nueva York (EE UU). El segundo apartamento lo compró en 2008. Ahora los tiene en venta por casi 12,4 millones.

El empresario se sirvió de la cuota a devolver de su esposa, y compensó

Su patrimonio en 2007 también incluía, además, 35 parcelas en la provincia de Lugo, con unos 65.000 metros cuadrados de extensión, a las que dio un valor a efectos fiscales de solo 28.000 euros. También poseía nueve cuentas bancarias con un saldo a favor total de 39.600 euros, así como fondos de inversión por importe de 481.297 euros, de los que unos 460.000 estaban canalizados a través de Fleming Liquiditi Funds J.P. Morgan.

Además, en 2007 confesó disponer de participaciones en 16 sociedades que le han generado 2,3 millones de euros en patrimonio personal (la que más, 1,2 millones, en la sociedad Autobuses Urbanos, SA.). Donde más dinero confiesa tener es en acciones de la sociedad Holdisan Inversiones (89.4 millones de euros). Esta es la empresa que utilizó para adquirir uno de los dos lujosos apartamentos del neoyorquino Hotel Plaza.

El expatrón de patronos se halla preso por insolvencia punible.

En 2007 pagó, pues, al fisco algo más de 51.000 euros; en 2009, en cambio, lo ajustó el IRPF con su esposa para no pagar nada, y en la declaración de 2010 fue Hacienda la que tuvo que pagarle a él algo más de 2.000 euros, según datos facilitados por una agencia de detectives a la policía a través de la llamada Red Azul.

En 2010, Díaz Ferrán estaba inmerso en un fraudulento proceso (el que que le ha llevado a la cárcel por alzamiento de bienes y evasión fiscal) cuya finalidad era deshacerse de todos sus bienes. Con la intención de evitar que se los arrebataran en los concursos de acreedores que se cernían sobre ellos y que ya acumulaban en torno a 10.000 personas o entidades, buena parte de ellos trabajadores. Para evitar perder sus bienes en detrimento de los acreedores, Díaz Ferrán contactó con el empresario valenciano Ángel de Cabo, a quien presentó ante los trabajadores como el hombre que iba a reflotar sus negocios. En realidad, De Cabo, que también está preso por estos tejemanejes, compraba las sociedades en connivencia con Díaz Ferran y trataba de embrollar los concursos para luego repartirse los bienes entre ambos.