A lo largo de 2013, las decisiones del Gobierno central evidenciarán algo que la mayoría de los ciudadanos intuía, pero prefería ignorar hasta que estalló la crisis: que la actual estructura demográfica (con menos niños e inmigrantes y más personas mayores) hace inviable el sistema de pensiones, tal como ha funcionado en España durante los últimos 30 años.
Y es que, con el sistema de reparto vigente (por el que las prestaciones de los actuales pensionistas son pagadas con las cotizaciones de los activos), se han roto dos mitos esgrimidos por sus defensores: que la pensión está protegida ante la inflación (desmentido por la congelación de Zapatero y la no revalorización de este año) y que la Seguridad Social tiene superávit (terminará el año con un déficit de 10.000 millones, mientras el Gobierno ha debido recurrir al fondo de reserva, por primera vez, para paliar «necesidades de Tesorería», fondo del que, por cierto, ha invertido un 90% del total en deuda pública española: imaginen qué pasaría si se produjese una «quita a la griega» de los bonos del Estado).
A todo ello, deben añadirse las presiones de Bruselas: el PP acelerará el calendario para implantar la jubilación a los 67 años (en principio, debía durar 15 años), mientras modifica los mecanismos para rebajar las futuras prestaciones (al tomar como referencia toda la vida laboral para calcular la pensión, en lugar de los últimos 15 o 20 años).
Mientras todo esto sucede, nuestros políticos seguirán con la comedia: los gobernantes defenderán las medidas para «garantizar la sostenibilidad» del sistema, mientras la oposición practica la demagogia de rechazar la no revalorización, sabiendo que el tinglado tiene un gran parecido con el timo piramidal montado por Bernard Madoff. Al menos, éste fue a la cárcel por sus engaños.
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