EMPEÑADOS EN AMORDAZAR EL SENTIR DEL PUEBLO

Guerreros-Museo de la Guerra-París(foto J.A.Miyares)

EMPEÑADOS EN AMORDAZAR EL SENTIR DEL PUEBLO, EL JUEZ PEDRAZ TIENE TODA LA RAZÓN.

“Aunque pretenda ir de pijo ácrata es un juez con toda responsabilidad”.
Rafael Hernando hace responsable a Pedraz de las agresiones que puedan sufrir los diputados.

Además del contenido de la sentencia, que ha llevado a un dirigente popular a responsabilizar al magistrado de las agresiones que puedan sufrir los diputados, ha sido una expresión la que ha desatado todas las críticas: “La convenida decadencia de la denominada clase política”, que Pedraz ha utilizado para justificar la convocatoria del 25-S.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado a Pedraz de utilizar "las togas" y la Audiencia Nacional para hacer una "demagogia política" y ha tildado de “indecente e inaceptable” su manera de expresarse. Tras considerar "cuestionable" la capacidad de su calidad jurídica, Hernando advirtió que hacía responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional y recordó al juez que "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva", informa Europa Press.

Hernando ha querido también expresar su “reconocimiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque “protegieron” el Congreso y “velaron” por garantizar la integridad de la “principal institución democrática del país”. El diputado ha hecho una mención especial a aquellos que sufrieron la agresión de los “pacíficos manifestantes a los que apoya Pedraz”, sin aludir en ningún momento a la investigación que ha abierto Interior sobre la irrupción de los antidisturbios en Atocha el 25-S.

También han llovido las críticas desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) por la frase de la discordia. “Es un exceso literario, innecesario y superfluo”, ha criticado hoy Pablo Llarena, portavoz de la APM, en alusión a la “decadencia” política que mencionaba Pedraz, informa Servimedia. Según Llarena, el juez “no está en condiciones de evaluar cuál es la conclusión que la generalidad de los españoles tiene sobre la clase política”.

Pedraz alude a la "convenida decadencia de la clase política".

El juez Santiago Pedraz argumenta que la convocatoria Rodea el Congresose enmarca en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". El auto dice textualmente: "El hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida …, exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política".

Los obispos arremeten contra el independentismo.

Critican las "propuestas políticas desintegradoras" y piden civismo ante los recortes.

España no está en el evangelio, pero casi. Esta es la posición doctrinal de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cuyo órgano máximo de dirección, la Comisión Permanente, emitió esta mañana una declaración(con este nombre) sobre la crisis moral, política y económica. Su tesis es que la nación es un bien moral y debe preservarse. Sostienen: “Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse, tal y como es hoy, si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y política de esa antigua nación que es España. Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud”. Es una clara referencia a la proclamación independentista del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la semana pasada.

Los prelados reconocen “en principio” la legitimidad de las posturas nacionalistas si son “verdaderamente cuidadosas del bien común”, y exhortan “encarecidamente” al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales, con este objetivo: “Se debe preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España”.

La Comisión Permanente episcopal se había reunido el lunes para despachar asuntos de trámite y ultimar el orden del día de la próxima asamblea plenaria de la CEE, el próximo noviembre, pero se ha visto forzada a esta declaración sobre la crisis después de meses de críticas por su silencio. Se habían pronunciado numerosos obispos e incluso grupos regionales de prelados, como la llamada Conferencia Episcopal Tarraconense (en realidad, catalana), pero la Conferencia Episcopal estaba en silencio, pese a incontables reclamaciones de sectores católicos para que alzara la voz. Esta mañana los prelados han hablado colegiadamente, sin aceptar crítica alguna por su mudez pasada.

“Los obispos están siempre a pie de calle. Escuchamos, leemos la prensa, estamos atentos. Que los obispos estén mudos es falso”, dijo el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, que es además obispo auxiliar del cardenal Antonio María Rouco en el arzobispado de Madrid. Ciertamente, muchos obispos han hablado sobre la crisis, pero no la Conferencia Episcopal, que es lo que reclamaban los católicos desde hace al menos un año.

Pese a su resistencia a aceptar reproches, Martínez Camino acabó asumiendo que si la CEE habla ahora es porque hoy la situación (la crisis) es más delicada y presenta aspectos de “particular urgencia”. Se refiere “a que la tensión social crece” y a que “determinadas propuestas políticas han venido a añadir elementos de preocupación en momentos ya de por sí difíciles”.

“A nadie se le ocultan” esos aspectos, precisó el portavoz episcopal. Añadió: “Ante esta situación, creemos que es nuestro deber dirigir en especial a los católicos, pero también a todos los que deseen escucharnos, unas palabras que quieren aportar luz y aliento en el esfuerzo que resulta hoy especialmente necesario para la consecución del bien común”.

La declaración se titula Ante la crisis, solidaridad, con quince apartados y 2.060 palabras. Tiene invitaciones a la fe, a la caridad y a la solidaridad, pero parte de una afirmación tajante. “Tememos que la crisis o, al menos, sus efectos no hayan tocado fondo todavía. Incluso países más fuertes económicamente que el nuestro han de tomar medidas preventivas y correctoras”.

“En nuestro país, los Gobiernos - tanto los de España como los de las autonomías - se han visto obligados a adoptar decisiones que exigen sacrificios a la mayoría de los ciudadanos, cuando muchos se encuentran ya en situaciones difíciles por falta de trabajo, por dificultades financieras y por la prolongación en el tiempo de esas condiciones. Todo ello crea muchas situaciones personales y familiares concretas de gran sufrimiento, que la inmensa mayoría sobrelleva con serenidad y espíritu de sacrificio. Los trabajadores se han mostrado dispuestos en no pocos casos a asumir restricciones laborales y salariales en aras de la supervivencia de sus empresas y del bien de todos. Hay que reconocer y agradecer el civismo y la solidaridad, ahora especialmente necesarios. Por su parte, las autoridades han de velar por que los costes de la crisis no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los inmigrantes, arbitrando más bien las medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales oportunas”, añaden.

En este punto es donde cargan las tintas sobre los últimos movimientos independentistas del nacionalismo catalán. Con la certeza de uno de los refranes más comprobables (el que afirma que a perro flaco, todo son pulgas), la Conferencia Episcopal parecen asumir que las desgracias nunca vienen solas y siempre atacan a los más débiles, a los que ya están abatidos. “La situación de crisis genera en muchas personas sentimientos de malestar y de desencanto, de irritación y de rechazo ante unas instituciones sociales y políticas que, aun disponiendo de tantos medios económicos y técnicos, no han sido capaces de ordenar la vida en común de un modo verdaderamente justo y humano”, afirman.

Es aquí donde abordan el tema de la unidad de España y los últimos acontecimientos políticos. Dicen: “El malestar social y político debería ser para todos un reclamo a la búsqueda sincera del bien común y al trabajo por construirlo entre todos. Este malestar no debería ser alimentado como excusa para la promoción de ningún interés político o económico particular, a costa del interés general, tratando de aprovechar en beneficio propio el descontento o el sufrimiento de muchos. Nadie se debería sentir ajeno al peligro de caer en este grave abuso: ni las personas, ni los grupos sociales, económicos o políticos”.

Cierran el tema incluyendo en la declaración, como anexo, la Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, de 2006, en la que los obispos salían entonces al paso del fracasado Plan Ibarretxe y de las declaraciones del ex presidente del Gobierno, el socialista José Rodríguez Zapatero, sobre que el termino Nación era discutible y opinable. Fue el entonces cardenal primado de Toledo, Antonio Cañizares, hoy ministro de Culto en el Gobierno del papa Benedicto XVI, quien afirmó en esa ocasión que la unidad de España “es un bien moral de obligada protección”.

Entonces, el documento episcopal era una instrucción, es decir, doctrina de la Iglesia católica española. Ahora se rebaja el tema a una declaración. Pese a todo, el texto de hoy no ha sido aprobado por unanimidad. De 21 miembros que tiene la Comisión Permanente (entre ellos, todos los cardenales y arzobispos), cuatro se abstuvieron. El portavoz no quiso desvelar sus nombres. “La votación fue secreta”, zanjó una pregunta. Cuatro son, sin embargo, los obispos catalanes que forman parte de ese órgano. Es probable que no se han opuesto al texto, que no es más que un resumen de lo dicho hace seis años, pero sí a que se vuelva a publicar precisamente ahora.