EL TRIBUNAL SUPREMO ABRE CAUSA PENAL AL DIPUTADO ALBERTO CASERO POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

 El Tribunal Supremo abre causa penal al diputado Alberto Casero por prevaricación y malversación

Admite la exposición razonada de la juez de Trujillo que puso de manifiesto irregularidades en su época como alcalde

El parlamentario del PP mantendrá su escaño en el Congreso

El Tribunal Supremo ha acordado este jueves la apertura de una causa al diputado del PP Alberto Casero para investigar determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. Admite así la exposición razonada elevada al Supremo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de dicha localidad que vio indicios de prevaricación en la actuación del exregidor, e l diputado que posibilitó la aprobación de la reforma laboral del Gobierno por un error al votar de forma telemática. La Fiscalía había informado a favor de la admisión de esta exposición, sobre la que vio indicios también de malversación.

El diputado, en los pasillos del Congreso, no ha querido hacer valoraciones, pero sí ha respondido a los periodistas allí presentes que seguirá en su escaño.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular han salido además en defensa de su compañero y han afirmado en conversaciones informales que no comparten su imputación y que creen que todos los alcaldes de España deberían sentarse en el banquillo por actuaciones similares si ese es el baremo. Informa Juan Casillas.

Ante los indicios expuestos por la juez y el informe del fiscal, la Sala considera que procede asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento. El instructor del procedimiento será el magistrado Andrés Palomo del Arco.

El auto recoge una síntesis de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.

La exposición razonada, de la que informó ABC, señala indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el Juzgado en su documento.

De espaldas a la ley

Según la exposición razonada, en marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. En septiembre de 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recoge otros dos hechos: que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.