EL CONGRESO PODRÁ MODIFICAR LA LEY QUE SUPRIME EL CANON GOOGLE DE DERECHOS DE AUTOR

 El Congreso podrá modificar la ley que suprime el 'canon Google' de derechos de autor

El real decreto que transpone la directiva europea será tramitado como proyecto de ley y será debatido en Cortes

El real decreto que transpone la directiva sobre derechos de autor en el mercado digital se tramitará finalmente como proyecto de ley, después de que en el debate celebrado este jueves en el Congreso partidos como PP, Podemos o Ciudadanos hayan puesto esta condición para dar su visto bueno a un real decreto ómnibus que adapta hasta ocho directivas distintas sobre temas tan dispares como los bonos garantizados, los vehículos de energía verde o temas de consumo.

Con esta tramitación, la oposición se asegura que el texto, en fechas próximas, pueda ser debatido por la Comisión de Cultura, que podrá introducir modificaciones en el articulado de la ley. Esta fue la última reivindicación del sector, que consideraba que con la supresión del canon AEDE se vulneraban los derechos de creadores y autores frente a los intereses de las grandes plataformas tecnológicas.

Mientras se procede a esta tramitación, no obstante, estará en vigor la nueva norma que ha llevado a Google a recuperar su agregador de noticias, después de siete años cerrado.

La normativa permite ahora que las plataformas tecnológicas puedan llegar a acuerdos de manera individual con los editores de prensa y autores por disponer de sus contenidos en sus servicios de buscadores y agregadores de noticias. El modelo vigente durante estos años obligaba a la gestión colectiva obligatoria, que ahora es solo una opción. Google ya no está obligada a negociar con las entidades de gestión el pago de un canon fijo por el uso de contenidos protegidos por derechos de autor.

Entidades como Seguir Creando en Digital, Cedro o FAPE consideran que la irrenunciabilidad del derecho es la única manera de asegurar un reparto equitativo y transparente entre todos los creadores. Google, en cambio, se niega a pagar una tasa fija por los derechos de autor, lo que motivó el cierre de Google Noticias en 2014. Lo que la tecnológica hace es llegar a acuerdos económicos con los editores de manera individual, sin hacerlos públicos y sin retribuir los derechos de autor. Este modelo, denuncian las entidades de gestión, supone instalar la 'ley de la selva'.

En el curso del debate celebrado este jueves, los grupos parlamentarios han criticado que el Gobierno haya introducido esta transposición en un macro real decreto de más de 160 páginas que afecta a seis ministerios y modifica una veintena de leyes. «Es una auténtica barbaridad lo que traen aquí, a pesar de que justifiquen que las directivas deben transponerse a la máxima celeridad. Es otro uso y abuso del real decreto para legislar, que ustedes han convertido en rutina. Es faltarle al respeto a esta Cámara», ha dicho Miguel Ángel Castellón, del PP.

Aunque el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que esta convalidación llega en tiempo, lo cierto es que la iniciativa llega con más de cinco meses de retraso y con una amenaza de multas por parte de Bruselas. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha criticado además que las normas no han sido consensuadas: «No ha habido diálogo previo. Este no es un instrumento adecuado para transponer este tipo de directivas». ERC adelantó su negativa al decreto ómnibus en plena polémica por la ley audiovisual.

Sobre los derechos de autor, de los que apenas hubo referencias por lo limitado del tiempo de intervenciones y al amplio número de temas a tratar, Bildu y PNV se posicionaron a favor de la gestión colectiva obligatoria, la irrenunciabilidad del derecho y la aplicación de una tarifa legalmente establecida: «Medidas totalmente necesarias para proteger a los autores y a los pequeños frente a las grandes plataformas». ERC también consideró que «no se ha hecho frente con suficiente energía a los gigantes tecnológicos y se deja en indefensión a los autores».

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, dijo esta semana que su departamento intentará llegar a una solución «a gusto de todos» durante la tramitación de la ley. «Vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque muy probablemente tendremos convalidación seguida de tramitación parlamentaria y, por lo tanto, habrá posibilidades de enriquecer el texto y encontrar equilibrio entre negociación individual y colectiva».

El real decreto ley fue aprobado 256 síes, 20 noes y 64 abstenciones. Los 337 diputados que votaron se mostraron a favor de tramitar la transposición de la directiva como proyecto de ley.