Asalto ideológico a la universidad

El nuevo sistema universitario que pretende el Gobierno es más bien un proyecto ideológico con el que la izquierda intenta cerrar su círculo de control de una sociedad sometida a sus dogmas.

No cabe otra reacción que el pesimismo al leer el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario pues se trata de una nueva oportunidad perdida para revitalizar la universidad española, mejorar sus principales funciones (la educación superior, la investigación y el estudio) y muscular sus claustros, que han de procurar ese objetivo como madre nutricia de conocimientos. El texto solo aporta avances hacia una mejor financiación que puede dar más seguridad a los centros y en establecer mecanismos de formación permanente y conciliación trabajo-estudio, así como alguna apertura en los itinerarios. Pero son muchos más los déficit que traerá pues el texto llega con un error capital: su sectarismo y perfecto encaje en el laboratorio social de la izquierda, institucionalizando sus clichés, dogmas y complejos. Se pretende por ejemplo la desaparición del contratado doctor que hasta ahora ha constituido el primer paso para acceder a una plaza estable, mientras, ganan peso y poder los alumnos en los órganos de decisión universitarios, seguramente en el convencimiento de que son más afines a la izquierda, al menos los que más se interesan por esos puestos. Llega, cómo no, la ‘diversidad lingüística’ para impulsar las lenguas cooficiales y extranjeras mientras se relega al castellano pues se habla hasta de la lengua de signos pero no parece ni por asomo la lengua oficial de todo el Estado. E irrumpen la llamada ‘memoria democrática’ como forma esencial de educación de las nuevas generaciones y las ‘políticas de género’, que dominarán toda la estructura y la promoción. No solo favorece el acceso de las mujeres sino que se crearán unidades de ‘igualdad y diversidad’ obligatorias. Completa el menú el tradicional ataque a las privadas, a las que se asaetea con un IVA de tronío en su claro perjuicio.

Pero lo más preocupante es la pérdida de excelencia que cronifica el texto. Como ya adelantó ABC, Castells pretende que los profesores titulares -y no solo los catedráticos, como ocurre hasta ahora- accedan a los rectorados. Esta rebaja del perfil del candidato al más alto puesto universitario se interpreta como una oportunidad para el proyecto de la extrema izquierda de recolonizar las universidades. Se trata de hacer desaparecer la eminencia y de premiar la filiación política (naturalmente de izquierdas, si no el candidato no valdrá) para hacerse con el control de los claustros y de todo el engranaje académico y administrativo del centro. El resultado de esta estrategia -que abre una enorme puerta para que se cuele el nepotismo entre militantes- será que a los rectorados no llegará quien tenga reconocidos con la cátedra méritos y competencias suficientes en un área sino el candidato que mejor se ajuste al perfil sectario que se plantea.

La universidad, pilar sobre el que descansan el conocimiento, la investigación, la formación del individuo y es por ello motor del avance de la sociedad, se convierte en manos de la izquierda en una especie de minarete laico desde donde proclamar su ideario político como único y canónico y establecer un nuevo modelo social nutrido con el forraje de neologismos y ‘neovalores’. Se trata de poner el birrete de irrebatible a esa amalgama de alumbramientos con los que se pretende cambiar la sociedad e instaurar desde la universidad un modelo único de ciudadano que complete el adoctrinamiento que también se persigue en los colegios, donde a partir de ahora el Gobierno va a fijar en los currículos escolares lo que es ‘bueno’ y lo que es ‘malo’ en la asignatura ‘Valores cívicos y éticos’. Más que una ley universitaria, lo que ha preparado el sanchismo de la mano de Castells es un proyecto ideológico de izquierdas que utiliza la universidad como excusa para apuntalar un modelo social a su gusto.