El Tribunal de Cuentas defiende su independencia frente a las presiones
La misión del Tribunal, argumenta, es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos
El Tribunal de Cuentas ha defendido su «independencia en el ejercicio de sus funciones», frente a las presiones que los últimos días ha estado sufriendo por parte del Govern catalán y también del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que comunicara fianzas de 5,4 millones de euros a 40 cargos separatistas.
En una nota, el Tribunal ha aclarado que se trata de un órgano constitucional, y así viene recogido por el artículo 136 de la Constitución Española, y que «ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del séctor público». Aunque no menciona al Gobierno, en el escrito pone el foco «las noticias que vienen apareciendo en algunos medios».
El otro día, Pedro Sánchez aseguró que las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre la malversación de fondos públicos de los líderes independentistas será «recurrible».
La misión del Tribunal de Cuentas, argumentan, es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.
Asimismo, «el Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos», explica.
Al frente del juicio de los presos del 'procés' está la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra del Partido Popular. En el Tribunal de Cuentas estos cargos son aleatorios entre sus 12 miembros, por un sistema de reparto establecido desde el principio. A Mariscal de Gante le corresponde este asunto por el turno establecido. También es aleatoria la composición de la Sala que resolverá los recursos. Y da la casualidad de que tiene mayoría de consejeros elegidos por el PSOE.
En concreto, esa Sala de Justicia que resolverá los recursos está formada por Felipe García Ortiz y María Antonia Lozano, consejeros del PSOE, y por José Manuel Suárez Robledano, elegido por el PP. La última palabra la tendría el Tribunal Supremo, ya que cabe recurso de casación.
Los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución. «El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes», explica el tribunal.
EL GOBIERNO ES UN DICTADOR
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