EL ÓRGANO CONSULTIVO DEL GOVERN NO VE IRREGULARIDADES EN EL DECRETO QUE PERMITE ACTIVAR LOS AVALES DEL PROCÉS

 El órgano consultivo del Govern no ve irregularidades en el decreto que permite activar los avales del 'procés'

El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no es vinculante y el Parlament convalidará la norma este mismo jueves.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha dictaminado por unanimidad este jueves que el Decreto-ley 15/2021 del Govern catalán se ajusta a la legalidad constitucional y estatutaria, y solo recomienda modificar el redactado en varios puntos del texto «para mejorar la calidad normativa». El PSC, Cs y PP acudieron a este órgano consultivo autonómico tras la aprobación del decreto, que hoy mismo se convalidará en el Parlamento catalán, y tenía de plazo hasta este jueves para firmar el dictamen.

Con el Decreto-ley 15/2021, el Govern creó el Fondo Complementario de Riesgos (FCR), dotado con 10 millones de euros de dinero público, para dar cobertura legal, básicamente, a la operación política de que los implicados que promocionaron y protagonizaron el 'procés' secesionista no tengan que asumir, con sus bienes personales, las fianzas y multas judiciales. En concreto, para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas (TdC) a 34 ex altos cargos de la Generalitat.

La norma señala que el FCR será gestionado por una entidad, que no se ha creado todavía, ni se ha adscrito a una ya existente, y que se encargará de dar el visto bueno a las peticiones de los particulares que quieran beneficiarse de la norma. El mecanismo establece que se buscarán entidades privadas o bancos que serán los que intermedien entre el FCR y los beneficiarios, actuando de pantalla pero con el contraaval del FCR.

Además, hasta la creación de la entidad gestora y si no se encuentran bancos privados que quieran participar en la operación pantalla, como ha ocurrido en realidad, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se encargará de la gestión y de avalar las fianzas o multas que se aprueben. Esto es lo que ocurrió hace ocho días cuando la Junta de Gobierno del ICF dio el visto bueno a 29 avales públicos de los 34 implicados en el TdC. La Fiscalía está investigando, tras una denuncia de Cs, la legalidad de estos avales concedidos.

Mientras tanto, el TdC está a la espera de que la Abogacía del Estado remita el informe que solicitó, el martes, la delegada instructora de esta causa, Esperanza García Moreno, sobre la legalidad de los avales del ICF, sobre los que tiene serias dudas. De los 34 encausados en la posible responsabilidad contable del gasto indebido por la acción exterior del 'procés' entre 2011 y 2017, la delegada instructora ya ha iniciado el proceso de embargo de dos de ellos. Una vez conozca el informe de la Abogacía del Estado, García Moreno decidirá si acepta los avales públicos del ICF.

ESTO ES DE RISA, QUÉ VA A DECIR SI SON ELLOS