Detenidos varios empresarios de la órbita de Puigdemont por desviar fondos al separatismo
El exdirigente de ERC Xavier Vendrell y el exdirgente de CiU David Madí, entre los arrestados.
La Guardia Civil ha puesto en marcha desde primera hora de esta mañana un operativo en el que prevé una veintena de detenciones, entre ellas las varios empresarios de la órbita del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por el supuesto desvío de fondos públicos al independentismo. En principio, esos fondos tendrían como fin primero el mero enriquecimiento personal de algunos de los implicados y parte de ese dinero podría haber acabado destinándose a sufragar los gastos del expresidente fugado en Waterloo (Bélgica). Algunos de los detenidos podrían estar vinculados, además, con el Tsunami Democràtic y su financiación, la plataforma anónima que intentó capitalizar, de forma violenta en algunos casos, las protestas en contra de la sentencia del «procés» del año pasado.
El Instituto Armado ha arrestado, entre otros, al exdirigente de Esquerra Xavier Vendrell y al exdirigente de CiU David Madí, el histórico jefe de campañas electorales de Artur Mas, según han explicado a ABC fuentes policiales. En la lista está, además, el empresario vinculado al secesionismo Oriol Soler, vinculado al mundo editorial y de la comunicación.
También ha sido detenido Josep Lluís Alay, historiador y responsable de la oficina de Puigdemont, según ha informado el expresidente de la Generalitat Quim Torra en su cuenta de Twitter, que ha calificado el operativo policial como una muestra más de la supuesta «represión» al secesionismo.
También están siendo investigados dentro del operativo que la Guardia Civil lleva a cabo desde primera hora de esta mañana los empresarios Antonio Fusté y Roc Aguilera, socios de Events SL, una firma dedicada a la producción de eventos, y proveedor habitual en actos del gobierno catalán y organizadores de un reciente gran acto de Puigdemont en Perpiñán (Francia). Su nave, ubicada en Igualada (Barcelona), ya había sido registrada por la Guardia Civil las vísperas del 1-O, dentro de un operativo por el referéndum ilegal. Los agentes han vuelto a registrar sus oficinas este miércoles dentro de esta investigación.
También están en la lista de investigados Pilar Contreras, de ERC de Vilanova i la Gertrú, directora general de centros concertados y centros privados de la Generalitat; Marta Molina, el alcalde del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir (Junts per Catalunya); el interventor delegado de la Consejería de Presidencia de la Generalitat, Jordi Serra y Xavier Vinyals, excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la plataforma pro selecciones catalanas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Estos empresarios y excargos públicos afines a Junts per Catalunya (JPC) y a Esquerra, con la contribución de una docena de colaboradores, habrían puesto en marcha un sistema para el desvío de fondos hacia la órbita secesionista, y parte de ellos podrían haber servido para financiar iniciativas como sufragar la estancia de Puigdemont en Bruselas, e incluso la plataforma anónima Tsunami Democràtic, de la que siempre se ha sospechado que tenía una vinculación directa con la cúpula política independentista, algo que investiga la Audiencia Nacional en otra causa al margen.
Desde primera hora de esta mañana, los agentes de la Guardia Civil han comenzado a practicar una treintena de registros, especialmente centrados en la provincia de Barcelona y de Gerona, en ocho partidos judiciales distintos. Los agentes del instituto armado han acudido también a la sede del Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona) para requerir documentación relacionada con adjudicaciones.
La investigación la dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, y está abierta por los supuestos delitos de malversación, blanqueo de capitales y prevaricación. El juez ha levantado este mismo miércoles el secreto de las actuaciones, tras un año y medio de pesquisas.
La investigación se enmarca en una pieza que deriva de otra causa que el mismo juez tiene sobre la mesa, en la que indaga el supuesto desvío de fondos públicos de la Diputación de Barcelona que deberían destinarse al Tercer Mundo hacia círculos afines al independentismo, especialmente del entorno de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Conexión Puigdemont-Trradellas
Aquella investigación sobre el supuesto desvío de fondos del Tercer Mundo hacia la órbita secesionista se la había encomendado inicialmente el juez a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que en 2018 llevó a cabo una treintena de detenciones, entre ellas la de Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona y la de Víctor Terradellas, presidente de la fundación CATmón.
Los agentes intervinieron entonces miles de archivos informáticos, agendas con anotaciones sobre los supuestos desvíos de dinero y teléfonos, pero antes de culminar todo ese análisis, el juez ordenó que se encargara de la investigación la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cataluña, en febrero del año pasado. El traspaso de las pesquisas en las que se investigaba prevaricación, tráfico de influencia, malversa-ción de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones, provocó malestar en la Policía.
En esas indagaciones iniciales Terradellas aparecía como una figura preeminente en la causa del procès, que estaba dispuesto a continuar el camino emprendido en octubre de 2017 por el separatismo, e incluso instruía a través de whatsapp al fugado Carles Puigdemont sobre cómo debía actuar; en otras conversaciones con Miquel Casals, se refería a Puigdemont y Jordi Sánchez como «mandorrinos».
ESTO ES UN PAÍS DE PENA. VAYA REINO
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