Ayuso denuncia al Gobierno de Sánchez ante el Supremo por no dejarles pasar a la fase 1
Alega el Ejecutivo regional que el rechazo «no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio».
La presidenta Díaz Ayuso ha cumplido su amenaza. Tal y como anunció la semana pasada, cuando planteó que estudiarían las acciones legales contra la decisión del Gobierno Central de que Madrid no pasara a la fase 1, el Ejecutivo autonómico va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por este motivo, tras los dos «noes» recibidos.
El Gobierno regional considera que la resolución «no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio». Además, aseguran que no tienen «constancia» de que «exista ningún informe que motivara el primer rechazo».
Es intención del Ejecutivo madrileño acudir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la Comunidad de Madrid el cambio de fase en el llamado proceso de desescalada . El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha informado sobre este asunto en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario esta tarde.
La demanda empieza refiriéndose a la primera solicitud de cambio de fase que el Gobierno Central denegó a Madrid. Entiende que en esa primera solicitud, no se tiene «constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo a la petición de progresión a la Fase 1, lo que podría suponer un defecto grave». Pero además, en lo referente a la segunda solicitud -que vino acompañada por un segundo «no» estatal-, «el informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad es posterior a la comunicación de la decisión a la Comunidad de Madrid y, además, las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad».
Además de esto, la Comunidad de Madrid tiene dudas razonables de que «los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad», lo que hace que se cuestione «la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad».
EL AMBIENTE SE ESTÁ CRISPANDO MUCHO EN ESPAÑA.
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