EL GOBIERNO APROBARÁ UNA LEY EDUCATIVA CONTRA LA CONCERTADA Y EL CASTELLANO.

El Gobierno aprobará una ley educativa contra la concertada y el castellano

El nuevo texto al que, previsiblemente, dará luz verde el Consejo de Ministros no se someterá al dictamen del Consejo de Estado y devaluará la asignatura de Religión.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, lo anunció una y otra vez. Dijo que sería la primera ley de este Gobierno en aprobarse y se cumplió. Mañana llega, previsiblemente, al Consejo de Ministros la Lomloe, más conocida como «Ley Celaá». Cuando se apruebe, derogará la Lomce, la ley del Partido Popular también conocida como «Ley Wert». Con este cambio legal el Gobierno quiere volver al esquema de la LOE, aprobada por los socialistas en 2006.

El texto, según ha dicho la ministra, es el mismo que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, el mismo día que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocaba elecciones, por lo que quedó en papel mojado. Se disolvieron las Cortes y la tramitación parlamentaria del proyecto de ley educativa quedó suspendida. Ahora, las aportaciones que podría llegar a hacer su socio de Gobierno, Unidas Podemos, serán integradas posteriormente, solo durante la tramitación parlamentaria.

El hecho de que el texto no haya sufrido modificaciones es la excusa que la ministra usó para justificar que no pasara nuevamente por el Consejo Escolar del Estado. Entonces, la Lomloe fue aprobada pero con mínimo consenso: el pleno del máximo órgano consultivo del Estado en educación debatió entonces un total de 551 enmiendas al texto de Celaá de las que salieron adelante 120.

El texto no pasó entonces ni lo hará ahora por el Consejo de Estado, el «supremo órgano consultivo del Gobierno», definido así en la Constitución, con el argumento de que lo que diga el Consejo de Estado «no es preceptivo».

Se vuelven a repetir las prisas inexplicables que tenía entonces el Gobierno por sacar adelante la nueva ley, pese a contar con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa por atacar a la concertada, cercar la Religión y dar alas a la Generalitat para decidir sobre el castellano en Cataluña.

El texto que finalmente llegó a Consejo de Ministros en febrero «bajó el tono» respecto a todas estas cuestiones aunque sin renunciar a ellas. Si no hay cambios, estas son las principales novedades que traerá la nueva ley educativa a las aulas:

Se devalúa la asignatura de Religión

En primer lugar, la deja fuera del listado de asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Por otro lado, suprime el artículo que permitía que la asignatura computara en la nota media del alumno. Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. Pero, a través de Podemos, puede que la Religión pierda aún más peso. ¿Por qué? El nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de acuerdo con su documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España», establece que, como lo ha sido con la LOE y la LOMCE, la asignatura será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. Este estatus se mantiene pero perderá, por primera vez, su alternativa. ¿Esto qué significa? Que aquel alumno que decida no estudiar Religión no tendrá que elegir otra en su lugar, (asignatura espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa.

Ataque a la concertada: adiós a la demanda social

Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona a un «representante del Ayuntamiento». Escuelas Católicas señaló que, basándose en la nueva redacción del artículo 109.3, que solo alude a garantizar plazas públicas, «el proyecto contraviene los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006».

El castellano, en manos de la Generalitat

El redactado es ambiguo en cuanto a la competencia plena de la Generalitat a la hora de fijar el papel del castellano en la enseñanza , aunque sostiene que el gobierno autonómico debe ser el que controle que se aplican las medidas pertinentes para «garantizar el dominio» de esta lengua en las aulas catalanas. El documento deja claro que corresponde a las «administraciones educativas (en este caso la Generalitat) aplicar los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promover la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice» que los alumnos de esta comunidad alcanzan la competencia «en el grado requerido» en lengua castellana «impulsando la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas», informa Esther Armora.

Bachillerato con una asignatura suspensa

El texto también permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa o la posiblidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.

Admisión de alumnos

La nueva redacción del Artículo 87 de la LOE, que permitirá a las Administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, inmigración, situación socioeconómica desfavorable, minorías, etc), puede suponer en la práctica un cheque en blanco para que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo los derechos de los padres a elegir tipo de centro y la puesta en práctica de procesos centralizados unilaterales en manos de las Consejerías. De hecho, esto ya está sucediendo en Cataluña con los nuevos proyectos de Decretos sobre programación y admisión de alumnos y sobre régimen de conciertos, en los que se plantean medidas intervencionistas inéditas hasta ahora, bajo la premisa de conseguir repartir los alumnos considerados problemáticos en igual proporción, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Pero sin tener en cuenta las diferencias de recursos humanos entre la enseñanza a pública y la concertada (menores en esta última), ni la imposibilidad de conocer de forma precisa qué alumnos entran en la calificación de «situación económica desfavorable».

¿Vuelve Educación para la Ciudadanía?

Mientras que con la Lomce existía la opción de cursar la asignatura Valores Culturales y Éticos, tanto en el primer ciclo (1, 2 y 3) como en el segundo (4), la Lomloe solo da una opción (Educación en Valores cívicos y éticos) que los alumnos cursarían en 5 o 6 de primaria o en alguno de los 4 cursos de ESO de forma obligatoria.

Esta asignatura es para muchos similar a Educación para la Ciudadanía, instaurada en la LOE que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar. Ahora, en medio de la polémica por el pin parental, las organizaciones de padres pondrán el foco en el contenido de esta nueva materia.

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