LAS EMPRESAS ALERTAN DE DESPIDOS POR LA CONTRARREFORMA LABORAL DE SÁNCHEZ.

Las empresas alertan de despidos por la contrarreforma laboral de Sánchez

La CEOE y Cepyme alertan del daño de unas medidas cercanas al populismo.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron este lunes un acuerdo de coalición de gobierno que mantiene lo previsto en cuanto a subidas de impuestos a las rentas altas y compañías, y que en materia laboral confirma los peores augurios de los empresarios al derogar parcialmente la reforma del mercado de trabajo de 2012. «No se puede querer gobernar a cualquier precio. Este acuerdo traerá más despidos y menos crecimiento». Así se muestran los empresarios consultados por ABC en un clima de creciente inquietud, hasta el punto de que mantienen sus únicas esperanzas en el freno que pueda poner Bruselas a los planes de PSOE y Podemos.

La reforma laboral del PP es sin duda la gran denostada del acuerdo entre Sánchez e Iglesias. «Desconozco si se deroga en su totalidad, pero lo que es evidente es que se le da un fuerte mazazo a su esencia», apunta un empresario. El acuerdo entre Sánchez e Iglesias deroga la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, el despido por absentismo y se limita la capacidad de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de un contrato laboral. Este punto ha generado incomodidad incluso en las filas socialistas, especialmente en la ministra de Economía y futura vicepresidenta, Nadia Calviño, más alineada con la ortodoxia que exige Bruselas

«Lo único que permitía crear empleo con tasas de crecimiento inferiores al 2% era la flexibilidad que ofrecía la reforma laboral. Si la mutilan, no se creará empleo neto y quizá hasta se destruya», advierte otro dirigente. Una idea en la que ayer la CEOE, en un comunicado junto a Cepyme, también incidió. La patronal dijo que las medidas están «más cerca del populismo que de la ortodoxia económica» y que impactarán de forma «muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y desincentivarán cualquier posibilidad de inversión en España». Tal y como informó ABC, la patronal romperá el diálogo en todas las mesas de negociación si, de nuevo, el Ejecutivo cede ante Podemos y eleva el SMI sin negociarlo con las empresas.

Salario mínimo

En 2018 el Gobierno de Sánchez, presionado por Podemos, aprobó subir el salario mínimo a 900 euros; lo hizo por decreto, saltándose el acuerdo anterior entre el Ejecutivo del PP y los agentes sociales y sin consultar previamente a patronal y sindicatos. Esta vez, el acuerdo de gobierno, que prevé elevar progresivamente el SMI hasta el 60% del salario medio, habla ya de convocar la mesa del dialogo social para alcanzar un acuerdo al respecto, así como de crear una comisión asesora del Ministerio y a disposición del diálogo social.

La legislación establece que fijar el salario mínimo es potestad exclusiva del Ejecutivo. Si bien el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores obliga a consultar previamente con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. De actuar de nuevo de manera unilateral, «tendrán a los empresarios enfrente», augura otra fuente, que recuerda una época no tan lejana en que los despidos y los ERE eran una noticia habitual.

Aunque el salario mínimo ha sido el gran caballo de batalla de los empresarios, también han puesto en alerta las subidas fiscales tanto a personas físicas como a sociedades previstas en el acuerdo de gobierno. «Es una pérdida de competitividad enorme que España no puede permitirse en un momento de desaceleración y justo cuando el sector exterior comenzaba a responder», se lamentan desde otra empresa.

Presión fiscal

El pacto presupuestario de octubre de 2018 contemplaba fijar un tipo mínimo del impuesto de Sociedades del 15% para las grandes empresas -del 18% para banca y petroleras- calculado sobre la base imponible. El acuerdo de este lunes ya no hace referencia a la base imponible. El temor de las empresas es que ese tipo se cargue sobre el resultado operativo, pues consideran que esto no refleja adecuadamente la capacidad económica de las compañías.

Lejos de revertir las últimas reformas y elevar la presión fiscal, los inversores nacionales y extranjeros ven necesario dar prioridad a una reforma fiscal, seguida de una reforma de la administración territorial, otra laboral y una energética, según una encuesta sobre las oportunidades de inversión en España hecha por la consultora Kreab entre 62 inversores que gestionan más de 380.000 millones de euros. En este sentido, el 83% de esos inversores encuestados considera que actualmente el principal riesgo para invertir en España es la inestabilidad política, junto con la situación en Cataluña (43,33%), la regulación (33,33%) y la regulación económica local (23,33%).

NO ES POR SUBIDA ES POR LA INTRODUCCIÓN DE LA ROBOTICA.