EL EXMINISTRO JORDI SEVILLA PRESENTA SU DIMISIÓN COMO PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA.

El exministro Jordi Sevilla presenta su dimisión como presidente de Red Eléctrica

Tenía grandes diferencias con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con el consejero de la CNMC Bacigalupo, marido de Ribera.

Jordi Sevilla presentará mañana su dimisión como presidente de Red Eléctrica (REE) en la reunión que mantendrá por la mañana el consejo de administración en su sede de Alcobendas, según ha confirmado este periódico.

Los motivos de su marcha son, oficialmente, «personales», aunque en el sector se conocen sus serias discrepancias tanto con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con la CNMC, donde su consejero y marido de Ribera, Mariano Bacigalupo, partidario de recortar notablemente (más de un 7%) la retribución al transporte de electricidad que realiza REE, según fuentes consultadas.

En mayo del año pasado, también fue relevado el entonces consejero delegado, Juan Lasala, por Roberto García. Precisamente, será él quien continuará desempeñando las funciones ejecutivas de la compañía. Además, la consejera independiente coordinadora del consejo de administración, Carmen Gómez de Barreda, asume de manera transitoria y hasta que se produzca el nuevo nombramiento, la coordinación de las funciones del citado consejo.

Los mencionados recortes de la CNMC, que supondrían una rebaja en los ingresos de REE de unos 140 millones de euros a partir de este año, propiciaron el pasado verano un durísimo comunicado de REE, en el que subrayaba que la circular de ese organismo «no favorece el cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno en materia energética». Además, «introduce un nivel elevado de incertidumbre sobre la retribución de las inversiones e incorpora una elevada discrecionalidad sobre actuaciones críticas para el despliegue de la política energética y es discriminatoria con la actividad de transporte».

Sevilla, de 63 años de edad, apuntaba que «podría dificultar la transición energética y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ya que no fija un entorno regulatorio claro, estable ni predecible. Por último, no reconoce como factor incentivador la incorporación de nuevas tecnologías e innovación en la actividad de mantenimiento».

Asimismo, denunciaba que «recortar el gasto en inversión y mantenimiento en la prestación de un servicio público esencial no es el camino adecuado. La experiencia nos ha demostrado, aquí y en otros países, que la estrategia de los recortes indiscriminados en el gasto solo conduce, con certeza, al deterioro en la calidad de la prestación de los servicios, sin que se hayan podido demostrar sus supuestas ventajas. Y esto se aplica a todo servicio público esencial, con independencia de que se financie con recursos públicos provenientes de los Presupuestos o con fondos privados que deben obtenerse en los mercados financieros y de capitales, para lo que se debe ser respetuoso con las reglas del juego que determinan estos mercados».

Por último acusaba a la CNMC de «arrogarse la potestad de decidir a posteriori y unilateralmente qué inversiones se retribuyen y a qué precio. En estas condiciones de inseguridad jurídica será difícil convencer a los inversores privados para la construcción de las redes necesarias para la transición energética».

Estos recortes propiciaron que REE anunciara un ajuste en la compañía que incluye un plan de bajas voluntarias que afectará hasta un 3% de la plantilla.

El exministro socialista llegó al cargo hace un año y medio, sustituyendo a José Folgado, justo cuando Pedro Sánchez llegó al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Su nombramiento fue muy criticado por la oposición, ya que los partidos de izquierda habían denunciado en su momento la llegada a REE de antiguos cargos del PP.

Entre los hitos más destacados durante este periodo al frente de la compañía de infraestructuras eléctricas y telecomunicaciones, en la que la SEPI posee aún el 20% de su capital, ha estado la de completar la compra de Hispasat por 933 millones de euros.

ESO TODO ES POR LOS IMPUESTOS DE PEAJE