TAXI Y VTC,GUERRA ENTRE DOS BANDOS MUY PARECIDOS.

Taxi y VTC, guerra entre dos bandos muy parecidos

El conflicto nace de una regulación distinta para dos sectores que ofrecen servicios similares y se acrecienta por el factor especulativo de las licencias.

Algo tan simple como viajar de un punto a otro de la ciudad. El servicio que demandan los clientes del taxi y de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) casi no se diferencia. Pero dos actividades prácticamente intercambiables están reguladas de forma totalmente distinta. En la guerra que estos días se libra en las calles de Madrid y Barcelona entre los conductores de uno y otro sector, a menudo se olvida que taxi y VTC comparten rasgos —un número de licencias finito que fomenta la especulación y ha provocado auténticos pelotazos— y se diferencian por regulaciones que, en la práctica, establecen normas sobre capacitación, tarifas y descansos mucho más altos para los taxistas que para los chóferes de Uber, Cabify y similares.

Los taxistas de Barcelona arrancaron esta semana a la Generalitat y al Ayuntamiento una norma que obliga a reservar los servicios de VTC con una hora de antelación. Oposición, autoridades de competencia y las plataformas afectadas han puesto el grito en el cielo por una concesión que, dicen, establece barreras artificiales que costarán miles de puestos de trabajo y empeorarán el servicio a los consumidores. Es posible que tengan razón. Pero el problema viene de antes.

Surge de tratar como distintas actividades que son muy parecidas. Y se ha hecho más grande por el efecto perverso de la limitación de licencias de actividad, cuya escasez ha disparado el valor: de costar en su origen tan solo unos euros de tasas administrativas han pasado a venderse en el mercado secundario por cientos de miles de euros (las del taxi) o decenas de miles (las de VTC). Pero los auténticos pelotazos ha llegado en este sector: un reducido grupo de empresarios —integrantes de la beautiful people como Rosauro Varo o el expresidente de la Gremial del taxi José Antonio Parrondo, entre otros— se ha hecho en pocos años con un elevado número de autorizaciones. Las licencias de taxi están mucho menos concentradas.

El conflicto trasciende las fronteras españolas. En todo el mundo surgen problemas parecidos, ante los que cada país adopta soluciones distintas. El modelo alemán resulta interesante porque una sentencia de 2016 obligó a la equiparación en la práctica de taxis y VTC. Sus conductores necesitan una licencia de transporte de pasajeros que certifique su capacitación; y las empresas deben tener una concesión de taxi.

Necesidades del consumidor

Hace tiempo que la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) reclama una solución. “La regulación tiene que acompasarse a las necesidades del consumidor, y no al revés”, pide Joaquín López Vallés, director de Promoción de Competencia. La CNMC critica los numerus clausus que benefician tanto a los taxistas con licencia como a las empresas que gestionan los permisos de VTC. “No tienen sentido las barreras artificiales de uno y otro sector. No lo tiene que solo se pueda coger un Uber con una hora de antelación como tampoco lo tiene que los taxis no puedan circular un determinado día a la semana”, añade López Vallés.

Jordi Damiá, profesor de Estrategia de Empresa del EAE Business School, cree que en este conflicto la Administración ha ido a la retaguardia de las innovaciones del mercado. Para buscar soluciones a este conflicto, que muy probablemente va a enconarse aún más, distingue dos fases. “A corto plazo, habrá que compensar tanto a los taxistas que ven ahora desplomarse la cuantiosa inversión que hicieron en licencias como a los conductores de VTC que pueden quedarse sin trabajo. Pero a medio y largo plazo la única solución pasa por seducir a los clientes a los que ahora se han puesto en contra y ofrecerles plataformas tecnológicas y servicios acordes con los nuevos tiempos”, asegura.

En el sector del taxi protestan por lo que entienden que es una campaña de comunicación que han perdido. “Los VTC han invertido mucho dinero en relaciones públicas. Pero no tiene sentido que a los taxistas se les exija duras pruebas de destreza en la conducción y conocimiento del callejero y haya conductores de VTC que circulan con la L de prácticas. Las autoridades deberían exigir los mismos requisitos a todos los servicios de transporte urbano”, aseguran fuentes jurídicas vinculadas al taxi. En esta guerra de argumentos y medidas de presión en las calles, los taxistas recuerdan que ofrecen precios tasados por los Ayuntamientos, y que los VTC pueden imponer tarifas más altas cuando hay más demanda. Pero olvidan que se han beneficiado de un sector que, pese al aumento de población y del turismo, ha ido reduciendo el número de licencias de taxi: en enero había activas 65.657 —según los datos de Fomento— frente a las 72.000 de 1994, según el INE.

“Ha habido una dejadez en todas las administraciones, del Gobierno a los Ayuntamientos pasando por las comunidades autónomas, hasta que el problema se les ha ido de las manos”, sintetiza el profesor de Estrategia Digital Carlos Fargas.

La CNMC critica los obstáculos en ambos lados

Competencia ve con malos ojos tanto las limitaciones a los VTC que acaban de acordar las autoridades catalanas —imponiendo un tiempo obligatorio de preaviso al pedir un conductor— o las restricciones a no poder recoger pasajeros por la calle como las que obligan a los taxis a no circular un determinado día a la semana. “Hemos recurrido normativas del taxi y de los VTC. Y siempre con una misma idea fuerza: no tienen sentido las barreras artificiales que beneficien a un colectivo o a otro en detrimento de los consumidores”, asegura a este periódico Joaquín López Vallés, director de Promoción de la Competencia.
La CNMC criticó esta semana con dureza al decreto del Gobierno que traspasaba la normativa de los VTC a las comunidades autónomas. “El decreto incide negativamente en la competencia y en el bienestar de los consumidores. Pretendemos ser constructivos y aportar soluciones”, añade López Vallés..
TIENEN QUE LLEGAR A  UN ACUERDO Y EL GOBIERNO DEBE DE DECIR ALGO.