Entradas populares

jueves, 1 de noviembre de 2018

.LA ABOGACIA DEL ESTADO ACUSA A LOS LÍDERES DEL PROCÉS DE SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN Y SE ALEJA DE LA FISCALÍA.

Desde la izquierda, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Carles Mundó, Josep Rull y Meritxell Borràs, el año pasado a su llegada al Supremo.

La Abogacía del Estado acusa a los líderes del ‘procés’ de sedición y malversación y se aleja de la fiscalía.


Las penas que pide este órgano del Ministerio de Justicia suman un mínimo de 14 años.

La Abogacía del Estado acusará a los líderes independentistas catalanes de sedición y malversación. Este órgano dependiente del Ministerio de Justicia podía haber optado por atribuir el delito de rebelión a Oriol Junqueras y a los otro ocho procesados que están en prisión preventiva, pero ha descartado este delito, el más grave y el que vertebra toda la causa abierta por el procés en el Tribunal Supremo. Fuentes judiciales afirman que el escrito de acusación que presentará este viernes la abogacía descarta finalmente la rebelión, que exige un alzamiento violento, y apuesta por el delito de sedición, que no exige violencia. Las penas que pide este órgano del Ministerio de Justicia suman un mínimo de 14 años.
Durante la fase de instrucción, la abogacía no ha pedido personarse por ningún delito más, aunque sí se ha adherido a las posiciones de la fiscalía en lo relativo, por ejemplo, a la prisión preventiva. En agosto, como el resto de acusaciones, presentó un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicitaba la apertura de juicio oral por rebelión, malversación y desobediencia.
El núcleo duro del Gobierno se reunió el lunes pasado en La Moncloa y analizó la situación. Formalmente, el Ejecutivo traslada la idea de que la abogacía tiene manos libres. La realidad es que este órgano, que actúa como defensor de los intereses del Estado y, por tanto, a las órdenes estrictas del Gobierno, depende de una decisión política. Y esa es la que tomaron el lunes durante una comida de trabajo el presidente y sus colaboradores más cercanos (Carmen Calvo, que el lunes no se presentó por la visita al Vaticano; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; el jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver). El análisis, no solo de este núcleo , sino de otros ministros que también han sido consultados, es que la acusación de rebelión es excesiva.
Sin embargo, aunque esa sea la posición que domina dentro del Ejecutivo, el Gobierno no se ha atrevido a dar el paso más arriesgado, el de presionar a la fiscalía. Esta posibilidad se ha descartado porque tendría un coste enorme para el Gobierno.
La Fiscalía General del Estado tiene total autonomía y así ha redactado sus conclusiones provisionales del caso. Las fuentes fiscales consultadas señalan que el departamento que dirige María José Segarra mantendrá la calificación de rebelión, un delito recogido en el artículo 472 del Código Penal que castiga a los que se alcen “violenta y públicamente” para una serie de fines, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Se atribuirá a los nueve procesados que están en prisión preventiva, aunque entre ellos la fiscalía establecerá distintos niveles de responsabilidad.
En el primer nivel estará Junqueras, a quien el ministerio público considera, junto a Carles Puigdemont, el principal responsable del desafío independentista unilateral. Los investigadores le otorgan un papel esencial en el inicio del procés (considerado en la causa como la firma el 19 de diciembre de 2012 del acuerdo entre Artur Mas y Junqueras que llevó al primero a la presidencia de la Generalitat), en el tramo intermedio (por impulsar desde la Vicepresidencia el plan secesionista) y al final (la declaración unilateral de independencia). Este protagonismo se traducirá en una petición de penas superior al del resto de procesados, que puede rondar los 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.

Niveles de responsabilidad

Ambos delitos se atribuirán también a los otros cinco exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa), pero la fiscalía les sitúa en un segundo nivel de responsabilidad y la petición de penas oscilará, según las fuentes consultadas, entre 15 y 20 años de prisión. Y de 10 a 15 años para los tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart) solo por rebelión.
En el tercer bloque de responsabilidad estarán los tres exconsejeros a los que la fiscalía deja fuera de la rebelión pero prevé acusar de malversación y desobediencia (Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila). La petición de pena para ellos podría llegar a los 12 años, pero se reduciría si devuelven el dinero supuestamente desviado a fines ilícitos.
El resto de procesados (los exmiembros de la Mesa de Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya) solo serán a acusados de desobediencia y no se pedirá para ellos penas de cárcel, pero sí de inhabilitación. Además, la fiscalía de la Audiencia Nacional acusará al responsable de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los responsables políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig por rebelión por los hechos del 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía.
ESTO ESTABA VISTO, AQUI PARECE QUE LA MANO DEL GOBIERNO ESTÁ DETRÁS DE LA ACUSACIÓN. COSAS VEREMOS QUE NO SORPRENDERÁN, VOTOS PARA VOX.¿POR QUÉ VAN A SUBIR TANTO?

No hay comentarios: