Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados este jueves.
Riesgos del Presupuesto.
Un Gobierno en minoría tendrá que tramitar un ajuste de 10.000 millones.
Los Presupuestos del Estado para 2017 son quizá el problema político y económico más grave que se le presenta al eventual presidente del gobierno investido (si hay acuerdo con Ciudadanos y el PSOE llega a abstenerse en segunda votación). Aunque lograra concretarse la investidura de Mariano Rajoy, elaborar un Presupuesto con un ajuste de 10.000 millones presenta dificultades casi insalvables, en términos económicos y políticos. Y probablemente esta es una de las razones de fondo por las cuales el PSOE se ha encastillado en su posición actual sobre la investidura; la legislatura será probablemente muy corta debido a la minoría escuálida con la que contaría el PP para gobernar si no hay un acuerdo político previo sobre la aprobación del Presupuesto que, por decirlo así, reparta “el coste del sufrimiento”.
Desde una perspectiva estrictamente económica, un ajuste de 10.000 millones no puede resolverse solamente con un recorte del gasto. De hecho, puesto que un volumen importante del gasto está gestionado por las comunidades autónomas y éstas han cargado hasta ahora con el grueso de los recortes, cualquier nueva restricción (en una situación de minoría parlamentaria) tendría que ser pactada con los gobiernos autonómicos. El próximo gobierno no podrá dictar normas desde posiciones de fuerza fijando techos de déficit regionales por su simple voluntad. Si lo hiciera, correría el riesgo de desatar un motín autonómico (ya perceptible en la legislatura de Rajoy) y la confianza de los mercados y de Bruselas sobre el éxito del ajuste sería precaria. Debe tenerse en cuenta que, aunque el BCE sostiene firmemente la posición de la deuda española (y otras deudas nacionales vulnerables) la persistencia en el incumplimiento del déficit debido a conflictos de gobernabilidad acabaría por deteriorar la credibilidad de la economía española.
El presupuesto exigirá, además de un recorte del gasto, un aumento de los ingresos que contradice abiertamente las políticas defendidas por PP y Ciudadanos. Es posible, desde luego, recurrir a ejercicios de funambulismo explicando que se pueden bajar algunos impuestos reduciendo otros o fiarlo todo a un descenso importante del fraude; pero el camino más directo, rentable a medio plazo y seguro para reducir el fraude sin elevar el sufrimiento social ni confundir a los contribuyentes, es aprobar en el plazo más breve posible una reforma fiscal orientada a aumentar la recaudación. Porque, en cualquier caso, será necesario subir los impuestos, como se pudo comprobar en 2011. La cuestión es si los agentes políticos (PP y Ciudadanos) que impulsan el acuerdo de investidura están dispuestos a cambiar sus premisas y hasta qué punto la oposición de PSOE y Podemos se beneficiaría (en votos) de otra contradicción entre lo que se promete y lo que se hace. La investidura es hoy la dificultad más apremiante; pero, si se salva, el trámite presupuestario revelará la posibilidad de duración de la legislatura.
SI SE VA A OTRAS ELECCIONES QUE NO REPITAN EN LA LISTAS NINGUNO DE LOS POLÍTICOS ELECTOS ACTUALEMENTE,ESTO ES UNA TOMADURA DE PELO A LA CIUDADANÍA.
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