Mariano Rajoy e Isabel Bonig, durante el cierre de campaña del 26J en Valencia
El PP diseñó su campaña sobre la base de que la corrupción ya no le pasa factura.
Los escándalos de Soria y Fernández Díaz, así como la corrupción de Murcia y Granada, no tienen un coste electoral para el PP, que mejora resultados en esos territorios
El entorno de Rajoy festejó especialmente sus números en Cataluña, donde su partido come terreno a Ciudadanos
"Nos ha hecho mucho daño y se ha llevado por delante más de un millón de votos, pero eso ya se ha acabado". La frase la pronunció un miembro de la dirección del PP una semana antes de las elecciones para certificar que la sangría por la corrupción era historia. El partido disponía de encuestas y estudios cualitativos y sus estrategas diseñaron una campaña centrada en la resaca de las elecciones de diciembre y las negociaciones para formar gobierno y en dejar atrás cuatro años de escándalos. El mensaje para contrarrestar su presencia en las páginas judiciales se centró en repetir que las instituciones funcionan y que el que la hace, la paga.
Pese a que en la oleada del CIS de marzo la preocupación por la corrupción subió siete puntos hasta el 47% y a que un 15,4% de los españoles respondió que le afectaba personalmente, la sucesión de escándalos que siguieron salpicando al PP por toda España tras el 20-D no ha hecho mella en las urnas o ha influido menos que otros factores, como el temor entre su militancia a un Gobierno de Podemos.
Porque desde los comicios de diciembre, el rosario de sumarios sobre prácticas corruptas no solo no ha parado sino que han aflorado nuevos casos. Uno de ellos alcanzó al mismo Consejo de Ministros donde se sentaba como responsable de Industria José Manuel Soria hasta que su nombre apareció en los Papeles de Panamá y sus controvertidas explicaciones forzaron su salida del Gobierno. Para cortar cualquier posible hemorragia electoral, Soria abandonó también la presidencia del PP canario.
Allí, el Partido Popular recabó 332.420 sufragios el 26-J, casi 50.000 más que en los comicios de invierno y reforzó su hegemonía en las islas con un diputado más.
En Valencia el 26 de enero estalló la Operación Taula, con arrestos en el grupo municipal del PP, acusados de blanquear dinero negro de la campaña, y obligó al partido a improvisar una gestora. Rita Barberá no está aún imputada porque se refugió en la Diputación Permanente del Senado para que no puedan decidir sobre ella los tribunales ordinarios. Algunos dirigentes populares se apresuraron durante semanas a enseñarle la salida del partido y sus cargos.
Pese a todo esto, la noche del domingo el PP volvió a ser primera fuerza en la ciudad: le votaron el 35% de los valencianos, 10.000 más que en hace seis meses. En la autonomía los populares también tiene mucho que celebrar: son primera fuerza con 13 de los 33 escaños, por encima de la coalición de Podemos, Compromís y EU, que se queda en nueve.
Los negocios de la Púnica
Unos kilómetros más al sur, en Murcia, la Guardia Civil pidió a finales de mayo imputar al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por sus negocios con la red Púnica, que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional. Una trama que pagaba mordidas a cambio de adjudicaciones públicas -la mayoría en instituciones del PP- y de la que se conocieron los detalles más obscenos cuando se levantó el secreto de sumario el pasado mayo y el cabecilla, David Marjaliza, contó con pelos y señales las cuentas en Suiza, los sobornos a dirigentes del PP y los cambios de ofertas en los concursos públicos que amañaba su amigo y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
En Murcia el PP cosechó en las elecciones generales del domingo 38.494 votos más que en diciembre, recabó el 46% de las papeletas y amplió la distancia con el PSOE, anclado en el 20%.
En Granada agentes de la Unidad contra la Delincuencia Fiscal y Financiera entraron a mediados de abril en el Ayuntamiento de la ciudad para llevarse expedientes dudosos de importantes constructores locales. El alcalde entonces, José Torres Hurtado, fue detenido, como su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, junto a 15 personas más. Los investigadores relacionan a los imputados con una decena de delitos asociados a la corrupción.
Pese al revuelo mediático que atronó en la ciudad, los colegios electorales de la capital computaron 4.807 papeletas más para el PP, pese a que hace unas semanas tuvo que abandonar el Gobierno municipal y dejar el día a día del partido en manos de otra gestora. Su subida se produjo a costa de Ciudadanos, la formación que rompió con el alcalde imputado y que se dejó en estos comicios 2.825 papeletas.
Junto a las nuevas tramas destapadas por los jueces, en el medio año que ha transcurrido entre las elecciones, se han enredado otras que colean desde hace años. En Gürtel, el juez Pablo Ruz dictó la primera semana de marzo auto de apertura de juicio oral contra 40 personas e impuso una fianza al PP de 245.000 euros por considerar que el partido se enriqueció con el dinero manchado que llegaba de Pozuelo y Majadahonda a través de la red. La dirección del PP hizo una serie de requiebros argumentales para tratar de desvincularse del caso y finalmente acabó aportando la fianza a través de un aval del Banco Popular.
A 72 horas de la jornada de reflexión, al PP le estalló otra bomba: la prueba definitiva de que la cúpula de Interior había fabricado informes contra sus enemigos políticos. Fue la voz del ministro Jorge Fernández Díaz, en su propio despacho, conspirando contra el independentismo con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Cuando el diario Público lo desveló, el resto de partidos reclamó el cese inmediato de Fernández Díaz mientras el Gobierno y el PP decidieron colocarse en el papel de víctimas de una "grabación ilegal".
Tampoco las maniobras de las cloacas policiales han pasado factura electoral a los populares. Ni en Cataluña ni en el conjunto de España. Entre los resultados más festejados en Génova 13 la noche del domingo por el entorno del presidente Rajoy están precisamente los números de Cataluña, donde el PP ha comido espacio a Ciudadanos e incluso gana un diputado.
Las desventuras judiciales del presidente provincial en Ourense, Xosé Manuel Baltar, imputado tras la denuncia de una mujer que lo acusa de solicitar sexo a cambio de un puesto en la Diputación tampoco ha frenado la imponente maquinaria electoral de la provincia. El PP obtiene en uno de sus feudos más fieles el 49% de los sufragios y mejora en casi 5.000 votos los resultados del 20-D en la provincia.
ESTAMOS DOMESTICADOS POR LA CORRUPCIÓN Y VA SEGUIR HABITANDO ENTRE NOSOSOTROS,LO HAN DEMOSTRADO LAS URNAS.
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