Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Ultimátum de Hacienda a los eurodiputados para regularizar sus pensiones en España
La condonación de deudas por pensiones no declaradas en el extranjero ha provocado un aluvión de complementarias. Incluidas las de los eurodiputados que no hubieran regularizado su situación fiscal .
El plazo está a punto de finalizar. El próximo 30 de junio acaba el periodo voluntario para que los contribuyentes con pensiones no declaradas –y obtenidas en el extranjero– puedan acogerse a la 'amnistía' aprobada el año pasado en el marco de la nueva ley del IRPF. Lo que se consideró inicialmente un asunto residual, sin embargo, se está convirtiendo en un aluvión de complementarias, según Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Consulting. Oficialmente, todavía no hay cifras sobre cuántos pensionistas podrán beneficiarse, pero en algún momento el ministro Montoro habló de cerca de 30.000 contribuyentes inspeccionados.
La ley de reforma del IRPF incluyó una disposición adicional que, “como medida excepcional”, facultaba a la Agencia Tributaria a condonar las sanciones, recargos e intereses. Pasado ese plazo, los contribuyentes afectados no sólo deberán pagar la cuota correspondiente. También sufrirán el régimen de sanciones que prevé la legislación. En total, además de la cuota, una sanción que puede situarse en el entorno del 50% más los intereses.
La noticia buena fue que la Agencia Tributaria ya se encargó hace algunos meses de enviar una remesa de cartas a miles de contribuyentes recordándoles el plazo extraordinario para la amnistía. Y, de hecho, Hacienda se ha comprometido a devolver la cuantía de las sanciones a quienes hubieran sido multados antes del proceso de regularización, lo que puede suponer un coste estimado de 20 millones de euros.
Esa carta la recibieron tanto quienes ya estaban al corriente de pago como quienes no alcanzaban el mínimo que obliga a presentar la declaración, lo que explica el 'susto' que se llevaron miles de pensionistas.
La noticia mala fue que en la misiva enviada por la Agencia Tributaria también se recordaba que “transcurrido ese plazo extraordinario” sin haberse acogido al mismo, Hacienda exigiría el pago de recargos o intereses, lo que creó un gran revuelo. Tanto entre nacionales que perciben una pensión ganada en el exterior como entre los extranjeros residentes en España que también cobran su jubilación, siempre que no se trate de pensiones públicas obtenidas en razón de su condición de funcionarios.
El escándalo de la sicav
¿A quiénes afecta la norma? Fundamentalmente, a los emigrantes españoles que retornaron al país en el momento de la jubilación, tal y como reconoce la exposición de motivos de la ley, en la que se incluyó la condonación de las pensiones en el extranjero. Pero no sólo a ellos. También a los eurodiputados españoles, cerca de 40, que eran participes de un fondo de pensiones radicado fiscalmente en Luxemburgo a través de una sicav. Un asunto que en su día, tras destaparse, causó un gran escándalo político, y que incluso llevó a la dimisión de Willy Meyer, el portavoz de IU en la Cámara de Estrasburgo.
Uno de esos eurodiputados, incluso, presentó una consulta vinculante en 2011 a la dirección general de Tributos pidiendo una aclaración legal sobre cómo debía tributar en España una vez que cumplidos los 63 años tenía derecho a rescatar su fondo de pensiones mediante una renta mensual.
Y lo que respondió Hacienda a la cuestión planteada es que el importe de las prestaciones percibidas por los eurodiputados debía integrarse en su totalidad en la base imponible general del interesado. Por lo tanto, no se podía beneficiar de la reducción del 40% prevista entonces en la ley, toda vez que las prestaciones las recibía el eurodiputado en forma de renta.
La ley establece que quienes tengan en territorio nacional el núcleo principal de sus actividades económicas, deben pagar el IRPF por su renta mundial
Quiere decir esto que el eurodiputado en cuestión, que formó parte de la Eurocámara entre 1999 y 2004, 'trasladó' a España los rendimientos derivados de su fondo de pensiones, exactamente igual que lo hicieron los emigrantes que cobran su pensión tras la jubilación. Por lo tanto, según fuentes no oficiales, también los europarlamentarios que no hubieran declarado ser beneficiarios de un fondo de pensiones podrían ser favorecidos por la condonación del régimen de sanciones. El fondo de pensiones de la Eurocámara, ya disuelto, se nutría en sus dos terceras partes con dinero público y el resto con aportaciones de los propios beneficiarios.
Cuando el Parlamento Europeo cerró el fondo de pensiones en 2009, había 1.113 beneficiarios de todos los países y de todos los colores ideológicos que conforman la Unión Europea. También había 493 pensionistas ya no electos en la Eurocámara, 56 de ellos dependientes o familiares de algún eurodiputado ya fallecido.
Hay que tener en cuenta que en la exposición de motivos de la ley del IRPF se justifica la amnistía por las “especiales circunstancias” del colectivo social afectado. En particular, “personas de avanzada edad trasladadas recientemente a España”. El término “trasladadas” es clave, toda vez que encaja perfectamente con el caso de los eurodiputados que no hubieran tributado en España. Los únicos que estarían siempre exentos de presentar declaración son los pensionistas con ingresos inferiores a 11.200 euros.
La ley establece que quienes residan en España más de 183 días al año o tengan en territorio nacional el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos deben pagar el IRPF por su “renta mundial”, por lo que en principio deben declarar cualquier ingreso procedente del extranjero. Para ello, deben rellenar una declaración (el modelo 100) y de forma complementaria presentar un formulario (el llamado G2299) destinado a que la propia Agencia Tributaria tenga constancia de que se trata de una regularización extraordinaria por pensiones percibidas en el extranjero. En caso contrario, se anularía la condonación.
COMENTARIO:
Un mundo patas arriba y vivan los carotas eurodiputados.
O sea, leyes retroactivas cuando interés. Eso es como si mañana suben el límite de velocidad a 130 Km. hora y tienen que devolver el dinero a todos los que multaron por sobrepasar los 120 que había antes. Aparte del hecho en sí de que los señores eurodiputados, esos elefantes caducos y que solo van allí a marcar h y ganar 21.000 euros al mes, poco más y que haya que darles ultimátum para que regularizar en la situación. A los contribuyentes, como nos pasemos un día en el pago de algún impuesto, no nos piden, por favor, que regularicemos la situación y que no vamos a pagar el recargo reglamentario.
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