El extesorero del PP Luis Bárcenas abandona la Audiencia Nacional.
La fiscalía exculpa al PP de delito fiscal aunque certifica la caja b era suya
El ministerio público pide el archivo de la causa para el PP por un delito fiscal de 2008
A los extesoreros les atribuye los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito fiscal en el Partido Popular por el uso de más de 888.000 euros en dinero negro para el pago de las obras de su sede central, en la calle Génova 13 de Madrid. El ministerio público ha notificado este lunes su escrito de conclusiones sobre el caso Bárcenas, la investigación derivada del caso Gürtel sobre la caja b del PP.
En su escrito, el fiscal, Antonio Romeral, reclama cinco años de prisión para los extesoreros del partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que acusa de apropiación indebida, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. El fiscal, no obstante, certifica la existencia de la contabilidad paralela en el partido del Gobierno y lo considera responsable civil subsidiario de los delitos de sus responsables económicos.
Hace apenas un mes, el pasado 23 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas. En un auto de 190 páginas consideró acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufrago campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid. Ruz considera en su escrito que existen “sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.
El fiscal se abona a esta tesis. El ministerio público recuerda que en el tiempo en que estuvieron al frente de las finanzas del PP, Bárcenas y Lapuerta “gestionaron de consuno fondos en metálico aportados a la formación política por donantes de quienes no podían recibir los mismos de acuerdo con la legislación de financiación de partidos políticos”. El fiscal relata que “del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad” que el PP presentaba ante el Tribunal de Cuentas y que parte de ese dinero se ingresaba en troceada en las cuentas de donativos oficiales del partido.
El escrito da veracidad a los papeles de Bárcenas, los manuscritos que conformaban la contabilidad paralela del PP y que publicó este periódico en enero de 2013. El dinero “siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del PP” se guardaba “en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas.
El fiscal cuenta que en 2007 se anotaron ingresos en la caja b del PP por 542.000 euros y en 2008 por valor de 1,11 millones. En ese ejercicio se destinaron 888.000 euros de esa contabilidad paralela al pago de las obras de reforma de Génova 13. En la declaración del Impuesto de Sociedades elaborado por Bárcenas como tesorero en 2009 sobre el ejercicio anterior no se hizo mención a estos pagos porque el PP comunicó que no tenía obligación de declarar los donativos. Dos informes de Hacienda han considerado que las donaciones –incluso aquellas recibidas al margen de la ley- se encuentran exentas de tributar. En el último informe, elaborado a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, Hacienda expuso que la cuota presuntamente defraudada alcanzaría en cualquier caso un importe de 25.630 euros. Esta cifra, por debajo del umbral del delito fiscal, que se sitúa en 120.000 euros, es la que usa el fiscal para exonerar al PP de este tipo penal.
COMENTARIO:
La fiscalía española es una vergüenza vendida a los poderosos e injusta. No lo entiendo ¿El presidente y el secretario no tienen ninguna responsabilidad en las supuesta financiación ilícita del PP? Reitero, no entiendo absolutamente nada. En este país parece que son los cargos intermedios quienes se cargan con el mochuelo, los de arriba no se enteran, pero aunque no se enterasen, que no me lo creo ¿No tienen ninguna responsabilidad aunque solo sea por dejación de funciones? Una pregunta, ¿es la misma fiscalía que se dedicó sin pausa ni tregua a defender a la Infanta, cuando su trabajo era acusarla? Bueno, no pasa nada. Siempre se puede recurrir al Tribunal Constitucional, cuyo presidente hace gala de una absoluta imparcialidad ante todos los partidos políticos. Porque no lo olvidemos: la justicia es igual para todos. Pero debe ser para todos los de un determinado partido.
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