LATROCINIO SIN FRONTERAS EN ESPAÑA
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció el 17 de febrero en el Congreso que había remitido al Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) a 705 de los 31.000 evasores acogidos a la amnistía fiscal como sospechosos de blanqueo de dinero, entre los que se encontraba, como sabemos ahora, Rodrigo Rato. De esa cifra, aproximadamente 300 son lo que se conoce como public exposed persons (PEP), es decir, personas que ocupan o han ocupado cargos públicos cuya retribución no justifica la tenencia de grandes fortunas ocultas a Hacienda. El resto son sospechosos de que el dinero regularizado provenía de actividades ilícitas.
Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, en contra de otras informaciones que han asegurado que los 705 investigados eran cargos públicos. De hecho, Rato no ocupa un cargo público en España desde 2004, aunque su nombre saltó en la lista de los acogidos a la amnistía por estar imputado en dos procesos penales: la salida a bolsa de Bankia y las tarjetas black. Sin embargo, la realidad es que sólo unos 300 de esa cifra son cargos o exaltos cargos públicos, categoría que incluye cargos políticos, altos funcionarios, diplomáticos y jueces o fiscales.
¿Por qué se declara sospechosas de oficio a estas personas? No olvidemos que se trata de gente que presentó la 'declaración tributaria especial' como la denominó el departamento de Cristóbal Montoro. Es decir, son personas que tenían dinero no declarado, bien en efectivo en España, bien en cuentas en paraísos fiscales o en países con secreto bancario como Suiza. Y para tener unas cantidades que justifiquen la evasión fiscal hace falta contar con unos ingresos que son muy superiores a los percibidos del Estado. De ahí que se les considere sospechosos y se les investigue para ver si el origen de ese patrimonio también es delictivo.
Hay que matizar que estas investigaciones no presuponen la comisión de un delito. De hecho, en la mayoría de los casos este patrimonio proviene de fortunas familiares que estaban ocultas en el extranjero desde los tiempos de la peseta y que el contribuyente en cuestión ha heredado. Pero, al igual que en el caso de Rato -que niega haber defraudado y tener un patrimonio exagerado- puede haber dinero cuya justificación es bastante más difícil. De ahí que se abran estas investigaciones de oficio, para ver qué encuentran en cada caso.
El delito fiscal provoca el de blanqueo
¿Y por qué se habla de blanqueo de capitales? Lo primero que piensa cualquiera cuando oye que un cargo público tenía millones en Suiza es en un caso de corrupción (por no ir más lejos y llegar al tráfico de armas, el de drogas o la prostitución, los delitos que el imaginario colectivo relaciona con el blanqueo de capitales). Pero la realidad suele ser bastante menos escandalosa. El blanqueo de capitales supone la introducción en el circuito económico de dinero procedente de un delito, que puede ser simplemente delito fiscal (a partir de 2010 se le considera delito subyacente del blanqueo). Dado que ese dinero debería estar en manos de Hacienda y sin embargo lo tiene el defraudador, al gastarlo o invertirlo está cometiendo otro delito de blanqueo.
En el caso de la amnistía fiscal, expertos en fiscalidad explican que acogerse a la regularización sí libraba del delito fiscal tal como prometió el Gobierno (para tranquilidad de los que estaba asustados por la investigación a Rato). Asimismo, estaban protegidos de blanqueo siempre que su único delito previo fuera el fiscal, lo que ha hecho que muchos expertos consideren que los 705 investigados tienen que tener otro delito adicional en el origen de su patrimonio.
Si la Agencia Tributaria descubre que la regularización no fue completa, puede considerar que todo es nulo, es decir, sería como si no se hubiera regularizado nada
Si falta algo, la amnistía no es válida
Ahora bien, esa protección sólo era efectiva siempre que dicha regularización fuera "completa y veraz". Es decir, siempre que se hayan incluido todos los bienes ocultos a Hacienda, sin dejar nada fuera, y se haya pagado la deuda correspondiente por los impuestos no cubiertos por la amnistía. Un ejemplo típico es el del Impuesto de Sucesiones, que no estaba incluido en la medida y que ha hecho que muchos defraudadores dejen fuera parte de su patrimonio.
Si la Agencia Tributaria descubre que la regularización no fue completa (en teoría vale con dejar un euro fuera), puede considerar que todo es nulo, es decir, sería como si no se hubiera regularizado nada. En consecuencia, volvería a haber delito fiscal, y si ese dinero se ha introducido en el sistema, también habría blanqueo. En el caso de Rato, aunque todavía hay muchas incógnitas, parece que habría pasado algo así: aunque se acogió a la amnistía, no regularizó una parte de su capital oculta en un entramado de sociedades a nombre de diversos familiares.
Ése sería el caso de los 300 PEP que ha detectado la Agencia, mientras que los otros 400 sí son sospechosos de que su dinero tine un origen criminal. Aquí la liebre suele saltar porque sus declaraciones de impuestos posteriores a la amnistía no cuadran con el volumen de patrimonio aflorado, aunque también pueden ser personas con antecedentes penales o imputadas en causas abiertas, como el expresidente de Bankia.
EN ESPAÑA HACE FALTA MUCHA TRANSPARENCIA POR ESO VA APARECER UNA NUEVA POLÍTICA HECHA POR PODEMOS Y CIUDADANOS.
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