Los diputados del PP alzan las manos en el momento de la votación
El Parlament crea la ‘junta electoral’ y reta al Constitucional
La Generalitat presenta hoy las alegaciones contra la suspensión.
El Pleno del Parlamento catalán ha aprobado esta mañana la designación de los siete miembros de la comisión de control de la ley de consultas en medio de un agrio debate político sobre si se estaba cometiendo una ilegalidad después de que el Tribunal Constitucional suspendiera esa norma el pasado lunes. Los diputados de los partidos del bloque soberanista (CiU, Esquerra, Iniciativa y CUP) han sido los únicos que han participado en la votación, pero han sido suficientes para facilitar la elección, con 86 votos favorables.
El bloque soberanista ha aprobado la comisión por 86 votos. PSC, PP y Ciutadans no han votado
Los socialistas, PP y Ciutadans han coincidido, con matices, que se estaba cometiendo una ilegalidad e incluso un acto delictivo tras la suspensión acordada por el Constitucional. Los partidos soberanistas, por el contrario, han defendido la legalidad de la elección en base a un informe de los servicios jurídicos de la cámara. Maurici Lucena, portavoz del PSC, ha cuestionado la legalidad del acuerdo, Enric Millo (PP) ha advertido que los diputados podrían estar incurriendo en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, mientras que Albert Rivera (Ciutadans), ha considerado que los parlamentarios que apoyasen el acuerdo estarían prevaricando.
Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP de Cataluña, ha anunciado al acabar la votación que su partido denunciará el acuerdo ante la fiscalía, lo recurrirá en la jurisdicción contencioso-administrativa y lo pondrá en conocimiento del Tribunal Constitucional.
Para los partidos del bloque soberanista, por el contrario, se trataba simplemente de elegir a los siete integrantes de la comisión de control para ganar tiempo mientras el Constitucional resuelve si levanta o no la suspensión acordada el pasado lunes.
Una vez nombrados, los miembros de la comisión han de ser designados por un decreto que firme el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que según ha insinuado esta mañana el portavoz de CiU, Jordi Turull, podría demorarse. Una vez nombrados, los miembros de la comisión han de ser designados por un decreto que firme el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Los socialistas han reclamado a la presidenta de la cámara, Núria de Gispert, que concediera un receso para que los diputados leyesen el informe de los servicios jurídicos que les ha sido entregado esta mañana o, en su defecto, que se diera lectura a algunos apartados. PP y Ciutadans se han sumado, incluso han reclamado votación secreta o nominal, pero la presidenta se ha negado a retirar ese punto del orden del día y después ha continuado con la votación
La ley de consultas que ha suspendido el Tribunal Constitucional prevé la creación de una comisión de control que ejercería las funciones asimilables a una "junta electoral". La integran siete juristas y politólogos que deberían ser de reconocido prestigio, con mayoría de los primeros. Su elección ha de realizarse al inicio de cada legislatura por tres quintos del Pleno del Parlament (81 diputados), una mayoría que alcanzan los partidos del bloque soberanista (87 escaños) y que son los que han pactado los nombres aprobados hoy.
Los integrantes de la comisión de control son: Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la UAB; Joaquim Brugué, catedrático de Ciencia Política de la UAB; Alfonso González, doctor en derecho de la Universidad Rovira i Vorgili; Miquel Martín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, así como Marc Marsal y Benet Salellas, licenciados en derecho.
El conseller de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha anunciado esta mañana, por otra parte, que el Gobierno catalán presentará alegaciones ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión de la Ley de Consultas y del Decreto de convocatoria del 9-N. Durante la sesión de control del Parlament y a preguntas de Esquerra, Homs ha asegurado que las apelaciones del Gobierno catalán son "sólidas, solventes y completas". "La decisión del Constitucional es poco jurídica y democrática, rehuye el diálogo, responde al interés partidista del PP y no respeta ni la Constitución ni el Estatuto", ha señalado.
COMENTARIO:
Vivimos en momentos difíciles en tiempos de locos. ¿Quién va a parar esto? nadie. Que vaya el Tribunal Constitucional a Cataluña convencerlos del peso de la ley jjjjajjjajjajaja.
Si se producen novedades como que la agencia de calificación Fitch pone en vigilancia la deuda de Cataluña, a lo mejor la racha amaina. Entiendo cualquier sentimiento, pero hay que tasarlos. Y no entiendo que algo tan obvio como la jerarquía normativa se deje de percibir. Si un presidente autonómico manda tanto, más que los órganos del Estado, a lo mejor mañana, y por la misma regla, el que manda más es un alcalde del Penedés.
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