Un agente de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valdemorro
51 detenidos en cuatro comunidades en una macro redada anticorrupción
La trama adjudicó obras en los últimos dos años por valor de 250 millones
Francisco Granados, exhombre fuerte de Esperanza Aguirre, entre los detenidos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una macro operación contra una trama de supuesta corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y entidades provinciales y autonómicas de Madrid, Murcia, León y Valencia. Ya hay 51 detenidos, entre políticos, empresarios y funcionarios. En esta operación han sido detenidos el hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, seis alcaldes de Madrid y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.
Fuentes jurídicas informan de que no se trata de una trama de financiación irregular de partidos, sino de gente que está en política, a la que se le acaba la carrera, y "se corrompe para lucro personal". En esta trama, según las mismas fuentes, se investiga el recorrido del dinero que dan las empresas en torno a dos conseguidores, David Marjaliza, muy cercano a Granados, y Alejandro de Pedro Llorca.
Entre los arrestados hay seis alcaldes, entre los que se encuentran los regidores de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), y Parla, José María Fraile (PSOE), y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP. Fuentes municipales de Parla niegan que el alcalde esté detenido, ya que está de viaje a Madrid desde Málaga. No obstante, fuentes de la Guardia Civil aseguran que está entre los objetivos de la operación Púnica. Al regidor parleño se le espera hoy en las VIII jornadas de Modernización y Calidad municipales que se celebran en la capital malagueña, informa Esperanza Codina. En dicha localidad han sido arrestados al menos dos funcionarios, según fuentes de la investigación.
Igualmente han sido arrestados los regidores de Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado-Villalba (todos del PP y de la Comunidad de Madrid) y Serranillos del Valle (en manos de un independiente del partido UDMA). El alcalde de la localidad serrana de Collado-Villalba, Agustín Juárez, es considerado uno de los delfines del PP madrileño. Además, la Guardia Civil ha entrado en la sede del Ayuntamiento de Móstoles, también en Madrid, para un registro. La agencia Efe asegura que también está detenido el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, al tiempo que fuentes socialistas aseguran que la operación también ha conllevado el arresto del exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso.
Uno de los imputados, en este caso por revelación de secretos, es un guardia civil que supuestamente informó a Francisco Granados de que estaba siendo investigado. Así se desprende, según fuentes jurídicas, de los pinchazos telefónicos a los que han sido sometidos los principales miembros de la trama.
Granados en un homenaje a víctimas del terrorismo en 2010.
Se trata de una trama organizada que usaba de contratos e influencias políticas para introducirse en la Administración pública para conseguir irregularmente adjudicaciones de contratos y de servicios públicos. Blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que, a su vez, también les servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo el principio de libre concurrencia. Según las mismas fuentes, se constata que modifican pliegos de contrato con los políticos y los técnicos municipales.
Varios ediles y funcionarios están supuestamente implicados en esta trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas municipales y autonómicas.
La Fiscalía Anticorrupción asegura que en la llamada Operación Púnica se ha golpeado una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia". La nota añade que los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años.
Las autoridades iniciaron la investigación debido a la cooperación internacional en enero de este año con la comisión rogatoria del gobierno suizo por sospechas graves del presunto blanqueo de capitales.Se trata de una comisión rogatoria de Lausana, que en diciembre de 2013 envió a Anticorrupción el dato de dos personas que tienen cuenta en Suiza (Granados y el conseguidor Marjaliza).
Las autoridades helvéticas bloquearon estos fondos dentro de una investigación en ese país por un delito de blanqueo de capitales agravado. Suiza avisó a España porque, según las leyes helvéticas, estaba obligada a tomar declaración a estos imputados y ante la posibilidad de que movieran el dinero. Anticorrupción ha investigado durante seis meses para aclarar el origen de estos fondos, que según las pesquisas proviene de empresas del sector de la construcción.
Luego la Fiscalía especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado junto con la AEAT e IGAE y UCO presentaron en un plazo breve una detallada querella ante el magistrado central del Juzgado de Instrucción número 6 quien incoó diligencias en junio de este año por los supuestos delitos de: falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.
La UCO junto con la Fiscalía y la Policía Judicial han realizado: 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia; 259 registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos; 400 órdenes dirigidas a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos; y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.
COMENTARIO:
Muy bien por haber atrapado a estos ladrones, hay sin embargo dos puntos delicados, 1) ¿Cuánto tiempo permanecerá esta gente en la cárcel con todo el dinero e influencias políticas de las que gozan?, yo me temo que muy poco, y 2) Si todos los días vemos casos y mas casos de corrupción de políticos ¿por qué no suponer que esto no es mas que la punta del iceberg y que en realidad la política en sí es un ente podrido por completo? en ese caso estos serian meros ejemplitos publicitarios para lavar la cara y permitir a los peces gordos seguir robando a manos llenas.
Debería existir un delito tipificado como "terrorismo económico" y quienes delinquiesen en este sentido ser tratados como terroristas, con todas las consecuencias del crimen como tal. Además de ser juzgados como terroristas, evidentemente deberían devolver todo lo robado o ser embargados sus bienes por el valor robado desde la cárcel.
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