Magdalena Álvarez, en los juzgados de Sevilla tras declarar en octubre ante la juez Mercedes Alaya
Alaya impone una fianza de 29,5 millones a la exministra Magdalena Álvarez
La juez de los ERE responsabiliza a la exconsejera de las ayudas irregulares hasta 2003.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón ha impuesto a Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses después de su imputación en el caso. También fija la responsabilidad de su exviceconsejero José Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.
La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres años de investigación, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a Álvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso inédito en la prosa de la juez. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", reza el auto de ayer.
La exministra socialista recuerda que ha recurrido a la Audiencia de Sevilla el último auto por el que resultó imputada, y que podría anular las acusaciones de la magistrada. "Estoy a la espera del auto de la Audiencia y recurriré la fianza", avanzó desde Luxemburgo.
Con la fianza civil, Alaya estima que Magdalena Álvarez es responsable del sistema de ayudas, que la juez considera ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General. Álvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a tres de los 11 años que investiga la magistrada (2000-2010) y durante los que se concedieron ayudas.
La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre a la magistrada, ante quien defendió que no conoció los “reparos” de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.
Las fianzas civiles de Alaya suman más de 2.500 millones
En un proceso penal, los jueces imponen a los imputados las fianzas de responsabilidad civil para que estos respondan por las responsabilidades pecuniarias derivadas de las cantidades que supuestamente han defraudado. Se trata de una medida cautelar para evitar que durante el tiempo que dure la instrucción, los acusados puedan vender u obtener beneficios a través de sus bienes, que tras la imposición de las fianzas resultan embargados por el juzgado.
Esta medida preventiva se traduce habitualmente en el embargo de viviendas, cuentas corrientes y parte del sueldo que el imputado esté percibiendo en esos momentos. La cifra que fija el juez está vinculada en proporción a lo defraudado, o al volumen de la responsabilidad que por su competencia tenía un cargo de la Administración que permitió la cifra defraudada. A la fianza civil se le suma un tercio de lo defraudado, tal y como establece la ley. Esta fianza no tiene nada que ver con la impuesta cuando un imputado es enviado a prisión preventiva, y se le fija una fianza real por la que puede eludir la cárcel si la paga.
Las fianzas civiles más altas de la historia judicial reciente están lideradas por la que impuso el instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, al cerebro de la trama corrupta marbellí, Juan Antonio Roca: 1.000 millones. La juez del caso ERE se aproximó con la fianza civil que impuso al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por 807 millones.
En total, las fianzas civiles impuestas por Alaya a los principales acusados suman más de 2.500 millones, ya que a Fernández se le suman las fijadas para su ex director general de Trabajo Javier Guerrero (686 millones) y al exviceconsejero Agustín Barberá (490 millones). Los tres responsables de la consultora Vitalia (Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín) sumaron fianzas por 111 millones cada uno, mientras que el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, afronta una fianza de 99 millones. Por último, uno de los supuestos cerebros de la trama que permitió la inclusión.
COMENTRARIO:
Para al corrupción no puede haber colores.Me sorprenden tantos comentarios "contra" la juez Alaya. Ya se han cargado a Garzón, a Elpidio Silva, etc.... ¿Por qué en cuanto un juez investiga a un corrupto termina pagándolo caro? Pues yo le doy todo mi apoyo a Alaya, Elpidio, Garzón y a todos los jueces valientes que intentan frenar a los impresentables que administran las instituciones de mi país como sí fueran su chiringuito particular y se quedan con el dinero de todos nosotros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario