María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla
Jueces y fiscales esquivan «la patata caliente» y se pasan de un órgano a otro la investigación.
Por lo que está ocurriendo con las querellas presentadas contra UGT por falsear facturas y por el uso que hizo de los fondos públicos de la Junta de Andalucía parece que nadie quiere la «patata caliente» de esa investigación. De hecho, se están pasando unos a otros la pelota sin que ningún órgano se decida a comenzar la investigación sobre un asunto delicado y de gran carga política que pone contra las cuerdas a los dirigentes de uno de los principales sindicatos de Andalucía.
Actualmente hay seis juzgados de Sevilla, además de la propia Fiscalía, por los que han pasado o tienen sobre la mesa denuncias sobre los gastos en comidas, cenas de feria, pancartas para la huelga, sobresueldos y otros gastos de UGT financiados con dinero de la Junta. Sin embargo, sea por una cuestión o por otra ninguno de ellos se ha empezado a investigar. Unos lo rechazan porque son hechos distintos, otros porque lo remite al primer órgano en el que cayeron las actuaciones y la Fiscalía porque, según argumenta, no es de su competencia si ya hay otros órganos investigándolo. Y eso que hace más de un mes que el sindicato Manos Limpias llevó el caso a los tribunales.
De hecho, fue el 13 de agosto cuando un representante de Manos Limpias presentó en los juzgados de Sevilla la primera denuncia contra los responsables de UGT por falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 pese a que se trataba de unos fondos vinculados a la formación de desempleados o a cursos de formación para celadores sanitarios. Esa denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 9 y está pendiente de que el denunciante, en este caso Manos Limpias, la ratifique. Sin embargo el titular del juzgado rechazó las sucesivas ampliaciones (hasta cuatro) que hizo Manos Limpias, al considerar que se trata de hechos diferentes a los de la denuncia inicial. Así, ha decidido devolver esas denuncias a cada uno de los juzgados en los que éstas habían recaído inicialmente.
Pero esos otros juzgados sevillanos a los que han llegado esas nuevas denuncias tampoco parecen querer ese asunto porque consideran, al contrario que el juez del nueve, que si tienen «conexidad» con la original. Cada uno de ellos -el 5, el 13, el 19 y el 20- que recibieron las ampliaciones de denuncias porque estaban de guardia, decidió rebotársela de nuevo al 9. Por ejemplo, así ocurrió con la que recayó en el 5, relacionada con la contratación de adolescentes por parte de UGT. Instrucción 5 lo devolvió al 9 que, a su vez, rechazó la acumulación de actuaciones.
Igualmente pasó con otra denuncia referente a cargos de comida por parte de UGT a la Junta de Andalucía y el pago de sobresueldos. Esa investigación recayó en el jugado 13, que al igual que el caso anterior, optó por remitirla al 9, donde estaba la primera denuncia. Como éste volvió a rechazarla y la mandó a reparto, ahora está en el 19.
Otro caso es el referente a los gastos de una asamblea con CC.OO. que UGT justificó como ayuda a mujeres discriminadas o el hecho de que se cargara a la Junta de Andalucía una cena en una caseta de la Feria. Recayó inicialmente en el 19; éste la envió al 9 quien, a su vez, la devolvió a reparto. Y cayó en el 4. Ayer fuentes judiciales anunciaban que ese juzgado había pedido información al 5 para ver si los hechos son similares y debe acumularse antes de abrir diligencias.
Finalmente, la última ampliación de la denuncia de Manos Limpias, referente a la facturación de un convite e indemnización de un ERE de 159 empleados, cayó en el 19, que estaba de guardia. Y volvió a ocurrir lo mismo: la pasó al 9, que tampoco quiso acumularla. Hoy está en el decanato pendiente de que sea repartida.
En otro foro, la Fiscalía de Sevilla recibía el martes otra querella de UPyD que hacía referencia a los mismos hechos. En menos de 48 horas, el departamento que dirige María José Segarra primero anunció que incoaría diligencias y posteriormente que lo archivaba. Alegó que, por imperativo legal, la Fiscalía debe cesar en su actuación cuando existe algún juzgado con diligencias abiertas por los mismos hechos. Así, el Ministerio Público decidía remitirlo a los juzgados. Ayer el decano de los jueces, Francisco Guerrero, aseguraba que, si alguno de los juzgados le plantean a quien corresponde el caso presentando un conflicto de competencias, tendrá que decidir quién se queda una investigación que, paradójicamente, nadie parece querer asumir.
COMENTARIO:PERO QUE CLASE DE JUSTICIA TENEMOS EN ESPAÑA QUE NO SON CAPACES DE HACER ABSOLUTAMENTE NADA EXCEPTO PONER EL CAZO Y MAS CON EL PSOE,EL PP Y CLARO AHORA NO QUIEREN INTERVENIR, TODO ESTA POLITIZADO EN ESTE PAÍS.
En España hay muchísimos profesionales del derecho que están en el paro. Cantera hay de sobra para tirar de ella, y se supone que las crisis implican mejoras, por aquello de la competencia. O sea, que es el momento ideal para limpiar la era.
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