Paseo de San Lorenzo-Gijón-Asturias-España(foto J.A.Miyares)
El Tribunal de Cuentas constata un abuso 'deliberado' de extranjeros en la sanidad.¿Qué hace el ministerio de sanidad?
• Habla de visitas para recibir atención médica y no por una estancia temporal
• Destaca el caso de los portugueses en las provincias de Badajoz o Pontevedra
• También cita a Francia y critica el cómputo de los turistas británicos
• Denuncia que no se cobra por más de 120.000 pensionistas empadronados
Hay un uso abusivo "deliberado" del sistema sanitario español por parte de extranjeros, según destaca el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización sobre la atención sanitaria a personas no españolas.
El Tribunal ha detectado que el número de facturas emitidas a ciudadanos de Francia y Portugal "supera significativamente el promedio" del resto de los países de la Unión Europea y que las prestaciones sanitarias prestadas se concentran en las provincias limítrofes de Badajoz y Pontevedra.
Es decir que, advierte, existe un "importante" número de ciudadanos portugueses que se trasladan a España "de manera deliberada" para recibir atención médica y no se encuentran en estancia temporal en España, lo que "desnaturaliza el objetivo de la Tarjeta Sanitaria Europea, que sólo debe usarse de manera coyuntural.
España sólo emite facturas por un total de 103.672 pensionistas a sus países de origen mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de pensionistas extranjeros empadronados es España alcanza los 231.364, lo que arroja una diferencia de 127.692 personas por las que España no percibe ninguna cuota.
Otro de las deficiencias del sistema español de atención a pacientes extranjeros son los fallos en el uso del programa diseñado exclusivamente para ello y que, entre 2006 y 2010, evitó que se emitiesen facturas por importe de 51.306 euros.
España, receptor de turistas y residentes extranjeros
En 2009 España facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, por la asistencia médica prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó 46,2 millones de euros.
Esta diferencia, según señala el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización sobre la atención sanitaria a extranjeros, solo obedece a que "España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros".
Además, en su informe el Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias en el intercambio de información entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión (en lo que afecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Estos fallos en el intercambio de información -que ya han sido subsanados, según el propio Tribunal- incidieron "negativamente" en la eficacia y eficiencia de la gestión de la facturación emitida a España y causó pérdidas de unos 20 millones de euros entre 2007 y 2008.
Esto se debió, explica, a la emisión de facturas a Reino Unido en función del número medio de turistas que llegaban a España, y no según el coste efectivo del tratamiento recibido por sus ciudadanos.
Extranjeros sin recursos
En su informe también hace hincapié en el "elevado coste económico" que supone la asistencia sanitaria a extranjeros sin recursos económicos suficientes.
Este colectivo, que suma 453.349 personas, costó en 2009 a la arcas del Estado 451,48 millones euros, ante lo que el Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno debe impulsar las medidas legislativas necesarias para que el citado coste recaiga sobre los países de origen de los pacientes.
El órgano fiscalizador recomienda además al sistema sanitario español reducir la burocracia con el fin de agilizar la gestión y los cobros de las facturas pendientes.
Tratamientos fuera del sistema
El Tribunal de Cuentas no sólo detecta un uso abusivo "deliberado" del sistema sanitario español por parte de extranjeros y señala que, en 2009, España recibió 3.148 facturas por tratamientos odontológicos recibidos por españoles en Alemania, Francia y Bélgica, países donde estas prestaciones están cubiertas por sus sistemas nacionales de salud.
Esto indica, explica, que la Seguridad Social española está financiando indirectamente unas prestaciones odontológicas que la legislación no permite
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