Desde el principio, las cárceles están pensadas para la reclusión de personas que han infringido las leyes contenidas en el Código Penal. Los magistrados o jueces se encargan de enviar a esas personas que han traspasado la línea roja (ya sea por barreras personales de educación, cultura...), para hacer cumplir la ley. Como argumento que pueda resultar del sistema penitenciario (muy difuminado), estaría la reinserción social de los reclusos, una vez cumplidas sus condenas. Como en la vida misma, estas situaciones extremas requieren, por parte de los presos, de una gestión emocional diferente, debida a su falta de libertad, su arrepentimiento y a los planes de futuro para su reinserción.
Aunque el reglamento penitenciario utilice (en teoría) el mismo rasero para todos los internos, deberían ajustar por su condición social, que no hubiera favoritismos hacia esas personas más influyentes por su capacidad económica y su rango social acomodado.
No es lo mismo entrar en prisión por haber cometido un suculento desfalco económico, abusando del poder político (colocado a buen recaudo hasta su salida), que el desgraciado que roba desde que nació por necesidades de supervivencia.
Por desgracia, siempre ha habido clases dentro y fuera de las cárceles.
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