Iglesias se opone a la ley anticorrupción de Ciudadanos que sí apoyó en la oposición
Podemos y el PSOE rechazan una iniciativa que sí respaldan PP, Vox y Más País.
«La corrupción no es un delito común, es una forma de gobernar». Esta frase, propia de cita célebre, no pertenece a ningún pensador. La pronunció Pablo Iglesias en el segundo debate a cuatro de las elecciones generales de abril del 2019. Y no era nueva, sino que reproduce la sintonía de los discursos de Podemos desde que en el 2014, por primera vez, se lanzaron a la carrera electoral. El líder espiritual de la «nueva política», entonces eurodiputado, puso su vista en el Palacio de la Moncloa y decidió abandonar el Parlamento Europeo para competir por la Presidencia del Gobierno en 2015.
Su discurso, inaplacable contra la corrupción, sediento de combatir lo que catalogó, sin distinciones, como «casta política», arrastró a gran parte de los «indignados» afectados por la crisis financiera del 2008 y hartos de ver cómo en los informativos se sucedían casos de prácticas deshonestas en la política. Entonces cosechó 71 escaños, pero poco queda ya de aquel Iglesias que se presentó como un profeta mesiánico contra la supuesta podredumbre moral de esa «casta».
Poco queda o mucho, porque quién sabe ahora, a tenor de los acontecimientos, si aquella frase pronunciada en tantos de sus alegatos era en realidad una promesa electoral. Podemos completó este miércoles su viaje a la incoherencia cuando unió sus votos a los del PSOE, su socio de coalición, para impedir siquiera la tramitación de la ley anticorrupción que llevó Ciudadanos (Cs) ante la Cámara Baja.
Para más inri, la iniciativa de los liberales no era la primera vez que pasaba por el Congreso. Un texto prácticamente calcado ya se debatió en febrero del 2017 ante un pleno que tachó de «oportunista» a Albert Rivera, pero que en aquella ocasión sí dio el aval a una propuesta que se entendió necesaria. Las críticas a Cs se sucedieron por intentar «colgarse la medalla» de liderar la lucha contra la corrupción, pero entonces tanto el PSOE como Podemos sumaron sus votos a la propuesta, cuya tramitación salió adelante sin ni un solo voto en contra.
El único cambio evidente es que el presidente ya no es Mariano Rajoy y el Partido Popular no es ya el partido en el Gobierno. Tanto el PP como Vox sí respaldaron hace tres días la iniciativa defendida por Edmundo Bal, abogado del Estado y portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja. También Más País; la escisión de Podemos encabezada por Íñigo Errejón. Pero los socialistas y Podemos, ahora desde palacio, no vieron conveniente que prosperase una proposición de ley que proponía prohibir los indultos por corrupción, proteger a los denunciantes y castigar el enriquecimiento ilícito.
Los argumentos de los partidos hoy en el Gobierno para tumbar esta iniciativa: es un texto «desfasado», «poco ambicioso» y sería «preferible» que una reforma así partiese del Ejecutivo. Como apunta el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, existe ya una directiva europea que anima a proteger a los denunciantes de corrupción. PSOE y Podemos podrían haber aprovechado para hacer una transposición en un real decreto ley en el Consejo de Ministros, pero no lo han hecho.
Tumbada antes de nacer
Pero es que si los socialistas y su socio de coalición entendían que el texto se quedaba corto, podían haber apoyado su tramitación y después complementarlo con enmiendas parciales en la fase de ponencia. Sin embargo, optaron por derribar la ley a las primeras de cambio, sin opción a darle recorrido parlamentario. Y eso pese al acercamiento de Cs en los últimos meses, con su apoyo a las prórrogas del estado de alarma o al real decreto ley que regulará la nueva normalidad aún pendiente de convalidación.
En el seno de la formación liberal, el malestar es evidente. «Nos podíamos esperar esto del PSOE, ¿pero de Podemos?», se preguntan en la dirección, y tachan lo ocurrido de «vergüenza». En Cs ven cómo en lo único que les ha unido alguna vez a Podemos, el combate de la corrupción desde primera línea, están ahora enfrentados.
Si bien Podemos y Cs tienen propuestas radicalmente opuestas en el terreno económico, es cierto que hasta ahora había existido un entendimiento notorio en materia de transparencia. De hecho, el bloque de regeneración y lucha contra la corrupción se instaló para siempre en los debates electorales con la irrupción de estos dos partidos en el Parlamento en 2015.
A los liberales no les valen las excusas planteadas en la tribuna de oradores del Congreso. Fuentes próximas a Arrimadas sostienen que en la propuesta habían incorporado todas las modificaciones consensuadas ya en la legislatura de Rajoy. Cs denunció entonces un «pacto oculto» del bipartidismo para eternizar la ley en la Comisión Constitucional, que nunca llegó a aprobar la ponencia para que los distintos grupos hiciesen sus aportaciones. Un tiempo después Rivera también acusó al PSOE y al PP de «taparse las vergüenzas» bloqueando los populares la comisión de investigación de la tesis de Pedro Sánchez en el Senado, a cambio de que los socialistas mantuviesen un perfil bajo sobre las presuntas irregularidades –hoy archivadas– en el máster de Pablo Casado.
Desde Unidos Podemos –entonces se llamaba así la coalición–, Juan Pedro Yllanes llegó incluso a afirmar que Rivera, «como el listo de la clase», había «copiado» propuestas de la Plataforma de la Honestidad. La bandera anticorrupción se quedó en los mítines en los que Iglesias proponía un «pacto ciudadano» contra esta lacra.
YA ERAN CORRUPTOS Y AHORA LO CONFIRMAN.
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