El Ministerio ha pagado un total de 802 millones de euros en material de protección para las autonomías, pero la mayoría no ha llegado.
La gestión del material de protección para hacer frente al coronavirus sigue siendo uno de los principales agujeros en la actuación del Gobierno de Sánchez durante toda la crisis. Desde que se instauró el mando único con el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Ministerio de Sanidad ha firmado diversos contratos para adquirir 821 millones de mascarillas, ante el déficit claro que existía en España sobre todo entre los profesionales sanitarios y en las farmacias. De esa cantidad solo ha entregado a las comunidades autónomas poco más de 100 millones de unidades, es decir un 12,2 por ciento del volumen global, según los datos ofrecidos por el ministro en su última comparecencia en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, el pasado jueves.
Entre los puntos negros de la gestión gubernamental, el principal fue la tardanza en reaccionar y actuar. Llegó tarde para frenar el impacto del coronavirus en España, que seguía recibiendo viajeros procedentes de países como Italia donde el patógeno ya campaba a sus anchas, y no atendió a los numerosos avisos que recibió desde enero ante el avance del virus.
Sanitarios sin protección
El otro punto negro ha sido la administración del material de protección, que se califica por sí misma con este dato demoledor: España está a la cabeza del mundo en número de sanitarios contagiados por Covid-19. Según el último dato facilitado ayer, se han infectado 51.090 profesionales por coronavirus en nuestro país, más del 22% del total de los contagios. «La falta de protección ha comprometido su salud. Los mejores sanitarios del mundo, uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo... y los menos protegidos y más contagiados», ha denunciado la oposición en el Parlamento.
En este contexto, llama la atención el desfase que existe entre el material comprado y pagado por adelantado desde el Ministerio de Sanidad, según los contratos a los que ha tenido acceso este diario, y lo que ha entregado a las comunidades autónomas hasta este momento. ABC se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad para conocer la razón de esa diferencia tan significativa.
Según el Ministerio, los suministros del material contratado se producen de forma «regular». «Dado que las comunidades ya han normalizado su acceso al mercado y han aumentado su capacidad de compra, el Ministerio ha modificado la fórmula de reparto para responder a las solicitudes semanales de cada comunidad». Así, «se ha desarrollado un sistema de distribución planificado, con el objetivo de agilizar la identificación de necesidades de refuerzo de material sanitario declaradas por las comunidades». Sanidad explica que pretende realizar un reparto equitativo entre todas ellas, y facilitar una reserva estratégica a nivel autonómico, y también nacional. «La estimación de las cantidades se calcula para que las comunidades puedan mantener, al menos, un stock correspondiente a cinco semanas de consumo».
Entre las prendas de protección que no han llegado en su totalidad a las comunidades autónomas, el caso más llamativo es el de las mascarillas. De los 821 millones de unidades comprometidas en los contratos del Ministerio, hasta el momento solo se ha hecho entrega a las regiones de una de cada diez. Fuentes de la oposición consultadas sospechan que una buena parte contratada por Sanidad ni siquiera ha llegado a suelo español, y el Gobierno está siendo víctima de retrasos y de dificultades en la entrega por parte de los proveedores y contratistas. De hecho, en muchos de los contratos, como se comprueba en la documentación del Estado, figuran plazos de entrega que ya se han superado.
El bajo porcentaje de mascarillas entregadas a las comunidades contrasta, justo ahora, con la decisión del Gobierno de obligar a su uso en lugares cerrados, transporte y vías públicas, si no se puede mantener la distancia de seguridad.
Con el resto de material de protección adquirido por Sanidad ocurre algo parecido. De los nueve millones de batas y monos desechables comprados, solo hay constancia de que se haya entregado un millón, apenas un 11 por ciento. Todo según los datos de entrega que facilitó el propio Salvador Illa en su última comparecencia parlamentaria y que se han contrastado con los diferentes pliegos.
Respecto a las gafas de protección se contrató la adquisición de 550.000, y se han entregado 220.000, un 40 por ciento. También se firmó la adquisición de casi 139 millones de guantes de nitrilo, pero solo se conoce el destino de 30 millones, un 21,6 por ciento. En cuanto a las soluciones hidroalcohólicas, el material entregado se queda en el 27,15 por ciento del total contratado desde el Ministerio.
«Han fallado»
La inversión destinada a adquirir todo este material de protección llegó a los 802.877.600,66 euros, una cantidad más que suficiente para que la oposición haya puesto el foco ahí y esté exigiendo explicaciones y responsabilidades al Gobierno de Sánchez. Fuentes parlamentarias advirtieron de que en una pandemia de esta magnitud resulta «clave» la política de compra del material de protección, y tener muy claro que el vendedor es solvente desde el punto de vista técnico y financiero. «Y en esa política, punto central en la gestión de la crisis del coronavirus, el Ejecutivo ha fracasado de forma estrepitosa, y ha fallado de forma especial a los profesionales sanitarios», subrayan desde el PP.
Como ya informó ABC, los populares han pedido al Tribunal de Cuentas que realice una auditoría especial y urgente sobre todas las compras de material sanitario que ha efectuado el Gobierno para afrontar la embestida del Covid-19, «dadas las sospechas fundamentadas que existen en todos los pasos del proceso», desde la adquisición del material deficiente hasta la dudosa elección de empresas e intermediarios. Según señaló la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, el organismo que vela por las cuentas públicas debe actuar «con el objetivo de que la sociedad española pueda disponer de la información indispensable sobre la gestión de un volumen muy importante de recursos extraordinarios, en un momento crítico».
Durante su comparecencia en el Congreso, la oposición acusó a Illa de fracasar en el intento, pese a tener todo el poder a su disposición para hacer las cosas bien: «Ha tenido presupuesto a su total disposición, 1.000 millones de euros, a su discreción y ha podido contratar desde la emergencia para agilizar la adquisición de medios de protección que permitiese preservar la salud y la vida de los españoles. Y ustedes han fallado».
AL GOBIERNO LE INTERESA EL CORONAVIRUS ES SU MEJOR ALIADO PARA LLEGAR VENEZUELA,HAY GENTE QUE SE ESTÁ LLEVANDO EL DINERO PÚBLICO.CORRUPCION POLÍTICA.
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