LA GUARDIA CIVIL REGISTRA CONSEJERÍAS Y DETIEN A 14 PERSONAS.

La Guardia Civil registra consejerías de la Generalitat por el referéndum y detiene al número dos de Junqueras.

Los agentes arrestan a 14 personas, la mayoría altos cargos del Govern, y registran los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación por orden del juez.

La Guardia Civil ha puesto en marcha a primera hora de la mañana de este miércoles un operativo contra la celebración del referéndum. Los agentes se han personado, por orden del juez, en diversos edificios oficiales de la Generalitat. En estos momentos, el instituto armado registra al menos las sedes de los departamentos de Economía, de Asuntos Exteriores, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación del Govern. También se encuentran en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y la Fundación puntCAT, que gestiona los dominios con sufijo .cat.

 El objetivo es encontrar pruebas contra la inminente celebración del referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los agentes han efectuado, por orden judicial, un total de 41 registros. Seis de ellos se han producido en "despachos ubicados en distintas sedes oficiales del Gobierno", según el tribunal. Además, se han producido 14 detenciones y se ha requisado casi 10 millones de papeletas en una nave de Bigues i Riells, en Barcelona. En esa misma ubicación, la Guardia Civil también ha intervenido carteles con la leyenda ‘local electoral’, actas de lista numerada de votantes con la inscripción "Referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017", actas de Constitución de mesa y otros formularios.

En la causa que indaga el juez hay una veintena de personas investigadas por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Entre los detenidos hay altos cargos de la Generalitat vinculados a los departamentos de Economía, Presidencia, Exteriores y Gobernación de la Generalitat. Los detenidos de Economía son el secretario general de Economía y Hacienda y número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Josep Maria Salvadó, que ya tenía la condición de investigado en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha ordenado las detenciones. También el director de patrimonio de la secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias, y la directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidencia, Natalia Garriga.

Del Departamento de Exteriores ha sido arrestado el responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores, Xavier Puig Farré. Del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, David Palancas Serrano. Y de Presidencia, responsables del CTTI, una empresa pública que integra todos los servicios informáticos de la Administración. Se trata de Josuè Sallent Ribes y David Franco Martos. En el Departamento de Gobernación también han sido arrestados Joan Manel Gómez, responsable del voto electrónico y técnico informático de la fundación puntCAT, y Joan Ignasi Sánchez, jefe de gabinete de la consejera Meritxell Borràs. También constan entre los detenidos Josep Masolivé, de la fundación puntCAT y del Cesicat.

Además de los cargos públicos, han sido detenidos otros tres ciudadanos. Pau Furriol es abogado y fue presidente de la comisión de garantías de Esquerra Republicana. Mercedes Martínez Martos es apoderada de la empresa de publicidad Fox Box Publi Alternativa. La empresa posee una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona) donde se han encontrado papeletas y otro material vinculado al referéndum del 1 de octubre. Finalmente, también ha sido arrestada en Madrid Rosa María Rodríguez Curto, directora general de servicios de T-Systems.

La operación policial ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. El magistrado dirige desde hace meses una causa que permanece bajo secreto de sumario y que ha centralizado buena parte de las pesquisas sobre el referéndum. Ramírez Sunyer abrió la investigación tras las querellas presentadas por el abogado Miguel Durán y el partido político Vox. El origen de esas querellas fueron las declaraciones públicas del exjuez y exsenador de Esquerra Republicana Santiago Vidal, en las que aseguró que el Gobierno catalán habría cometido diversas ilegalidades en la preparación de la consulta. Por ejemplo, que se había apoderado de los datos fiscales de los ciudadanos catalanes de forma ilegal y que la Generalitat contaba con una partida millonaria oculta para celebrar la votación.

"Es evidente que tenemos nuestras funciones, por qué ellos lo pueden intervenir todo: ¿carteles electorales, dinero...? Es algo que no hemos visto en ninguna democracia occidental desde hace décadas", ha lamentado el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, en Catalunya Ràdio al conocer los registros. "No es una cuestión ideológica, sino los derechos civiles y de amparo judicial"., ha añadido.

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha llamado a "resistir pacíficamente" ante el operativo de la Guardia Civil. "Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones", ha escrito en su cuenta de Twitter, al tiempo que ha facilitado la dirección del Departamento de Economía. Hasta el lugar han llegado el propio Sánchez, Jordi Cuixart, presidente de Ònmium, el diputado en el Congreso Joan Tardà y diputados en el Parlament como Lluís Llach y David Rodríguez. También en Exteriores protestan los trabajadores y gritan "¡votaremos!" a los agentes.

A su vez, la Fiscalía dio una instrucción la semana pasada a todos los cuerpos policiales de que investigasen cualquier tipo de acción o preparativo que sirviese para que se llevase a cabo la consulta. En ese contexto, la Guardia Civil ha sido el cuerpo policial más activo, que se ha incautado de carteles, folletos e incluso tarjetas censales. También las policías locales han intervenido en mitines y enganchadas de carteles, requisando material e identificando a personas. La fiscalía ha acusado a los Mossos de “ponerse de perfil” ante el mandato del ministerio público, y evitar así llevar a cabo acciones antireferéndum.

HA EMPEZADO LA LUCHA POR EL ORDEN DEL DESORDEN ,SI SE HUBIERAN HECHO BIEN LAS COSAS NO SE DEBERÍA DE LLEGAR ESTOS EXTREMOS.NO ES NINGÚN ÉXITO NI VICTORIA,ES ANA PENA Y UN DÍA TRISTE PARA TODOS.