Utilizar dinero público en plena precampaña para intentar ganar votos debería tener consecuencias. Si se demuestra que los recursos públicos se utilizan con fines partidistas, deben existir sanciones claras. Las instituciones están al servicio de los ciudadanos, no de los intereses electorales de ningún partido.
Lo que no hicieron durante ocho años, ahora, de repente, parece urgente e imprescindible. ¡Qué casualidad que las prisas lleguen precisamente cuando se acercan las elecciones!
Todo apunta a que esta dinámica continuará hasta la cita electoral, aprovechando la Diputación Permanente para impulsar iniciativas que sus críticos consideran más orientadas a obtener rédito electoral que a resolver los problemas reales de los ciudadanos.
El dinero público no pertenece a ningún partido y las instituciones no pueden convertirse en instrumentos de propaganda. Gobernar exige trabajar durante toda la legislatura, no acordarse de las necesidades de la gente cuando llega el momento de pedirle el voto.
Y, ante determinados espectáculos políticos, resulta inevitable recordar a Maduro: bailes, besos, gestos de afecto y mucho teatro de cara a la galería. Cambian los escenarios, pero la política convertida en espectáculo presenta demasiadas similitudes.
Los ciudadanos no necesitan campañas permanentes financiadas con recursos públicos. Necesitan gestión, responsabilidad y respeto. Porque gobernar no consiste en montar un espectáculo cuando se acercan las elecciones, sino en dar respuestas durante los cuatro años de mandato.
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