NOS HEMOS ACOSTUMBRADO.

 La corrupción institucionalizada no empieza necesariamente con una dictadura.

Puede comenzar mucho antes: cuando se normaliza que las instituciones se adapten a las necesidades del poder.

¿Y nosotros?

Lo más preocupante de todo quizá no sea siquiera lo que hacen los políticos.

Lo verdaderamente preocupante es nuestra reacción.

El orgullo de pertenecer a España parece haberse debilitado. Muchos ciudadanos observan lo que ocurre en Ceuta y Melilla, contemplan las decisiones del Gobierno, ven cómo aumenta el coste de la vida, sufren las dificultades para acceder a una vivienda, observan las carencias de determinados servicios públicos y asisten al deterioro de la confianza institucional.

Y, sin embargo, seguimos como si nada.

Nos hemos acostumbrado.

Nos hemos acostumbrado a la mentira política.

Nos hemos acostumbrado a las contradicciones.

Nos hemos acostumbrado a los pactos imposibles.

Nos hemos acostumbrado a que una promesa de ayer pueda convertirse en la decisión contraria mañana.

Nos hemos acostumbrado a que la política consista en resistir hasta las próximas elecciones.

Y quizá ese sea nuestro mayor problema.

Una sociedad que se acostumbra a todo termina aceptándolo todo.

No se trata de odiar a nadie. No se trata de cerrar España al mundo. No se trata de negar ayuda a quien la necesita.

Se trata de recuperar algo mucho más sencillo: sentido común, responsabilidad, seguridad, respeto institucional y prioridad nacional.

España debe ser solidaria, pero no suicida.

Debe ser abierta, pero no indefensa.

Debe defender los derechos humanos, pero también exigir el cumplimiento de las obligaciones.

Debe respetar a sus vecinos, pero defender sus fronteras.

Debe pertenecer a Europa y a la OTAN, pero hacerlo con una voz propia, firme y respetada.

Y, sobre todo, debe volver a recordar que el Gobierno trabaja para los ciudadanos y no los ciudadanos para sostener al Gobierno.

Porque si quienes tienen la responsabilidad de gobernar terminan anteponiendo la supervivencia política a los intereses del país, el problema deja de ser una cuestión de izquierdas o derechas.

Se convierte en una cuestión de Estado.

Y si la oposición observa todo esto, lo denuncia, emite comunicados y después no hace nada más, llegará un momento en que también tendrá que responder ante los ciudadanos.

Porque España no necesita más comunicados.

Necesita una oposición que actúe, que defienda las instituciones, que defienda sus fronteras, que defienda a sus ciudadanos y que no tenga miedo de llamar a las cosas por su nombre.

Al final, un país no se destruye solamente cuando alguien lo ataca desde fuera.

A veces empieza a debilitarse cuando quienes tienen la obligación de defenderlo dejan de creer que merece la pena defenderlo.

Y ese es, quizá, el verdadero peligro.