Cataluña, capital Waterloo: un entramado político y económico para blindar al fugado Puigdemont
La Justicia investiga si hubo dinero público que se desvió ilícitamente para mantener al expresidente autonómico.
Hace ahora tres años, el 30 de octubre de 2017, Carles Puigdemont abandonaba España ya como expresidente de la Generalitat de Cataluña y con las medidas aplicadas en base al artículo 155 de la Constitución, que supusieron la destitución de todo el gobierno catalán y la suspensión del Parlamento autonómico. El control pasó temporalmente a manos del Gobierno. Desde entonces, una de las principales preocupaciones de Puigdemont es la de tener resuelto, en la medida de lo posible, su sustento económico.
El juez de Barcelona que investiga el posible desvío de dinero público para sufragar, en parte, a Puigdemont, instalado en Waterloo (Bélgica), y su entramado separatista sería una prueba más de la tensión de tesorería que a lo largo.
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