URKULLU,TORRA FEIJÓ Y AYUSO,CONTRARIOS A PROLONGAR EL ESTADO DE ALARMA.

Urkullu, Torra, Feijóo y Ayuso, contrarios a prolongar el estado de alarma

Sanidad pide propuestas a las comunidades para la “cogobernanza”, pero se reserva la última palabra. El Gobierno liberará de inmediato 6.000 millones para dotar de liquidez a las autonomías.

 Los principales barones del PP y los partidos nacionalistas no están por la prolongación del estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo. Pedro Sánchez defenderá su extensión otras dos semanas el miércoles en el Congreso, que ha aprobado tres prórrogas y donde el Gobierno cuenta cada vez con menos apoyos. La octava conferencia de presidentes desde mediados de marzo se ha caracterizado por las críticas de las comunidades que no gobierna el PSOE a la unilateralidad del presidente. La desescalada por provincias en vez de por áreas de salud sigue sin convencer a comunidades populares y socialistas con amplias zonas rurales. El planteamiento de Sánchez de un procedimiento de “cogobernanza” para la relajación de las medidas de confinamiento, con el propósito de reforzar el consenso y la coordinación con las comunidades, no ha convencido tampoco al PNV, uno de los socios clave del Ejecutivo. “Las decisiones serán consensuadas y habrá reuniones bilaterales”, ha tratado de rebajar la tensión con los barones el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también se ha abierto a considerar el desconfinamiento progresivo según las áreas de salud. La reunión ha comenzado con la cifra de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas: la más baja en mes y medio: 164.

Con todo, en la orden publicada esta tarde en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que el Gobierno establece los mecanismos de “cogobernanza con las comunidades y ciudades autónomas”, Sanidad se compromete a estudiar las propuestas de los presidentes autonónomicos, pero se reserva la decisión final. “Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas de desescalada en sus territorios de acuerdo al esquema orientativo previsto en el citado plan, así como plantear alguna actividad no contemplada entre las actividades permitidas en las diferentes fases. Asimismo, aunque la unidad territorial de referencia que se fija es la provincia, la isla o la ciudad autónoma, podrán proponerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto”, se lee en el BOE, que añade: “La decisión, que en todo caso se procurará que sea consensuada, la adoptará el Ministro de Sanidad”.

Sánchez ha iniciado su intervención detallando el fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables a las autonomías de régimen común que anunció el sábado. Una decisión que han agradecido los presidentes del PP, que reclamaban desde hace semanas que el Gobierno aplicara en España lo mismo que demanda a Bruselas. ERC se sumó a esta demanda el jueves, con la petición de 4.000 millones para Cataluña. El Ejecutivo entiende que de esta forma da respuesta a las peticiones de liquidez de los territorios. “Es un fondo adicional, no es un préstamo y las comunidades no lo tendrán que devolver”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha remarcado que hasta el momento “se han evitado fuertes tensiones de tesorería” en los territorios. El Gobierno lleva semanas garantizando a las comunidades que pagará todos los recursos del sistema de financiación previstos para 2020. Un reparto superior a los 115.000 millones pese al desplome de los ingresos estatales.

El fondo se aprobará mediante real decreto ley y estará constituido en tres tramos: uno de 6.000 millones inmediato y otros dos de hasta 5.000 millones en el segundo semestre del año. El fondo atenderá el impacto de la covid-19 en el gasto sanitario por un importe de 10.000 millones que se distribuirán en función del impacto de la pandemia, otros 1.000 de gasto social según criterios de población y los 5.000 millones restantes por la disminución de ingresos de las comunidades por la caída de la actividad económica. Además, ha trasladado a los líderes territoriales que el próximo Consejo de Ministros aprobará una tercera línea de avales ICO de 24.500 millones: 10.000 millones para las pymes y autónomos; 10.000 para grandes empresas; 4.000 para el mercado alternativo de renta fija; y 500 para la Compañía Española de Reafianzamiento. Hasta la fecha se han aprobado dos tramos de 20.000 millones cada uno. Sánchez se ha comprometido a que será el Gobierno quien “va a asumir el coste de la pandemia” y ha trasladado además que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera -aún sin fecha, el último fue en febrero- se va asignar un objetivo de estabilidad individual a las comunidades equivalente a un déficit del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.200 millones.

Urkullu pide a Sánchez el fin de la legislación de excepcionalidad. ATLAS

“No comparto manera de gestionar el mando único”, ha iniciado su intervención Iñigo Urkullu. El lehendakari ha pedido que se replantee la toma de decisiones y ha exigido que se termine el estado de alarma porque ya hay instrumentos para gestionar la excepcionalidad del momento, según fuentes presentes. Sánchez, que como en la cumbre de la semana pasada está respondiendo a los presidentes uno a uno, le ha insistido en que el estado de alarma es constitucional y lo que pretende es rendir cuentas al Congreso cada 14 días. “Es el único instrumento que nos permite actuar de manera inmediata”, ha reiterado mientras le aseguraba a Urkullu que el Gobierno negociará la desescalada con cada comunidad.

Quim Torra ha adelantado que Junts per Catalunya volverá a votar en contra de la prórroga del estado de alarma. El president de la Generalitat ha pedido que se excluya a Cataluña y que recupere la autonomía para gestionar la crisis. “Sigo pensando que cogobernar no es la mejor manera”, ha afirmado Torra, que ha vuelto a cuestionar que el presidente anuncie los sábados las medidas que trasladará a la conferencia de presidentes. Torra que se haga al revés: “Los sábados hablar y los domingos anunciar”. Sánchez le ha recordado que la actuación del Gobierno es “muy distinta” a la de otros países de Europa: en Italia se ha aprobado un periodo de emergencia para seis meses y Francia lo votará hasta el 24 de junio. “En cambio, en España el Gobierno ha decidido ir cada 15 días al Parlamento a solicitar la prórroga del estado de alarma”, ha destacado.

El presidente de Galicia ha hablado de un “uso desproporcionado” del estado de alarma y ha aseverado que no hay “una cogobernanza real cuando se enteran todos a la vez de lo que se anuncia los sábados". El presidente de Galicia ha asegurado según diferentes fuentes consultadas, que “es más un estado de excepción que un estado de alarma”. El barón del PP cree que con la legislación sanitaria se podría acometer la desescalada y ha mantenido que se atenga a las áreas de salud en vez de a las provincias. Por ejemplo, mediante la modificación de la ley orgánica de sanidad pública. Feijóo también ha mostrado en contra de que la unidad de actuación sea la provincia y no las áreas de salud, que facilitarían la salida del desconfinamiento de las zonas rurales, mucho menos afectadas que las urbanas. ha dicho que es no conocer la realidad asistencial. ¿qué ciudadano no sabe cuál es su hospital?, ha dicho. El dirigente del PP sí ha valorado el fondo de 16.000 millones no reembolsables que Sánchez adelantó el sábado: "Es una buena noticia y quiero agradecértelo”.

También lo ha hecho el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha solicitado un “mayor esfuerzo de claridad y concreción” de las medidas que se aplicarán y más participación en la toma de decisiones. Moreno piensa que habría que trasladar la conferencia de presidentes al sábado y que las comparecencias televisivas de Sánchez fueran los domingos. El presidente andaluz ha afirmado en la comparecencia de prensa posterior a la cumbre que “hay que ir pensando en derogar el estado de alarma", informa Lourdes Lucio. Lo razonable es que a final de este mes no lo hubiera. Hay instrumentos legales para mantener el control sin ser tan restrictivos, tan duros”, ha abundado. Más críptico ha sido Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León ha afirmado en rueda de prensa que el Sánchez “debe hacer un esfuerzo mayor para llegar a un acuerdo con todos". "Lo está poniendo difícil el presidente del Gobierno, que lejos de buscar el consenso ha dicho todos conmigo o contra mí. El apoyo al estado de alarma no puede considerarse un cheque en blanco, debe haber un diálogo fructífero, que lleve a acuerdos con las fuerzas políticas y comunidades autónomas”, ha observado, informa Juan Navarro.

La prolongación del estado de alarma tampoco convence a Isabel Díaz Ayuso, que como muchos presidentes cuestiona que Sánchez, al que ha demandado una estrategia “más clara”, anuncie el sábado las medidas que llevará al día siguiente a la reunión de líderes territoriales. “Hacer las conferencias previamente y después anunciar los anuncios ayudaría a que nosotros y los ciudadanos sepan a qué atenerse, porque cada día creo que conocemos menos cuál es el siguiente paso. Si no, el estado de alarma al final se convierte en una acción arbitraria que limita derechos fundamentales cuando en realidad todo se suele acoger actualmente a un problema sanitario”. La dirigente del PP ha advertido que el golpe a la economía puede provocar un millón de parados a finales de año en la Comunidad, lo que podría suponer “disturbios”, según fuentes presentes. Fuentes del Gobierno regional afirman a EL PAÍS que la cifra de parados "no está contrastada ni constatada”. Dos días de las aglomeraciones en el cierre del hospital de campaña de Ifema, Ayuso ha instado a que haya menos concentraciones y se incite a aumentar la autoprotección de los ciudadanos. Sobre el fondo no reembolsable, pide que sea no reembolsable, adicional e incondicional. Es decir, que no compute a efectos del déficit y deuda autonómica. La responsable del PP ha concluido pidiendo de nuevo una mesa bilateral con el Gobierno.

El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, que en la comisión de comunidades autónomas del jueves fue de los más críticos, sí se ha mostrado favorable al estado de alarma, como las comunidades socialistas. Ximo Puig ha defendido un plan para la renovación del parque automovilístico de España, con una antigüedad media de 12,7 años. También ha pedido que se rebaje al 10% el IVA de bicicletas, patinetes eléctricos y transportes similares. El presidente de la Comunidad Valenciana ha pedido un plan turístico integral, así como que la Union Europea establezca una protocolo que valide la seguridad de los destinos europeos como garantía para impulsar el turismo internacional. Puig comparte que los Erte se deben ampliar en el sector turístico, con incentivos a la contratación. La preocupación es generalizada: el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), piensa que es imprescindible flexibilizar los Erte hasta septiembre. La presidenta de Navarra también confía que se amplíe el tiempo la duración de los Erte. María Chivite ha pedido que los ayuntamientos utilizar el 80% de su superávit tanto para articular medidas de protección social como para reactivar la economía local a través de ayudas al comercio e inversiones para potenciar el empleo.

Otro barón del PSOE, Javier Lambán, ha recalcado que la desescalada por provincias “no es conveniente” en comunidades como Aragón. El 76% de sus municipios ocupan el 73% del territorio y representan a solo el 12% de la población regional, con una tasa de densidad habitantes por kilómetro cuadrado de 4,37%. En cambio, más de la mitad de su población se concentra en Zaragoza. “Hay zonas que se podrían reabrir ya”, ha observado, poniendo como ejemplo que 730 localidades suman menos habitantes en conjunto que Zaragoza. Lambán ha recordado que en anteriores citas planteó que se primara a los municipios de menos de 5.000 habitantes -como ha hecho el Gobierno en la primera fase del deconfinamiento, sin acotar las salidas a la calle por tramos horarios- y ha insistido en que la mejor unidad para aplicar el desconfinamiento sería en función de las zonas básicas de salud.

Emiliano García-Page tampoco comparte el criterio de la provincia. “Prefiero el del área de salud pero no voy a polemizar”, ha intervenido el presidente de Castilla-La Mancha. El presidente socialista ha demostrado que las quejas por la falta de interlocución no son ajenas al PSOE. “Convendría y yo por el momento me conformaría con que buena parte de las decisiones que se van tomando las habláramos con algo de anticipación. Creo que somos muchos queriendo aportar ideas, opiniones, sugerencias y en algunos casos pueden ser hasta bueno y que puede hasta ayudar al Gobierno”, ha expresado. García-Page ha propuesto “al menos financiar y proteger la financiación sanitaria” sin tener que esperar a un nuevo sistema de financiación que reemplace al vigente, obsoleto desde 2014. En materia de educación, a García-Page le gustaría “que se diera por acabado el curso”. Aquí se ha jugado una cierta ambigüedad y hay un malestar enorme entre el profesorado porque se les considera cuidadores de los niños, no enseñantes", ha aseverado sobre que los menores de 6 años puedan regresar a las aulas hasta finales de junio. “Sinceramente, creo que el sobreesfuerzo que ha hecho el alumnado y el profesorado no puede ir ahora jugando en su contra”, ha añadido antes de pedir que se pelee para que la Política Agraria Común se prorrogue hasta 2022.

ES UNA LOCURA Y UN DESPROPÓSITO.