El Gobierno accede a datos de consumo de las tarjetas para cuantificar la crisis
Entidades financieras han cedido su material estadístico agregado y anonimizado.
El Gobierno lleva semanas monitorizando la movilidad en España. Son estudios públicos, gracias a la colaboración de los principales operadores de telecomunicaciones. Pero su actividad no se queda ahí. El Ejecutivo ha accedido a datos de consumo de empresas y ciudadanos españoles a través de las tarjetas de crédito y débito, según ha confirmado ABC por varias fuentes financieras. Un paso más en su intento de disponer de mayor control sobre el comportamiento de la población y los efectos de la pandemia del Covid-19.
En la memoria está el polémico estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pasado noviembre en el que se vigilaron los movimientos de millones de personas a través de los móviles. En ese
caso, las tres mayores empresas de telefonía suministraron datos agregados y anonimizados. Lo mismo ocurre con el material estadístico del que dispone ahora La Moncloa sobre el llamado «dinero de plástico»: información agregada y anonimizada.
Varias entidades financieras son las que están cediendo datos de manera gratuita a las autoridades públicas. La colaboración es estrecha y se está facilitando la tarea sobre todo aquello que pide el Ejecutivo. Labor altruista en tiempos de pandemia, aunque desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos niegan haber recibido ningún dato de entidades financieras. Sin embargo, añaden: «El Gobierno trabaja con muchas y variadas muestras y fuentes de análisis de datos, siempre respetando todos los aspectos legales de anonimización y agregación de los mismos en los casos que así corresponde».
Más allá de la banca, tecnológicas de servicios financieros también están cediendo gratuitamente datos al Gobierno de manera agregada y anonimizada. Es el caso de Mastercard, que transmite concretamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo material transaccional recopilado por la firma para monitorizar el impacto sobre el turismo, con el foco puesto en tiendas físicas pero también en el comercio electrónico.
El objetivo del Gobierno, cuentan las fuentes consultadas, radicaría en poder obtener los patrones de consumo de los españoles. No se trata de analizar detalles individuales sino de poder ayudar en la cuantificación del efecto económico y social de la crisis actual. Como dato, aunque no esté participando la gran banca al completo, el Banco de España publica en sus estadísticas que, a cierre de 2019, había en nuestro país 85,6 millones de tarjetas; el número de operaciones realizadas a través de terminales de puntos de venta fue de 4.536 millones, por un importe de 161.343 millones de euros.
Protección de datos
Expertos consultados recalcan que este es un «modus operandi» habitual entre las empresas y las distintas administraciones públicas. Así lo asegura Borja Adsuara, abogado especializado en Protección de Datos, que destaca que este uso de la información es totalmente legal. El problema estaría en transmitir datos personales, pero en el momento en el que se agregan y anonimizan, como es este caso, dejan de tener esa consideración; es imposible de esa manera identificar a personas o empresas concretas. A su vez, Rosa Elvira Lillo, catedrática de Estadística e IO de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto de Big Data UC3M-Santander, detalla que todas las entidades financieras trabajan con sumo cuidado cuando se trata de este tipo de datos. «El proceso de anonimización, globalmente, consiste en algoritmos que destruyen tu identidad y te asocian un número que nada tiene que ver contigo», dice. Y, mediante la agregación, lo que se hace es formar grupos de personas con características comunes o divisiones por territorio, por ejemplo, que facilitan el extraer patrones de consumo.
La catedrática de la Universidad Carlos III explica que las entidades financieras, a través de las tarjetas, disponen de multitud de datos de los clientes. El establecimiento en el que se compra, la localización de dónde se ha efectuado el pago, el importe, el titular de la compra, qué tipo de producto se ha adquirido, en qué momento se ha hecho, si ha sido a través de internet... todo está en las bases de datos de los bancos que, en todo caso, anonimizan la información.
Diversos economistas consultados, pese a la seguridad del proceso de análisis, muestran sus reticencias sobre que la Administración Pública tenga acceso a este material estadístico. Dan por descontado que toda la información está anonimizada, aunque recelan de que el objetivo último sea solamente medir el efecto económico de la crisis del Covid-19 vía consumo. De hecho, los expertos apuntan a que ya disponen de estas cifras a través de diversos indicadores, como los que le puede facilitar la Agencia Tributaria.
Desde diversas organizaciones de estudios económicos hacen hincapié en que los datos obtenidos pueden servir para muy variadas finalidades. Hablan de que pueden ser un buen indicador para medir cierto efecto de la política económica que ha puesto en marcha el Ejecutivo, las medidas de las últimas semanas; para ayudar en el diseño de las fases de la desescalada del confinamiento; para tratar de poner el ojo sobre la economía sumergida; como indicador para la futura renta mínima; para la fijación de las previsiones económicas...
Estudios de movilidad
Hasta la fecha, desde que empezó el estado de alarma, el Gobierno ha realizado dos estudios públicos con datos. Uno de ellos es un proyecto del INE y el otro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
En estos dos casos también se han utilizado datos agregados y anónimos: en el primero de los supuestos, con información de Telefónica, Vodafone y Orange, y en el segundo solamente con la colaboración de Orange. «Estos estudios de movilidad, que proporcionan información complementaria, tienen por objetivo conocer y caracterizar la movilidad a lo largo del territorio nacional durante la emergencia sanitaria del Covid-19, analizar las variaciones de la movilidad derivadas de aplicación de las medidas de contención, así como identificar zonas con más desplazamientos o con una mayor concentración de población», explicaba la nota de prensa emitida por el Mitma el 16 de abril. Además, el Gobierno ha informado de que utilizará durante el proceso de desescalada datos de movilidad, de los ERTE, de afiliación a la Seguridad Social y de consumo de energía eléctrica.
Entre las conclusiones que se obtuvieron del estudio del INE están que el 85% de los ciudadanos no se ha desplazado de su territorio de residencia a otros lugares durante el estado de alarma. Cifra que asciende hasta el 90% para el periodo que se decretó el cierre casi total de la actividad económica en España con el permiso retribuido recuperable. En este tipo de casos relativos a la movilidad, tal como destaca David González, director global de Big Data e IA en Vodafone Business, lo que hacen es utilizar datos extraídos de las antenas de las «telecos» para estimar el tiempo que la población pasa en casa y fuera y así conocer si se respeta en términos generales el confinamiento
AHORA VAN A POR NUESTRO DINERO,YA NO VOLVEREMOS A LA DEMOCRACIA, ESO LO VEO CLARO Y LA GENTE QUE NO SE DUERMA.VIVIMOS EN PLENA DICTADURA.
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