HACIENDA DENUNCIA AL GOVERN DESTITUIDO POR PREVARICACIÓN.

El ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro.

Hacienda denuncia al Govern destituido, ANC y Òmnium por los gastos del referéndum ilegal.

El secretario de Estado reclama a la fiscalía del Tribunal de Cuentas que exija responsabilidades por presunta malversación de fondos públicos.

El Ministerio de Hacienda ha presentado una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Gobierno de Cataluña destituido y los responsables de las asociaciones Ominium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), por supuesta malversación de fondos públicos por los gastos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha enviado una carta al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en el que reclama que se depuren responsabilidades por los gastos vinculados a la consulta financiados con dinero público. Solicita, además, que se identifique al Govern cesado como responsable de los daños causados al erario público. Asimismo, pide que se le reclame las correspondientes indemnizaciones.

Fernández Moya exige también a la fiscalía que se adopten las medidas precisas para calcular el importe de los daños causados para el erario público por la organización de la consulta con los medios patrimoniales mobiliarios e inmobiliarios públicos existentes empleados para la celebración del referéndum.

Cuarto frente abierto por malversación

La presunta malversación de fondos públicos por parte de la Generalitat para organizar el referéndum del 1 de octubre ya se investiga en tres procedimientos judiciales distintos. Uno, el de la Audiencia Nacional, que ha enviado a prisión a ocho exconsejeros del Gobierno catalán. Dos, el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les mantiene imputados y que previsiblemente se acumulará en la Audiencia. Y tres, el que mantiene abierto el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra altos cargos del Ejecutivo.

Esa última causa —que está abierta desde febrero y es la más avanzada— investiga tanto la organización del referéndum como la creación de las estructuras de Estado. El pasado 20 de septiembre, el juez ordenó entradas y registros en departamentos de la Generalitat y pidió a la Guardia Civil que localizasen y entregasen cualquier documentación relacionada con dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones y que, según el juez, pudieron utilizarse para organizar el referéndum. Recientemente, y tras levantar el secreto de sumario, el juez pidió al Gobierno catalán que desglose el coste del 1-O –incluidos actos de campaña y la estancia de observadores internacionales- y que explicite a qué partida y a qué departamento se cargaron esos gastos.

El Govern, responsable

El secretario de Estado recuerda precisamente en su escrito de este martes que ya está en marcha el procedimiento judicial en el Tribunal superior de Justicia de Cataluña abierto por malversación de caudales públicos. "Procedería reclamar del mismo tribunal las actuaciones practicadas para delimitar daños y las personas responsables y fijarse así el eventual importe de las indemnizaciones". "Para determinar los presuntos responsables de estos daños", explica el secretario de Estado en la carta, "hay que partir necesariamente de la delimitación subjetiva de los posibles responsables contables que incurran aquellos que tengan a su cargo el manejo de los caudales o efectos públicos".

Fernández Moya no duda en señalar a los miembros del Govern como instigadores del referéndum ilegal y, por tanto, en haber permitido su financiación con fondos públicos. "Es evidente que la presunta responsabilidad contable de los miembros del Gobierno de la Generalitat se deriva de su participación directa en la articulación del entramado normativo y de actuación ejecutiva de dirección de todos los actos y procedimientos necesarios para hacer posible el referéndum del 1 de octubre".

Responsabilidad de las asociaciones

La denuncia de Hacienda también apunta a las asociaciones pro independentistas ANC y Omnium. El Departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro reclama a la fiscalía que determine la "eventual responsabilidsad que les corresponda". Y les pide a esta organizaciones que expliquen el origen del dinero público que reciben (vía subvenciones) y el destino empleado.

Del mismo modo se puede hablar de los responsables de las organizaciones de carácter asociativo denominadas “Ominium Cultural” y “Asamblea Nacional Catalana”, que puede implicar el empleo de fondos públicos de los cuales se nutren sus presupuestos para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales en la organización y promoción del denominado referéndum del 1 de octubre.

Hacienda pone énfasis en el papel de estas dos asociaciones en el escrito ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas. "El papel de estas organizaciones en la participación en la promoción y organización del referéndum parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación", justifica Hacienda. Y apostilla: "Debe destacarse también el papel principal llevado a cabo en la organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal del denominado referéndum del día 1 de octubre por parte de las organizaciones de carácter asociativo denominadas “Ominium Cultural” y “Asamblea Nacional Catalana”, que puede implicar el empleo de fondos públicos, de los cuales se nutre sus presupuestos, para la realización de actividades ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales"

QUE PAGUEN TODOS LOS GASTOS DE SUS BOSILLO Y ME PREGUNTO ¿DE DÓNDE SACAN EL DINERO PARA SEGUIR HACIENDO CAMPAÑA  EN FRANCIA?¿QUIÉN LES SUBVENCIONA?

BASTANTE NOS  PERJUDICAN CON LA PÉRDIA DE 27.000 MILLONES EN LA ECONOMIA DE ESPAÑA ¿ESO QUIÉN LO VA A PAGAR'