"GOOGLE-BLOGGER NO ME DEJA PUBLICAR MIS FOTOS"
COMENTARIO PERSONAL:UN GOBIERNO QUE SAQUEA A LOS PENSIONISTAS UNA VEZ MÁS PARA CUADRAR LA CUENTAS DE LOS DESPILFARROS DEL ESTADO, SIGUIENDO LOS CONSEJOS DE LA CEOE Y DEL BANCO DE ESPAÑA. NO HA HECHO NIGUNA REFORMA DE LOS GASTOS DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES QUE VIENEN DISFRUTANDO DE SUS PRIVILEGIOS COMO SI PARA ELLOS NO HUBIERA LLEGADO LA CRISIS, NO OBSTANTE NO DUDA EN METER LA MANO EN EL CAJÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LAS PENSIONES. ES UNA INJUSTICIA MANIFIESTA CON RESPECTO A LA BANCA Y LAS PREVENDAS DE LO POLÍTICOS QUE NO SE LES HA PRIVADO DE NADA. ESPERO QUE DE ALGUNA FORMA REACIONEN LOS JUBILADOS A LA PÉRDIDA DE SUS DERECHOS , PAGO DE MEDICINAS , SANIDAD, JUSTICIA, RECORTE DE LAS PENSIONES, A LA DEPENDENCIA ETC. SE PUEDE DECIR QUE EN UN AÑO HA RECORTRADO EL BIENSTAR LOGRADO DURANTE DÉCADAS Y SE QUEDA TAN TRANQUILO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICIÓN SIN NINGÚN RUBOR EL PRESIDENTE RAJOY Y TODOS SUS MINISTROS.
El Ejecutivo se escuda en el deterioro económico para incumplir la última promesa de Rajoy
Las pensiones subirán un 1% en 2013 y un 2% las que sean inferiores a los 1.000 euros
Los afectados pierden de media 15 euros al mes en términos de poder adquisitivo
El Gobierno recurre de nuevo al fondo de reserva para pagar la extra de navidad.
El Gobierno ha anunciado este viernes que finalmente no pagará a los pensionistas por la desviación de la inflación. Según ha justificado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el deterioro de la situación económica les ha llevado a renunciar a la única de las promesas que el presidente, Mariano Rajoy, había mantenido tras romper su programa electoral con la subida del IVA, el copago sanitario, el abaratamiento del despido y la rebaja del paro. "Es una de las decisiones más difíciles y dolorosa que hemos tomado", ha asegurado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras semanas en las que el Ejecutivo ha evitado responder de forma concreta y clara a la pregunta de si iban a actualizar las pensiones.
Con vistas a 2013, el Ejecutivo ha aprobado una subida de las pensiones en un 1%, el mismo aumento que se adoptó para 2012, tal y como ya estaba previsto en los Presupuestos. Para aquellas prestaciones que no superen los 1.000 euros, que suponen el 70% del total o 6,6 millones de pensiones, el alza será del 2%. La medida supondrá un coste de 1.513 millones de euros durante el próximo año.
La inflación cerró noviembre en el 2,9%, según el dato adelantado que ha publicado esta mañana el INE. El aumento real de los precios ha superado, por tanto, al avance del 1% que registraron en enero las pensiones, con lo que el Gobierno estaba obligado a compensar a los perceptores por esta desviación de 1,9 puntos porcentuales, según estipula la ley. Pero al final no será así. La presión de Bruselas, que mantiene a España bajo una estrecha vigilancia, y la necesidad de reducir el déficit han podido más que la promesa electoral. "No teníamos otra opción para cumplir con los objetivos de déficit", ha argumentado Báñez, que ha insistido en que la consolidación fiscal es imprescindible para volver a crecer y crear empleo.
Haber optado por corregir la desviación que ha sufrido los precios con respecto al aumento de las pensiones hubiera costado al Estado más de 2.000 millones este año. Además, consolidar luego este incremento en 2013 hubiera aumentado los gastos en otros 2.000 millones, dinero al que habría que sumar los 1.513 millones que cuesta el alza de entre el 1% y el 2% aprobada en Consejo de Ministros. Este esfuerzo, sin embargo, era incompatible con el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal comprometidos con Europa, sobre todo por lo que respecta al presente ejercicio. "Este es el año más duro y, por eso, se suspende la actualización", ha añadido la ministra.
La decisión de no actualizar las pagas se traduce en que los pensionistas, que ya sufrieron la congelación de las prestaciones en 2011 con el anterior Gobierno, perderán poder adquisitivo. Desde enero, esta pérdida se traduce en un descenso de 15,8 euros al mes para una pensión media, que a cierre de noviembre era de 834,99 euros.
Junto a estas decisiones, el Gobierno también ha anunciado este viernes que ha aprobado una modificación de la ley para disponer de otros 4.500 millones del fondo de reserva, la conocida como hucha de las pensiones, para poder abonar la paga extra de navidad. Con ello, el Ejecutivo echa mano de este instrumento de emergencia por segunda vez en un mismo año para afrontar el agujero en las arcas de la Seguridad Social que ha motivado la caída de las afiliaciones. En julio autorizó el uso de 3.063 millones de la hucha.
DE VERGÜENZA
Un alto cargo de inmigración dice que los jóvenes emigran por “espíritu aventurero”
La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, valora que los trabajadores españoles cualificados "hayan dejado por fin de ser locales"
La secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, cree que la emigración de jóvenes españoles al extranjero no se debe sólo a la crisis económica sino a otros factores entre los que está "el impulso aventurero de la juventud". "Es cierto que la situación interna se suma a dicha capacidad de mirar al exterior, pero considero desvirtuados los discursos que sostienen que la salida de trabajadores cualificados españoles está estricta y únicamente vinculada a la situación de crisis", aseguró ayer del Corral, durante la presentación de un informe sobre la emigración de profesionales cualificados. Las palabras de la secretaria general están siendo duramente criticadas en la red social Twitter, donde es el tema más comentado del momento..
El alto cargo de inmigración insistió en que debe valorarse como "esencialmente positivo" que los trabajadores españoles cualificados "hayan dejado por fin de ser 'locales'", para ponerse, a su juicio, "a la altura de los trabajadores cualificados de nuestros socios europeos en cuanto a proyección internacional"
"Marina del Corral. Los jóvenes españoles emigran por su espíritu aventurero y no por la crisis. La culpa es de Dora la Exploradora", bromea uno de los usuarios de la red social Twitter. "Para Marina del Corral, los africanos que llegan en patera en realidad están practicando deportes de riesgo", añade otro.
En 2011, salieron de España 52.841 españoles para residir en el extranjero, según los datos dela estadística de variación de residentes que se ofreció durante la presentación del informe.
El 62% cree que las nuevas tasas llevan a una justicia de ricos y otra de pobres.
Ocho de cada diez abogan por que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El rechazo ciudadano a la nueva ley de tasas es generalizado. La medida la desaprueban tanto los votantes del PSOE como los del PP. Así queda reflejado en una encuesta elaborada por Metroscopia para elConsejo General de la Abogacía. Para dos de cada tres, no exageran quienes apuntan que esta norma va a dar lugar a una justicia de ricos y otra de pobres, y que el peso de estas tasas recaerá sobre las clases medias. El 84% considera que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución y por tanto deben ser recurridas ante el Tribunal Constitucional “lo antes posible”.
“No sé por qué el ministro está enrocado en no reconocer algo patente”, ha señalado el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, durante la presentación del estudio hoy al mediodía. El encargado de dar a conocer los datos ha sido el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, quien ha asegurado que le ha llamado la atención el “altísimo índice de respuesta”. “Los medios de comunicación han dado una información que ha calado en la ciudadanía”, ha resaltado.
Carnicer pide a Gallardón que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que no importa a los ciudadanos”
La iniciativa del Ejecutivo ha sido criticada por partidos de la oposición, pero también por profesionales del derecho, sindicatos y asociaciones de consumidores. Se ha cuestionado su constitucionalidad y los socialistas ya han anunciado que interpondrán un recurso. Ahora, este sondeo, elaborado a partir de 1.000 entrevistas telefónicas realizadas el pasado lunes, cuantifica el descontento de los ciudadanos. El 90% critica que el Ministerio de Justicia no haya buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente de la ley. “Pocas veces en mi vida había visto un porcentaje tan abrumador”, ha comentado el presidente de la empresa demoscópica.
El 83% de los encuestados opina que con este modelo el ciudadano medio se va a sentir menos protegido que antes por la justicia y más alejado de ella. La mayoría no cree que gracias a esta medida el sistema judicial vaya a funcionar mejor (68%) ni que se vayan a lograr ingresos adicionales que permitan financiar mejor la justicia gratuita (89%). Para el 84%, el Estado tiene la obligación de pagar dicha justicia gratuita a través de los Presupuestos Generales y no mediante tasas como estas. La opinión generalizada es que no hay razones que justifiquen esta decisión.
A tenor de los datos, Toharia ha concluido que “difícilmente se puede sostener que en este tema no haya un clamor popular”, ante lo que Carnicer le ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que no importa a los ciudadanos”. “Si nuestra Constitución establece una tutela judicial efectiva, ponerle cualquier tipo de obstáculos es inconstitucional”, ha continuado, para posteriormente reconocer que en momentos de crisis se podría aceptar por ejemplo una tasa “testimonial” para la segunda instancia. “Pero las cuantías de estas tasas están hechas para impedir el acceso a los tribunales”, ha lamentado.
Ante quienes acusan a los abogados de estar en contra de la norma porque repercutirá en su actividad, el presidente del consejo ha respondido que “sin duda” habrá clientes que, informados de las tasas, no puedan pagarlas, lo que ha calificado de “efecto perverso” de la propia ley: “Al cliente habrá que decirle que tenga el dinero preparado porque en cualquier momento el proceso se puede ver perjudicado y si en los días para recurrir no tenemos la cantidad, habrá perdido el derecho”. Toharia ha agregado que un estudio anterior puso de manifiesto que el 70% de los abogados no vive de la litigación. “Aprovecho para revocar que somos los abogados los que alargamos los procesos. Un abogado solo puede poner los recursos que la ley le permite”, ha defendido Carnicer.
El Consejo General de la Abogacía ha planteado una serie de acciones para seguir protestando por esta nueva medida. Además de poner a disposición de los letrados formularios para que pidan a los juzgados que planteen la cuestión de inconstitucionalidad, ha creado una plataforma junto a operadores jurídicos, sindicatos y asociaciones de consumidores. Esta mantendrá su primera reunión el lunes. Carnicer ha avanzado que el martes se celebrará otro encuentro con “otros operadores para aunar voluntades”: “Seguiremos pidiendo que esta ley sea derogada o como poco se reduzca muchísimo y se dejen exentos muchos casos”. Igualmente se plantean facilitar al Gobierno "la estructura de una nueva administración de justicia". Su objetivo no es únicamente la eliminación de la ley de tasas, "hay más cosas que sugieren que hay dificultades para atender los problemas".
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