Ría de Villaviciosa-Asturias-España(foto J.A.Miyares)
El defraudador es admirado y ahora protegido por las leyes en una población carente de valores.
Un cambio social para que España deje de ser uno de los países con más tributos y que menos recauda.
La única regla que comprendo de esta ciencia es que para no arruinarse hay que gastar menos de lo que se gana. Estamos en una profunda crisis y son los países de Europa, y con mayor intensidad los que constituyen la Unión Europea, los más afectados, pues aquéllos que participan de su cultura, pero no se encuentran sumidos en su ámbito, parecen vislumbrar una salida que para la UE se presenta como lejana.
Hay una conformidad casi absoluta de que la crisis, por lo menos en España, fue desencadenada en su origen por el sector inmobiliario, unido a la conducta de los bancos que lo fomentaron. Sin poner en duda esta afirmación, a mi entender hay unas causas subyacentes que no se tienen en cuenta o se prefiere ignorarlas. ¿Por qué esta afirmación? Para justificarme quiero exponer algunas reflexiones.
El planeta Tierra tiene unos límites suficientemente amplios para que en él puedan cubrirse las necesidades de la Humanidad. Rebasar esos límites y la falta de solidaridad constituyen a mi juicio, el origen del problema.
Es loable intentar mejorar el nivel de vida, pero no creo que lo sea ese intento simplemente para lograr un mayor consumo, para satisfacer unas necesidades ficticias. Así se llegó al consumir por consumir, prostituyendo ese deseo de superación sin analizar si dicho esfuerzo tiene un coste razonable y ético o si, por el contrario, es rechazable. Ello alteró nuestra concepción de la vida pública y privada. En Grecia nació la idea del gobierno por el pueblo, que lentamente, en una lucha de siglos, fue liberando a sus habitantes de gobiernos dictatoriales y teocráticos. Esa idea de la democracia originó mayor libertad y autonomía en el hombre, que revierte en mayor poder de la sociedad. Esa concepción de la vida, esa civilización, una vez depurada, origina y transforma la sociedad europea, que adquiere paso a paso mayor poder y dominio sobre el resto de la Humanidad, poder que se consagra definitivamente con la Revolución Industrial y el nacimiento del capitalismo.
Si en los orígenes de la Humanidad se obtenía el sustento de la Tierra en el lugar donde se habitaba, olvidando esos valores que fueron el germen de su cultura, Europa, conforme agotaba los recursos, por ese poder que le dio su progreso, inició e intensificó en forma gradual una política de expansión y dominio sobre el resto de la población del planeta provocando una explotación que se extendió prácticamente hasta el final del siglo XX. Las guerras europeas, y en mayor medida la segunda, por su carácter mundial, iniciaron el fin del colonialismo. Las nuevas naciones, que tenían como modelo a seguir y meta a alcanzar el bienestar de quienes los habían dominado, poco a poco comenzaron a reclamar y administrar sus recursos naturales privando a los países avanzados de las fuentes necesarias para su industria y así afloró en los que fueron países colonizadores la necesidad de hacer un frente común ante la nueva situación. Surgen así en Europa los tratados de París, Roma y Maastricht y, posteriormente, el de Lisboa y por la necesidad de una política común, la cesión de soberanía a la
Unión Europea, con cuyas normas se impone a las soberanías nacionales la moneda única, para garantizar control económico, el control del déficit, la deuda pública y la inflación, pues es el mercado, las normas económicas, el que impone sus reglas, diluyéndose la idea del gobierno del pueblo. El «quantum» de las materias primas tiene un límite y al aumentar su explotación se impone el incremento de sus precios. El aumento del nivel de vida en los países emergentes supone la disminución de ese bienestar en los que tenían un nivel superior. En la lucha para dominar los mercados, las empresas multinacionales, buscando mayores beneficios por medio del abaratamiento de sus costes, trasladan sus centros fabriles a los lugares con mayor mano de obra, con el consiguiente menor consumo nacional por pérdida de la capacidad adquisitiva y disminución de ingresos de los ciudadanos y de los estados, que se ven incapaces de mantener los servicios anteriores. Si en la situación actual, como es evidente, no se puede mantener el estado de «derechos» que veníamos gozando los europeos, hay que tomar medidas correctoras que van desde una mejor administración hasta una reducción equitativa de esos beneficios, porque ello significa que todavía estamos aprovechándonos de bienes de la Humanidad que no nos pertenecen y que antes o después nos serían sustraídos. Indudablemente, para lograr esa equidad ha de ceder mayor «quantum» quien más tiene.
De esta situación, ¿es culpable la clase política? Tenemos la tendencia de culpar a los demás y esa imputación simplifica el problema. Es verdad que los políticos parece que sólo se preocupan de asegurarse unas buenas retribuciones, y de garantizar su porvenir con unas pensiones que alcanzan el doble de la máxima de un ciudadano corriente. En esta conducta participa todo el organigrama que los rodea, con esas subvenciones a tantos organismos, chiringuitos, etcétera, e ingresos que en muchos casos no se justificPero no podemos hacer recaer toda la culpa en nuestros «hombres públicos». ¿Cómo es nuestra sociedad? Somos un pueblo que únicamente respeta las leyes por coerción, sin tener en cuenta que se dictan para el bien de todos los ciudadanos. Se carece de los mínimos valores cívicos. Así se constata, por ejemplo, que la sociedad no valora la corrupción, e incluso apoya con sus votos a políticos corruptos; que para ella el mayor valor es la riqueza, sin importar la forma en que se llega a ella; que muchos ciudadanos se creen depositarios de derechos sin tener ninguna contrapartida de obligaciones, pateando el derecho de los demás, que si pretenden defender los propios son calificados de antidemocráticos y antisociales, etcétera.
Si descendemos a un plano más individual, en nuestro país casi es un mérito o una obligación intentar defraudar al Estado en el pago de los impuestos, o defraudar, por ejemplo, a las compañías de seguros aumentando el importe de las facturas o reparando daños que no eran objeto de protección. Los demás tienen que olvidar nuestros fallos, pero se mira con lupa, por ejemplo, la actuación del personal médico, por si tiene el mínimo olvido o error que posibilite una posible indemnización, lo que obliga a estos profesionales a efectuar pruebas médicas innecesarias, con el consecuente aumento de gastos y listas de espera. Olvidamos que todos los profesionales, con contadas excepciones, pretenden hacer lo mejor posible su trabajo, y muchas veces no los ayudamos en su labor o les ponemos obstáculos, como ocurre en materia de enseñanza, pues limitamos la anterior facultad de corregir conductas que antes tenían los profesores... y así podemos llegar al infinito.
. Dejando a un lado las conductas que exteriorizan una falta de valores en relación con los demás o una absoluta falta de educación cívica, y concretándonos en nuestras obligaciones económicas, tiene razón Lagarde sobre el pago de los impuestos, y creo que es de carácter vital para esa mejor administración, que afloren todos los recursos haciendo que el Gobierno, de una vez por todas, haga el esfuerzo necesario para rebajar esa vergüenza del fraude que en España se sitúa alrededor de l23% del PIB (10 puntos por encima de la media europea); fraude que repercute en mayores impuestos para los ciudadanos cuyos ingresos se limitan a sus nóminas, y para los pocos que, sin ese control, cumplen sus obligaciones.
¿Por qué no se hace una profunda reforma en la Inspección de Hacienda, se aumentan sus funcionarios y así se incrementan las investigaciones para que todo el mundo pague según sus ingresos? Somos de los países con impuestos más altos pero de los que menos recaudan, y siempre son los trabajadores y la sufrida clase media quienes padecen todo aumento de impuestos y la actividad recaudatoria. El Estado se está olvidando de quienes ocultan sus bienes y se ríen del resto de los españoles. Es indignante ver los pactos de Hacienda con grupos profesionales para aceptarles el pago de unas cuotas que significan unos pagos irrisorios en relación con los que dependen de una nómina y ello, simplemente, por no molestarse en inspeccionar. He visto, por ejemplo, cómo un agente judicial pagaba más en el impuesto de la renta que el decano de un colegio profesional y a un fontanero de presumir que sus ingresos eran superiores a los de los médicos del centro donde trabajaba. No me opongo a que esos profesionales tengan buenos ingresos, pero sí a que, por cobrar en negro en la mayoría de sus trabajos, paguen menos impuestos. ¿Qué ocurre, según datos de Hacienda, para que los obreros declaren mayores ingresos que sus empresarios? ¿Cómo se concede el premio «Príncipe de Asturias» a quien se domicilió en el extranjero para no pagar en España? Etcétera, etcétera.
En resumen, que los políticos y la sociedad tenemos nuestra parte de culpa en la situación de crisis, que podría aminorarse si todos cumpliéramos nuestros deberes de ciudadanos. Si se ponen en vigor de manera efectiva medidas de esa índole, para lograr una buena administración de los recursos es posible que los efectos de la crisis afecten especialmente a quienes viven como si el mundo les perteneciera y dejen de soportarlos las personas ahora más indefensas, y no se necesiten ayudas externas como afirma Lagarde en relación con Grecia. Perdón, creo que estoy soñando, que estoy ideando una utopía. ¿Cómo van a renunciar esos banqueros a esas retribuciones mensuales con las que podían vivir más de 40 familias durante un año? ¿Qué hacemos con 55.000 liberados que se mencionan en un artículo de LA NUEVA ESPAÑA que son una permanente carga para las empresas, cuando la afiliación sindical no llega al 15% de los trabajadores, que son los que soportan la crisis? ¿Cómo se permiten esas jubilaciones anticipadas de personas con apenas 40 años, que atendiendo a la edad en que comenzaron a trabajar y las expectativas de vida en los 80 años, estarán aproximadamente 60 años viviendo a costa de los demás? ¿Cómo se acepta la conducta de esas industrias o empresas que rejuvenecen su plantilla, cuando eso significa encarecer los servicios que prestan a la sociedad, precio de esos servicios que muchas veces ha de fijar el Gobierno?... etcétera.
Tiene que reaccionar el Estado en el sentido indicado y tiene que nacer un proyecto integrador que elimine tanta desigualdad, porque el planeta tiene suficientes recursos para una Humanidad más igual. De no surgir ese proyecto, creo que no tenemos solución y, si ésta es posible, su búsqueda la dejo para los sociólogos y politólogos.
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