Los gobiernos regionales de Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia son los únicos que se han tomado en serio el recorte de altos cargos y gastos en el ámbito ejecutivo y aplican ya las recomendaciones en la materia incluidas en la reforma de la Administración aprobada por el Gobierno de Rajoy. Nacionalistas y socialistas (con IU) rechazan cualquier ajuste estructural en las Autonomías que controlan. En las del PP destaca el retraso de la Comunidad Valenciana o de Extremadura comparado con los avances de Ignacio González o María Dolores de Cospedal.
En los parlamentos regionales, los estatutos de Autonomía blindados y la negativa de nacionalistas, socialistas y regionalistas a reducir el número de diputados bloquea la posibilidad de ahorrar y racionalizar el gasto en los actuales 1.268 parlamentarios autonómicos (más asesores, secretarías y demás personal adscrito) dedicados a legislar en toda España. De momento, sólo el 2 por ciento de esos cargos se verá amortizado en los próximos comicios autonómicos de mayo de 2015.
En el ámbito de los ejecutivos regionales, donde cada gobierno depende sólo de la mayoría en el poder, sí se han registrado progresos en la reducción de altos cargos, asesores, organismos públicos, entes y demás sectores de la administración autonómica. Pero las diferencias son enormes. En un extremo están los casos del País Vasco o Cataluña, decididos a mantener o aumentar sus actuales “estructuras de Estado”, todo el aparato político y de propaganda. En el otro, los recortes aplicados ya por los ejecutivos del PP en Comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha.
Cospedal y gonzález renuevan el convenio de transporte entre clm y madrid
Ignacio González y Cospedal encabezan la lista de gobernantes más cumplidores con el patrón de reforma de la Administración planteado en julio por el Gobierno. En Madrid y Castilla-La Mancha ya han suprimido la institución del Defensor del Pueblo autonómico y la del Consejo Económico y Social y han dejado al mínimo sus respectivas televisiones. Además, han recortado consejerías y el número de altos cargos y asesores al tiempo que suprimían todo tipo de entes públicos.
Las cifras de Madrid, por su peso económico y administrativo, son las más llamativas del recorte en el aparato de las Autonomías. Con la Xunta de Galicia, fue la primera en tomar medidas de ajuste en cuanto llegó la crisis. En la Comunidad de Madrid aseguran que desde 2008 han logrado ahorrar 3.260 millones de euros en el citado capítulo (altos cargos, gasto corriente, alquileres, subvenciones y sector público empresarial) hasta convertirse en la Comunidad con un menor gasto sobre PIB: un 9 por ciento.
El Gobierno autonómico de Madrid es de los más pequeños en su estructura: ha pasado de 15 a 8 consejerías, ha eliminado la vicepresidencia y el número de altos cargos se ha reducido en 46 de los162 que había en la anterior legislatura.
En otro nivel de peso económico, la Junta de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospedal ha seguido el mismo patrón hasta dejar en menos de la mitad la estructura de su ejecutivo. Ha suprimido el 60 por ciento de los altos cargos en su conjunto y del 40 por ciento del personal eventual. También ha cerrado organismos como la oficina en Bruselas (heredada de la etapa del PSOE) o el servicio público de empleo que se superponía al de la Administración central. En las Cortes regionales, Cospedal ha ido más lejos que nadie al reducir a la mitad el número de diputados y suprimir el sueldo fijo de la mayoría de los mismos.
En Galicia, Alberto Núñez Feijóo aplica desde su anterior mandato medidas de ajuste administrativo, como la supresión de los 52 delegados provinciales, la reducción del 40 por ciento de las consejerías (de 13 a 8) o la liquidación de 51 organismos dependiente del ejecutivo autonómico. También ha trasladado las delegaciones de su gobierno en el exterior a los centros gallegos para reducir en un 50 por ciento los gastos en ese capítulo.
Fabra y Monago, a la cola
Mariano rajoy - jose antonio monago
Frente a esas cifras, Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana sólo redujo dos consejerías en su gabinete (de 10 pasó a 8) y el 30 por ciento de los cargos políticos y de personal de confianza. En Extremadura, José Antonio Monago ha eliminado 4 de sus 11 consejerías. En Murcia, uno de los principales recortes ha sido suprimir el Defensor del Pueblo.
Donde se han tomado las medidas menos drásticas ha sido en la Junta de Castilla y León, pero en fuentes del PP destacan que también era la que menos margen tenía para hacerlo por ser de origen una de las más austeras y con menos aparato político y administrativo. El número de consejerías ha pasado de 12 a 9 y la reducción de altos cargos es de un 25 por ciento.
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