El Consejo Económico y Social (CES) aconseja al Gobierno en su dictamen sobre la reforma de pensiones que reconsidere la oportunidad de desligar la revalorización de las pensiones del IPC, puesto que el nuevo índice de revalorización propuesto acarreará una pérdida del poder adquisitivo.
El dictamen, aprobado hoy en el pleno del CES por 43 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, señala que un índice de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema plantea dudas, ya que provocará pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, "que en principio no llegarían a recuperarse".
Respecto al factor de sostenibilidad, dice que no se ajusta "ni en la formulación concreta ni en el plazo previsto para su entrada en vigor" a lo establecido en la Ley 27 de 2011 y critica que la esperanza de vida sea el único parámetro utilizado en su cálculo.
En un principio estaba previsto que dicho factor entrara en vigor en 2027 y la primera revisión se hiciera cinco años después, pero el Gobierno ha propuesto que esté en vigor desde 2014 y se empiece a aplicar en 2019.
Además, el CES muestra su preocupación por los efectos de la "automaticidad" de la aplicación del factor de sostenibilidad, "basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida".
Por ello, pide que se combine con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral.
Asimismo, critica la premura de los plazos para la emisión del dictamen, que no ha facilitado un ejercicio de reflexión.
En términos generales, el dictamen considera que es un objetivo "primordial" garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad financiera.
El CES señala que es una obligación contribuir a garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones en la actualidad, y también en el medio y largo plazo, "respetando y reforzando los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional".
No obstante, el CES echa en falta una diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a los que se enfrenta el sistema y los estructurales relacionados con el envejecimiento de la población.
También pide que dentro del diálogo social y de la comisión del Pacto de Toledo se lleve a cabo una "profunda" reflexión para estudiar alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia.
El CES señala que es conveniente que se abran los cauces del diálogo social pertinentes para que por consenso se continúe con el proceso de viabilidad del sistema.
VUELTA A LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE 2011.
Además, el dictamen considera que el desarrollo del factor de sostenibilidad que propone el Gobierno, para su puesta en marcha a partir de 2019, "no se ajusta" a lo establecido en la Ley 27/2011 de reforma del sistema de pensiones, "ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor", que se sitúa en dicha norma en 2027.
"Al CES le preocupan los efectos de la automaticidad de la aplicación de este factor, basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida", señala, antes de añadir que "sería conveniente" estudiar la posibilidad de "modular" dicha automaticidad combinándola con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos.
Por otro lado, el órgano consultivo echa en falta una "diferenciación" entre lo que son las necesidades financieras del sistema de pensiones "coyunturales", que tienen que ver con la caída de las afiliaciones en el actual contexto de crisis, y los "estructurales", vinculados al envejecimiento de la población.
Asimismo, el texto aprobado por el Pleno del CES estima "más adecuado" llevar a cabo en el marco del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo una "profunda reflexión" en torno a la posibilidad de estudiar "vías alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia".
DURA CRITICA AL PROCEDIMIENTO Y DEFENSA DEL PACTO DE TOLEDO.
Por otro lado, el dictamen definitivo también carga contra lo que consideran un procedimiento "singular" por parte del Gobierno a la hora de pedir consulta al CES, en tanto que ésta se ha realizado con escasos días de diferencia respecto al momento de su aprobación en el Consejo de Ministros.
"La singularidad del procedimiento por el que se ha optado esta vez, junto a la premura de los plazos para la emisión de este dictamen no ha facilitado el ejercicio de reflexión conjunta y el acercamiento de posiciones sobre una norma de la trascendencia de la que nos ocupa", señala.
"En esta ocasión la solicitud del dictamen se ha hecho coincidir en el tiempo con las consultas a los agentes sociales, grupos parlamentarios y la Comisión del Pacto de Toledo", apostilla.
Una tercer enmienda aprobada presentada también por los miembros del Gobierno ha borrado de la exposición de motivos del dictamen una referencia a la necesaria "recuperación" del diálogo social para sacar adelante esta reforma. Los miembros del Gobierno alegaron que el diálogo no se ha roto en ningún momento.
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