Un drástico cambio fiscal que no asfixie a la clase media.
Mantener las políticas sociales, controlar el déficit público y reducir la presión fiscal no es una ecuación imposible.
Mantener las políticas sociales, controlar el déficit público y reducir la presión fiscal no es una ecuación imposible. Depende de las prioridades y de lo que estén dispuestos a sacrificar los políticos. Los indicadores empiezan a mejorar, según el Gobierno. La demanda interna, en mínimos, necesita reactivarse. Hay que intentar vías para recomponer la economía que no inmolen a los de siempre, una clase media que lleva dos años con la soga al cuello. La principal, un cambio radical en la fiscalidad. Disponer de dinero para consumir, ahorrar o saldar deudas darán más fruto en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas de unas administraciones predispuestas a las ocurrencias caras e inútiles y a entrometerse en todo.
Andalucía quiere limitar los movimientos de las cuentas de personas en situación de «muerte previsible» un año antes de su fallecimiento. Así no escapa a su control ni un euro de los herederos. ¿Y cómo determina una Administración la condición de moribundo de un administrado y la fecha en la cual va a fenecer? La corresponsabilidad de las autonomías no consiste en darse al disparate. El sistema fiscal español tiene que recobrar el sentido común. Todo han sido chapuzas coyunturales e improvisaciones para satisfacer a grupos de presión, sin visión estratégica. Lo peor no es el caos al que estamos llegando, sino que con tantas excepciones interesadas cada vez menos rentas sostienen la hacienda. Sólo las de aquellos que no tienen escapatoria o fuerza para imponer privilegios: los asalariados y los medianos y pequeños empresarios. Nadie puede pretender unas prestaciones alemanas con impuestos africanos, pero tampoco sufragar unos servicios decentes sin la contribución y la solidaridad colectivas. Y esto rige para las personas y para los territorios.
Hay incentivos perversos que subvencionan la inactividad y desmotivan el trabajo o el emprendimiento, pues a partir de un determinado nivel de ingresos o beneficios no compensa seguir adelante por las tributaciones abusivas y es preferible echarse a la bartola. Está demostrado empíricamente. Muchas compañías dejan de crecer cuando rebasan los seis millones de euros de facturación. Así padece este país raquitismo empresarial. Las grandes multinacionales, en cambio, mantienen estructuras al borde de la legalidad en paraísos fiscales, riéndose de las normas nacionales. Disponiendo de unos tipos elevados, similares a los de Suecia o Noruega, la tasa de recaudación, bajísima, está al nivel de Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. Algo no encaja, y no puede tolerarse por más tiempo. El Gobierno central y el asturiano tienen la palabra. Ambos gozan de capacidad normativa para aliviar o presionar al contribuyente. En gravámenes propios y en otros que, como el IRPF, comparten.
Los ciudadanos desean realidades, no promesas de milagros imposibles. PP y PSOE ejecutan y pregonan cosas diferentes según estén en el Gobierno o en la oposición. Con palabras tan similares que resultan intercambiables. La derecha defiende bajadas fiscales hasta que la necesidad o Angela Merkel destrozan sus dogmas. La izquierda aboga por las subidas «únicamente a los ricos». Una descomunal falacia. Saben de sobra que los incrementos acaban reposando en los mismos hombros, y no precisamente en los de los pudientes. PSOE y PP son conscientes de la solución, hasta les costaría poco entenderse. No llegan a acuerdos porque prefieren buscar culpables y desgastar al rival. La táctica de los mediocres.
La deuda y el déficit andan desbocados y la presión ha bajado porque los guardianes de la ortodoxia relajaron la vigilancia. España debe ya tanto como lo que produce en un año. En 2007, en el éxtasis económico y con un 9% de paro, el Estado ingresó 433.000 millones de euros, un récord. El año pasado gastó 493.660 millones, 13.500 millones más que en 2011. Ni con lo recaudado en pleno esplendor hubiéramos podido equilibrar las cuentas. Seguir tapando el agujero con endeudamiento terminará en desastre. Los ciudadanos acaban adaptándose a las circunstancias. ¿Quién no acepta hoy el empleo mileurista que antes criticaba? Las familias ya están asumiendo menores ingresos, límites al Estado del bienestar y esfuerzos para proveerse de ahorros, con unas pensiones que nadie sabe en qué acabarán mañana. Pero a los dirigentes les cuesta eliminar grasa. Exigen los sacrificios a otros.
«Hay que evitar las medidas fáciles como las subidas de impuestos en países que ya tienen impuestos muy altos. Hay que bajar impuestos y recortar el gasto improductivo». Lo dijo Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, hace tres meses. El recado era para España, aunque aquí nadie hizo acuse de recibo. La OCDE ya recomendó una profunda reforma tributaria que desplace el peso del factor trabajo hacia el consumo, el patrimonio y los recursos naturales. El sistema impositivo no funciona, y necesita un drástico giro. España está recaudando menos en aquellos impuestos que subió que otros países que ni los tocaron. Habríamos rebasado la cúspide de la curva de Laffer, el punto a partir del cual una carga excesiva deprime más la economía. La demanda interna permanece hundida. No es seguro que una bajada de impuestos la active pero sí que un incremento la frena. Para recuperar un crecimiento robusto que genere empleo suficiente con el mercado exterior no basta: hay que avivar el consumo con medidas que no asfixien más a la clase media.
En lo único que Asturias figura a la cabeza de Europa es en tributos. Necesitamos eliminar las distorsiones de la economía asistida y de las subvenciones, con sus proteccionismos y sus pesebrismos, y también las servidumbres que desequilibran el trato fiscal. No tocar nada no puede ser una opción, aunque tampoco emprender cualquier cosa; pero mantener lo que hay supone una estafa monumental, porque no reparte con equidad las obligaciones y tolera el fraude y la evasión. Unos pocos, y no los favorecidos sino los cumplidores, no pueden acabar pagando por todos.
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Andalucía quiere limitar los movimientos de las cuentas de personas en situación de «muerte previsible» un año antes de su fallecimiento. Así no escapa a su control ni un euro de los herederos. ¿Y cómo determina una Administración la condición de moribundo de un administrado y la fecha en la cual va a fenecer? La corresponsabilidad de las autonomías no consiste en darse al disparate. El sistema fiscal español tiene que recobrar el sentido común. Todo han sido chapuzas coyunturales e improvisaciones para satisfacer a grupos de presión, sin visión estratégica. Lo peor no es el caos al que estamos llegando, sino que con tantas excepciones interesadas cada vez menos rentas sostienen la hacienda. Sólo las de aquellos que no tienen escapatoria o fuerza para imponer privilegios: los asalariados y los medianos y pequeños empresarios. Nadie puede pretender unas prestaciones alemanas con impuestos africanos, pero tampoco sufragar unos servicios decentes sin la contribución y la solidaridad colectivas. Y esto rige para las personas y para los territorios.
Hay incentivos perversos que subvencionan la inactividad y desmotivan el trabajo o el emprendimiento, pues a partir de un determinado nivel de ingresos o beneficios no compensa seguir adelante por las tributaciones abusivas y es preferible echarse a la bartola. Está demostrado empíricamente. Muchas compañías dejan de crecer cuando rebasan los seis millones de euros de facturación. Así padece este país raquitismo empresarial. Las grandes multinacionales, en cambio, mantienen estructuras al borde de la legalidad en paraísos fiscales, riéndose de las normas nacionales. Disponiendo de unos tipos elevados, similares a los de Suecia o Noruega, la tasa de recaudación, bajísima, está al nivel de Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. Algo no encaja, y no puede tolerarse por más tiempo. El Gobierno central y el asturiano tienen la palabra. Ambos gozan de capacidad normativa para aliviar o presionar al contribuyente. En gravámenes propios y en otros que, como el IRPF, comparten.
Los ciudadanos desean realidades, no promesas de milagros imposibles. PP y PSOE ejecutan y pregonan cosas diferentes según estén en el Gobierno o en la oposición. Con palabras tan similares que resultan intercambiables. La derecha defiende bajadas fiscales hasta que la necesidad o Angela Merkel destrozan sus dogmas. La izquierda aboga por las subidas «únicamente a los ricos». Una descomunal falacia. Saben de sobra que los incrementos acaban reposando en los mismos hombros, y no precisamente en los de los pudientes. PSOE y PP son conscientes de la solución, hasta les costaría poco entenderse. No llegan a acuerdos porque prefieren buscar culpables y desgastar al rival. La táctica de los mediocres.
La deuda y el déficit andan desbocados y la presión ha bajado porque los guardianes de la ortodoxia relajaron la vigilancia. España debe ya tanto como lo que produce en un año. En 2007, en el éxtasis económico y con un 9% de paro, el Estado ingresó 433.000 millones de euros, un récord. El año pasado gastó 493.660 millones, 13.500 millones más que en 2011. Ni con lo recaudado en pleno esplendor hubiéramos podido equilibrar las cuentas. Seguir tapando el agujero con endeudamiento terminará en desastre. Los ciudadanos acaban adaptándose a las circunstancias. ¿Quién no acepta hoy el empleo mileurista que antes criticaba? Las familias ya están asumiendo menores ingresos, límites al Estado del bienestar y esfuerzos para proveerse de ahorros, con unas pensiones que nadie sabe en qué acabarán mañana. Pero a los dirigentes les cuesta eliminar grasa. Exigen los sacrificios a otros.
«Hay que evitar las medidas fáciles como las subidas de impuestos en países que ya tienen impuestos muy altos. Hay que bajar impuestos y recortar el gasto improductivo». Lo dijo Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, hace tres meses. El recado era para España, aunque aquí nadie hizo acuse de recibo. La OCDE ya recomendó una profunda reforma tributaria que desplace el peso del factor trabajo hacia el consumo, el patrimonio y los recursos naturales. El sistema impositivo no funciona, y necesita un drástico giro. España está recaudando menos en aquellos impuestos que subió que otros países que ni los tocaron. Habríamos rebasado la cúspide de la curva de Laffer, el punto a partir del cual una carga excesiva deprime más la economía. La demanda interna permanece hundida. No es seguro que una bajada de impuestos la active pero sí que un incremento la frena. Para recuperar un crecimiento robusto que genere empleo suficiente con el mercado exterior no basta: hay que avivar el consumo con medidas que no asfixien más a la clase media.
En lo único que Asturias figura a la cabeza de Europa es en tributos. Necesitamos eliminar las distorsiones de la economía asistida y de las subvenciones, con sus proteccionismos y sus pesebrismos, y también las servidumbres que desequilibran el trato fiscal. No tocar nada no puede ser una opción, aunque tampoco emprender cualquier cosa; pero mantener lo que hay supone una estafa monumental, porque no reparte con equidad las obligaciones y tolera el fraude y la evasión. Unos pocos, y no los favorecidos sino los cumplidores, no pueden acabar pagando por todos.
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