El ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón
Varapalo del Tribunal Supremo a Gallardón: anula el indulto al 'kamikaze' de la AP-7.
El Tribunal Supremo ha propinado un auténtico varapalo a Alberto Ruiz-Gallardón, al anular el polémico indulto que el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, concedió al kamikaze que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista de peaje AP-7.
Después de tres días de intensas deliberaciones, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acaba de estimar el recurso que presentó la familia del fallecido, José Ortega Dolz, contra la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2012.
El Gobierno, a iniciativa de Ruiz-Gallardón, concedió aquel día el indulto a Ramón Ríos Salgado, condenado a 13 años de prisión por conducir durante cinco kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y provocar la muerte de Ortega Dolz y graves heridas a su novia, en 2003.
El kamikaze fue indultado cuando llevaba poco más de nueve meses en prisión, y su condena conmutada por una multa de 4.380 euros. La medida de gracia se adoptó pese al criterio en contra de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial de Valencia.
Fuentes cercanas al alto tribunal han confirmado a El Confidencial que la Sala de lo Contencioso, por mayoría de sus 34 magistrados, ha acordado anular el real decreto de indulto que impulsó Ruiz-Gallardón. Y concede un plazo de tres meses al Gobierno para subsanar los defectos de aquel decreto, lo que significa que, al menos por ahora, Ríos Salgado no tendrá que volver a prisión.
El ponente, cercano a Gallardón
El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Carlos Lesmes, muy cercano al ministro de Justicia, que ha votado a favor de mantener el indulto, según las mismas fuentes. Lesmes es uno de los grandes favoritos a ocupar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación negocian en secreto y a marchas forzadas el PP y el PSOE.
Los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces deberían haber sido elegidos el pasado 20 de septiembre, cuando concluyó el mandato del actual CGPJ, pero populares y socialistas, incapaces de alcanzar un acuerdo, prorrogaron el martes por cuarta vez, y durante otra semana, el plazo de las negociaciones.
La petición de indulto al Gobierno se gestionó desde el prestigioso despacho de abogados Uría y Menéndez, y el letrado encargado de su tramitación fue Esteban Astarloa, hermano del diputado del PP y ex subsecretario de Justicia Ignacio Astarloa.
La alarma social creció al trascender que en ese mismo bufete trabaja José Ruiz-Gallardón Utrera, uno de los hijos del ministro de Justicia. Ambas circunstancias empujaron al PSOE de la Comunidad Valenciana a reclamar a la Fiscalía que investigara la posible comisión de un delito de tráfico de influencias en la concesión del indulto.
COMENTARIO:
Así que matar a una persona y herir gravemente a otra solo vale 4.380 € y 13 años de cárcel, suponiendo el íntegro cumplimiento...
No contentos con semejante injusticia, se remueve Roma con Santiago para obtener un indulto...
Este ministro apesta, lo lleva en la cara...
Un acto de Justicia anular un indulto por recomendación a alguien que ha quebrantado la más elemental norma de conducción con consecuencia de muerte y me alegro especialmente ahora que en mi familia estamos padeciendo las consecuencias en cadena de un atropello en un paso de cebra, con rotura de una vértebra, el húmero, y unas cuantas cosas más. Los conductores son muy poco respetuosos con los pasos de cebra, no son conscientes que manejan un arma de muerte además de un estupendo medio de transporte. El dolor, la incertidumbre, la depresión, los enormes gastos que se originan y que las Compañías de seguros no tienen en cuenta, son enormes. Los responsables debieran ser obligados por los jueces a ayudar a la recuperación de sus víctimas, porque ahora con dar el parte a la Compañía ellos siguen su vida, mientras la de los afectados queda totalmente alterada.
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