El Gobierno incorpora una sanción contra las ofensas a España.
Las críticas por la dureza del texto obligan al Gobierno a rebajar algunas sanciones.
El ministro al presentar la nueva ley de seguridad: “Gana en garantías”.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Aunque a la ley le espera aún toda la tramitación parlamentaria —el Ejecutivo prevé que sea aprobada por las Cortes a lo largo del primer semestre de 2014—, la reforma ha sido muy criticada por la oposición y varios movimientos sociales por la dureza de las medidas que figuran en el texto.
La novedad en la presentación de la ley, que ha llevado a cabo Jorge Fernández tras el Consejo de Ministros, se ha centrado en la incorporación de una sanción, de entre 1.001 y 30.000 euros, por las "ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas". El ministro ha explicado que actos como gritar consignas o portar pancartas "ofensivas o injuriosas contra España o una comunidad autónoma" en una manifestación se considerarán faltas graves.
El ministro ha asegurado que esto no incluye, por ejemplo, pitar el himno de España en un estadio, como ha sucedido en varias ocasiones, porque eso está recogido en la ley contra la violencia en el deporte, donde según ha recordado también hay multas de hasta 650.000 euros. Preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz ha reconocido que no se considerarán faltas si se producen dentro de la legalidad y sin violencia. Sin embargo, la casuística es muy diversa y fuentes de Interior admiten que habrá que esperar al desarrollo de la ley para ver cómo queda el detalle.
En cualquier caso, con esta incorporación de última hora sobre las "ofensas a España" el Gobierno da satisfacción a su electorado, abre una polémica con los partidos catalanes y de paso desvía la atención del corazón de la norma, esto es la represión a través de multas muy importantes para evitar las manifestaciones sin previo aviso cerca del Congreso que tanto preocuparon al Ejecutivo por la imagen internacional que ofrecían.
"La nueva ley será la consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno", ha dicho el ministro, que ha valorado que los castigos a ciertos comportamientos "no deben ser penales, sino que deben estar "un escalón por debajo". El ministro ha defendido que el nuevo texto "gana notablemente en garantías", porque, ha dicho, recoge el concepto de seguridad ciudadana con arreglo al concepto del Constitucional.
Esas protestas han hecho que Interior suavizara este miércoles la dureza del borrador. La ley recogía multas de hasta 30.000 euros por participar en un botellón que perturbe la tranquilidad ciudadana o de hasta 600.000 por participar en concentraciones no comunicadas frente al Congreso, Senado u otras instituciones. Tras la última modificación, esta sanción pasa de “muy grave” a “grave” —multas de hasta 600.000 euros pasan a 30.000— y reduce de “grave” a “leve” —que pasan de 30.000 euros a 1.000)— las amenazas o insultos a los antidisturbios. Manifestarse cerca del Congreso estará penado con hasta 30.000 euros, una cantidad inaccesible para la mayoría de los manifestantes, jóvenes mileuristas o desempleados.
El ministro ha defendido su ley y ante una pregunta expresa, ha confiado en que a él no le suceda como a José Luis Corcuera. En 1992, la polémica por una ley sobre la seguridad ciudadana, que fue corregida por el Tribunal Constitucional, acabó con la carrera política del ex ministro socialista. "La ley tiene todas las garantías y además se elevará a informe del Poder Judicial y del Consejo de Estado. En cualquier caso, mi puesto está siempre a disposición del presidente Rajoy", ha señalado Fernández con una sonrisa.
Una de las críticas más fuertes recuerda que al convertir lo que antes eran faltas en sanciones administrativas, el Gobierno ha dado mucho más poder a la policía y a la Administración, que impondrá la sanción sin tener que esperar a que un juez decida -la mayoría estaban fallando en contra de los intereses del Ejecutivo y absolvían a los detenidos en las protestas-. El ministro ha recordado que cualquier sanción se podrá recurrir ante los tribunales -que ahora además han incorporado altas tasas- y aseguró que al salir del Código Penal se rebaja la dureza con la que se combate estas "conductas antisociales".
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue preguntada por el mensaje que lanza el Gobierno a los ciudadanos al aprobar una ley represiva de las protestas antes que el paquete anticorrupción prometido ya hace 11 meses por el Gobierno. La corrupción es uno de los motivos precisamente de esas protestas. La vicepresidenta contestó que el jueves se aprobó la ley de transparencia, la primera del paquete de regeneración democrática, y en diciembre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar los anteproyectos de las medidas anticorrupción varias veces anunciadas y prometidas por Mariano Rajoy.
El proyecto apenas ha sufrido alteraciones respecto a lo que considera faltas graves, además de las que ahora han sido incorporadas a ese capítulo. Entre los comportamientos a castigar figuran: alterar el orden haciéndolo encapuchado; ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios de prostitución cerca de colegios; cultivar o transportar estupefacientes; hacer botellón que perturbe la tranquilidad ciudadana; la conducción de cundas (taxis de la droga); escalar edificios públicos como acción de protesta u obstaculizar la calle con neumáticos u otros objetos.
Las críticas de la oposición han sido muy duras e insistentes. “Ustedes quieren hacer una ley contra la protesta; una ley de represión ciudadana”, dijo el diputado socialista Eduardo Madina al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la bronca sesión de control del pasado miércoles. El diputado vasco alertó al Ejecutivo de que le espera "una oleada de protesta social como nunca ha habido" a la que se sumará el PSOE.
COMENTARIO:
De momento, por lo que parece, se les da a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado la presunción de verdad. Es decir, que sólo con lo que ellos digan bastaría para multar. Eso sí... dicha multa no la impone un juez. Y sería recurrible (previo pago de las tasas que, listos ellos, ya se han preocupado de subir de forma desorbitante. Es una VERGÜENZA!
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