El Ministerio del Interior prepara una reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 1992 que elevará la cuantía de las multas para las infracciones de desórdenes públicos y los comportamientos que incumplan la ley reguladora del derecho de reunión. La nueva norma sancionará con mayor contundencia la quema de contenedores, los escraches a autoridades y las concentraciones frente a instituciones constitucionales, al estilo de la manifestación de Rodea el Congreso que se produjeron en septiembre de 2012. También se perseguirán con mayor firmeza los atentados contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
La reforma ha sido anunciada este miércoles en el Congreso por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Su objetivo es que el proyecto de reforma sea presentado ante el Consejo de Ministros en el plazo de un mes. Tras su aprobación en esta sede, se dará traslado a las instituciones competentes para que informen sobre el proyecto. En este caso, al tratarse de una ley que afecta a derechos fundamentales, será necesario un dictamen previo a su aprobación del Consejo de Estado.
Según fuentes del Ministerio, el objetivo de la norma es clarificar las sanciones para este tipo de infracciones. Hasta ahora, todas ellas estaban reguladas en el Código Penal como faltas, pero la reforma que está tramitándose en el Congreso las dejará fuera. Interior quiere aprovechar esta circunstancia para reordenar el catálogo sancionador regulando comportamientos que se encontraban en un vacío normativo.
La pah realiza un escrache en el barrio del diputado gil lazaro (pp)
Con la nueva ley de Seguridad Ciudadana, los organizadores de reuniones frente a órganos constitucionales que no respeten las resoluciones de las delegaciones del Gobierno correspondientes –ya sea un cambio de ubicación o de hora, o directamente la prohibición de realizarlas- podrán ser sancionados por infracción administrativa muy grave, que en la mayoría de los casos se traducirán en multas de elevada cuantía. Fernández Díaz ha evitado concretar a qué importe se elevarán las sanciones.
En estos supuestos entran las concentraciones convocadas en los últimos meses frente al Congreso de los Diputados y los escarches organizados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas la pasada primavera. Una de estas concentraciones tuvo lugar frente a la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Interior espera que la tramitación parlamentaria concluya en el menor tiempo posible.
COMENTARIO:
La represión en una democracia bananera. Todos callados a la fuerza. Esta situación tiene que reventar y pronto.
Una vez más, se atacan los derechos fundamentales de los ciudadanos, y no pasa nada.
Es un intento de criminalizar cualquier protesta, y de considerar a cualquier ciudadano que se manifieste pacíficamente como un vándalo y un extremista de izquierda radical, por ponerle todos los adjetivos que ellos utilizan.
Las amenazas de multas, por el simple hecho de acudir o pasar por allí, y a saber que cosas más se les puede ocurrir, es represión pura y dura.
Durante la funesta transición, se prohibió la crítica a la monarquía, al ejército, o cuestionar la forma de Estado. Ahora, bajo una apariencia democrática, se quiere prohibir que los ciudadanos se expresen con libertad y sin miedo.
Y si hablan de violencia, eso es lo que hay cuando 50 o 100 policías van a echar a la gente de sus casas.
Violencia, es infiltrar policías para provocar altercados y poder atacar con impunidad a manifestantes pacíficos, echándoles encima la culpa de provocar los altercados.
Violencia, desmedida e innecesaria, es cuando unos representantes del orden público torturan a un detenido en una comisaría, y que el gobierno les indulte dos veces, cuando son condenados.
Violencia es que un ciudadano llame a las fuerzas de seguridad para ser asistido, y acabe muerto en la calle por los golpes sufridos.
Violencia es tapar todas estas cosas, permitirlas, ampararlas, defenderlas, excusarlas y perdonarlas.
Meter la mano en el dinero público, recibir sobres de billetes de 500, colocarse en los consejos de administración de las grandes empresas, a cambio de favores prestados o por prestar, llevarse el dinero a paraísos fiscales, matar inocentes en guerras injustas, estafar a miles de ciudadanos para quedarse con sus ahorros, fundirse las cajas de ahorros, y un sinfín de tropelías más, es más fino y más tolerable para ellos, debe ser que se encuentran mas a gusto en ese lado.
A estos no hay que molestarles, no hay que ponerles trabas, al contrario, fiscales que les exculpen.
Porque la violencia y el peligro para la sociedad no está en estos ladrones de guante blanco, gris, o negro, no, el verdadero peligro para la democracia está representado por el yayo preferentista estafado, con una pancarta delante de un organismo público o de un Rato cualquiera.
O la mayoría de la sociedad piensa que el yayo es el peligro y el problema, o está claro que los ciudadanos no estamos representados por nadie, por mucha mayoría silenciosa a la que apelen.
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