Se habla de médicos que amenazan con marcharse a la sanidad privada, como si el sistema público fuera un decorado sin consecuencias o la privada un refugio automático de talento.
Que se vayan. Pero no después de convertir la atención sanitaria en un campo de presión, donde el paciente ya no es el centro, sino la herramienta.
Una huelga sanitaria no es una huelga cualquiera. Cuando el conflicto laboral se traduce en demoras, cancelaciones y abandono asistencial, el derecho a la protesta empieza a rozar el abuso de posición. Porque aquí no se interrumpe una fábrica ni un servicio accesorio: se interrumpe la atención de personas enfermas.
Las reivindicaciones laborales tienen cauces legítimos. Pero hay límites que no dependen de la estrategia sindical, sino de la responsabilidad profesional. Y ese límite es el paciente.
Se invoca con frecuencia el código deontológico, la vocación, el compromiso. Pero todo eso pierde sentido cuando la presión colectiva se ejerce sobre quien no tiene alternativa ni margen de defensa: el enfermo.
Hubo un tiempo en que la sanidad pública española era motivo de orgullo. No por propaganda, sino por resultados. Hoy, en cambio, el sistema se ha degradado hasta el punto de normalizar lo inaceptable: listas de espera interminables, urgencias colapsadas y una relación cada vez más rota entre ciudadanos y sistema.
No es un problema exclusivo de los médicos, ni tampoco de los pacientes. Es el resultado de años de mala gestión, decisiones políticas erráticas y falta de planificación real. Pero eso no borra una evidencia: cuando el sistema entra en conflicto, quien no puede pagar el coste no puede ser el enfermo.
La sanidad pública no puede funcionar bajo la lógica de la presión permanente ni del abandono como arma. Quien trabaja en ella no está prestando un favor: está cumpliendo un compromiso que tiene un único destinatario posible. Y ese destinatario no puede ser el daño colateral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario