La Justicia pone en su sitio la chapuza de Interior en Ceuta.
La operación de expulsión masiva (aunque por etapas) de los menores llegados a Ceuta en la avalancha de mayo, ideada y ejecutada por el Ministerio del Interior, se ha encontrado con, al menos, un doble problema. El primero es la oposición frontal de parte del Gobierno, el Defensor del Pueblo, las oenegés y hasta los obispos, que han pedido que se detenga de inmediato por ser ilegal. Y el segundo es, precisamente, que todas las garantías jurídicas prometidas por Grande-Marlaska se desvanecen después de que un juzgado de Ceuta paralice durante 72 horas las expulsiones de los muchachos al considerar acreditado que «ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores». Hablamos de una chapuza administrativa notable, como refleja el propio auto judicial, que es demoledor al señalar que «no se cumple nada de lo ordenado por la Ley de Extranjería referido a menores».
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