La comisión del Consell de Mallorca exculpa a políticos y técnicos de los casos de explotación sexual de menores
Zanja el debate: «La responsabilidad es del agresor»
La Comisión Política del Consell de Mallorca creada para analizar los casos de explotación sexual infantil de menores tutelados por la institución ha concluido que no hay responsabilidad política ni de los técnicos. En el informe final de esta comisión aprobado por los partidos de izquierda junto a los regionalistas de El Pi y Ciudadanos -el PP y Vox no han participado en esta comisión- se incluye una larga lista de recomendaciones, pero ninguna culpabilidad, ya que los políticos no tenían acceso a los expedientes.
«La comisión entiende que no puede determinarse responsabilidad política en la problemática de explotación sexual infantil en sí misma. La responsabilidad de la ESI es del explotador/agresor y es fundamental denunciar y perseguir el delito», asegura el informe, que se presentará el próximo lunes al Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para su debate y votación antes de su aprobación definitiva.
«Ha quedado claro que se trataba de casos aislados detectados entre 2017, 2018 y 2019, que no tenían relación entre ellos y se ha descartado por los intervinientes que ellos mismos formasen parte de ninguna red de explotación infantil», asegura el informe, que también exculpa a los técnicos porque la explotación sexual infantil estaba invisibilizada: «Los técnicos insistieron en que el maltrato o las agresiones sexuales a menores se trataban de manera genérica y que, con los años, ha sido necesario ir concretando y especificando todas las casuísticas posibles».
El año pasado trascendió a la opinión pública la violación grupal en Palma, en la Nochevieja de 2019, a una menor tutelada por el IMAS, un instituto que forma parte del Consell. A raíz de ello, los partidos que gobiernan coaligados el Consell de Mallorca (PSOE, los nacionalistas de Més y Podemos) acordaron crear esta comisión para «evaluar las decisiones políticas en relación con la detección e intervención en los casos de explotación sexual a menores de edad». La comisión ha consistido en las declaraciones de políticos y técnicos durante doce sesiones de cuatro horas para analizar las cuatro últimas legislaturas.
El informe final incluye declaraciones de los técnicos del ámbito de la infancia y familia y de responsables políticos, y evidencia la necesidad de sensibilizar a la sociedad ante una problemática muy compleja que afecta a toda la sociedad y a la que hay que dar una mayor visibilidad. La comisión entiende que el trabajo de los políticos no es generar discursos que ataquen a las instituciones y estigmaticen las víctimas y al sistema de protección.
El documento constata que desde 2018 existen protocolos de actuación antes estos casos e instrucciones desde 2017 para detectarlos, y que resulta fundamental la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad, Fiscalía y el sistema de protección para proteger a las víctimas.
La represente del PSOE en la comisión, Lorena Oliver, ha destacado el trabajo de esta comisión política, que ha investigado y evaluado los hechos y las políticas desarrolladas durante varias legislaturas, con «total transparencia y todas las garantías», según informa Efe.
La representante del grupo Unidas Podemos en la comisión, Aurora Ribot, ha sostenido que ha quedado «claro que hubo un antes y un después» en la detección y persecución de estos casos cuando los grupos progresistas comenzaron a gobernar el Consell en 2015, tras gobiernos del PP que no hicieron «absolutamente nada».
El conseller de El Pi, Antoni Amengual, ha dicho que «se trata de casos aislados» y ha pedido «no hacer política» con los menores.
Por su parte, el portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, ha declarado que las conclusiones «evidencian» que se debe investigar la explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca.
Galmés ha calificado de «teatro» esta comisión política y ha dicho que las conclusiones del dictamen «estaban ya redactadas desde el minuto cero». Por ello, ha lamentado que «se ha perdido mucho tiempo y dinero en retrasar más de un año lo que es inevitable, que se investigue lo ocurrido».«Lo único que le interesa a la presidenta del Consell, a la socialista Catalina Cladera, es proteger su imagen y apariencia, toda esta comisión ha sido un oscuro papelón», ha sostenido Galmés, que se ha quejado de que su partido aún no haya recibido las conclusiones por escrito.
Finalmente, Vox ha tildado de «informe patraña» el dictamen de la comisión, que calificó de «tomadura de pelo y zafia maniobra» de la izquierda «con la lamentable muleta de Ciudadanos para seguir tapando un escándalo».
ESTO ES UN DELITO CONTRA LA NIÑEZ
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