El CGPJ rechaza por 13 votos a 8 llevar al TC y al Defensor del Pueblo la reforma que lo maniata
Pese a tener la iniciativa en sus manos, el Pleno no ha querido plantear un conflicto de atribuciones y se conformará con informar a la Comisión en el marco de una entrevista ya planificada
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado esta tarde, con 13 votos a favor y ocho en contra llevar al TC y al Defensor del Pueblo la reforma de PSOE y Podemos que limita sus funciones, algo que ya han denunciado ante Europa más de 2.500 jueces de España, la mitad de la carrera. Las diferencias que se apreciaron entre vocales de distintas sensibilidades en la tramitación de aquella proposición de ley, que está en vigor desde el pasado 30 de marzo, han vuelto a verse esta tarde en la falta de apoyo a la propuesta de un grupo de ocho vocales de llevarla al Tribunal Constitucional a través de un conflicto de atribuciones. El Gabinete Técnico del CGPJ avaló la posibilidad de presentar esta iniciativa en un informe en el que, sin analizar la constitucionalidad de la reforma, sí apuntaba a la posible invasión del núcleo competencial del Consejo.
A pocas horas de que comience la reunión todo apuntaba a que el Consejo no iba a ser capaz de responder al Legislativo con la única herramienta que tiene para hacerlo como institución dentro de nuestras fronteras. Como ya informó ABC, son varios los vocales que siguen considerando que es mejor que sean los partidos los que planteen (como de hecho ya lo han anunciado PP y Vox) un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley y que interponer un conflicto de atribuciones sería un «error estratégico» e inadecuado desde el punto de vista técnico. Otros, como el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, directamente opinan que el Legislativo actuó en el ejercicio de sus funciones y que el Consejo no puede interferir en la facultad legislativa.
Ronda de entrevistas
En lo que sí va a haber acuerdo es en las respuestas que se darán a la Comisión Europa en el marco de la ronda de entrevistas que está manteniendo con los distintos países miembros para elaborar su informe anual sobre la calidad del Estado de Derecho, un encuentro virtual que las asociaciones judiciales tendrán este viernes 30 y el Consejo el próximo 5 de mayo. Según ha podido saber este diario de fuentes del órgano, se espera que vocales aprueben con amplia mayoría el texto, que servirá de base para que los funcionarios de Bruselas repregunten ese día o amplíen lo que consideren conveniente. No obstante, tampoco es esta reacción «pasiva» la que esperaban las asociaciones judiciales del Consejo, pues querían que el Consejo se hubiera dirigido ya a la UE por iniciativa propia para plantear este ataque a la independencia judicial como ellas mismas hicieron en una carta a la Comisión.
En la propuesta que ocho vocales sometieron a debate y votación sobre la posibilidad de plantear ante el TC un conflicto de atribuciones, a la que ha tenido acceso ABC, se aludía al informe de los propios letrados del Consejo para señalar que con esta reforma se ha llevado a cabo una privación de competencias por parte de órgano constitucional, lo que «produce un menoscabo o lesión» que se constata «de manera actual y efectiva» sobre las competencias referentes a nombramientos. A juicio de los vocales, resulta «imprescindible» que desde el más alto nivel constitucional se clarifique qué competencias puede ejercer el Consejo y cuáles no.
En el texto se señala que la interposición de este conflicto de atribuciones es independiente del recurso de inconstitucionalidad por el que abogan algunos vocales: «No se pretende que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional dicha ley. Lo que se solicita de dicho órgano constitucional es dirimir conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales« y recuerda en este punto que, en plena tramitación de la proposición de ley, el CGPJ se dirigió a la Mesa del Congreso en dos ocasiones recordándole su obligación, conforme a las recomendaciones europeas, de escuchar a los jueces.
El borrador diferenciaba, como hicieron los letrados del Consejo, un CGPJ saliente y un CGPJ en funciones, de forma que el segundo no puede verse privado de sus atribuciones en ningún caso y cuestiona también el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial se haya visto privado «de manera inmediata» de sus funciones, «sin acudir incluso a norma alguna de transitoriedad».
Jueces elegidos por los propios jueces
Respecto al segundo de los textos que someten votación, el de las respuestas a la UE, al que también ha tenido acceso este periódico, el Consejo recuerda a la Comisión que lleva en funciones desde diciembre de 2018 y que tanto el Pleno como el presidente, Carlos Lesmes, han instado a las Cámaras para que se pongan de acuerdo en la renovación sin que hasta este momento haya sido posible. A la pregunta sobre el impacto que está teniendo la reforma en la actividad del Consejo, el texto señala que el mayor impacto se está viendo en la imposibilidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial, con especial mención al Tribunal Supremo, donde hay ya siete vacantes. En otros órganos el impacto será menor, dice, porque los responsables de los mismos se mantendrán en ese puesto en funciones mientras no haya renovación.
Pese a ser una reinvindicación histórica de la carrera, el Consejo contesta a la pregunta de la Comisión Europea sobre el masivo respaldo al cambio en sistema de elección de los vocales diciendo que el CGPJ no ha planteado ninguna iniciativa sobre esta cuestión (que los jueces sean elegidos por ellos mismos) porque es algo de lo que se ha empezado a hablar en el marco de la tramitación de esta reforma.
LA JUSTICIA ESTÁ DAÑADA
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