Cuando llamas al médico de cabecera y nadie responde; cuando, tras varios intentos, consigues cita para una semana después; cuando el especialista al que te derivan no puede atenderte hasta pasados varios meses; y cuando una prueba diagnóstica tan importante como una resonancia o una colonoscopia se demora otro tanto, es inevitable preguntarse qué valor real tienen los derechos reconocidos sobre el papel cuando el sistema es incapaz de garantizarlos en la práctica.
La sanidad pública no se mide por las leyes que la regulan ni por los discursos políticos que la ensalzan, sino por la atención efectiva que reciben los pacientes. Y la realidad es que miles de ciudadanos soportan listas de espera incompatibles con una asistencia sanitaria digna.
Por eso resulta especialmente frustrante que, en un sistema ya colapsado, se convoquen huelgas que agravan aún más la situación. Las reivindicaciones laborales son legítimas y deben ser escuchadas, pero también lo es el derecho de los pacientes a recibir una atención adecuada y en plazo razonable.
Quien decide ejercer una profesión tan esencial como la medicina asume una responsabilidad que trasciende los intereses corporativos. La defensa de mejores condiciones de trabajo es perfectamente compatible con la búsqueda de fórmulas que minimicen el perjuicio a quienes dependen de la asistencia sanitaria. Porque los pacientes no son parte del conflicto ni deberían convertirse en instrumento de presión para resolverlo.
Y, si existen estructuras sindicales financiadas precisamente para representar y defender los intereses de los profesionales, cabe preguntarse por qué fracasan tan a menudo en su función negociadora hasta el punto de que la huelga termina siendo la única salida.
Al final, quienes siempre pagan las consecuencias son los mismos: los ciudadanos que sostienen el sistema con sus impuestos y que, cuando más necesitan de él, se encuentran con teléfonos que no responden, consultas saturadas y esperas interminables.
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