Defensas intervenidas por Ferraz

Lo que parece estar produciéndose es el colapso de un modelo basado en la idea de que los intereses del partido y los de los investigados podían ir de la mano

La investigación judicial sobre la denominada trama de las 'cloacas' del PSOE continúa revelando aspectos que trascienden el ámbito estrictamente penal para adentrarse en una cuestión de evidente relevancia política. La información conocida ahora acerca del pago por parte del Partido Socialista de las defensas jurídicas de José Luis Ábalos y Koldo García, unida a las referencias contenidas en el auto del juez Santiago Pedraz sobre la actuación del abogado Ismael Oliver en la canalización de pagos a Leire Díez, dibuja un escenario que merece una reflexión de fondo. No se trata únicamente de quién abonó determinadas minutas profesionales, sino de la posible existencia de una estrategia orientada a mantener bajo control político las defensas de quienes poseen información especialmente sensible para el partido que sostiene al Gobierno de España.

Paralelamente, la investigación judicial sitúa a determinados abogados próximos al entorno socialista en una posición central en la arquitectura destinada a gestionar las consecuencias de los distintos procedimientos. La participación de Leire Díez en la llegada de Ismael Oliver a la defensa de Koldo y los mensajes intervenidos sobre la necesidad de coordinar una «estrategia jurídica del partido» refuerzan la impresión de que la preocupación de Ferraz no se limitaba a garantizar asistencia legal, sino a preservar el control político de una crisis con potencial devastador para la organización.