Los Presupuestos de 2021 incluirán un incremento salarial para los empleados públicos, línea roja de Podemos ante la crisis sanitaria.
El pulso entre PSOE y Podemos continúa a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y tiene una partida en el centro de la negociación: la posible congelación de los sueldos de los empleados públicos. En un momento en el que la inflación está en negativo ante el desplome del consumo, varios ministros socialistas como la vicepresidenta Nadia Calviño, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defienden esta opción. Otros como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, han tildado la idea de «error garrafal». Sin embargo, fuentes conocedoras de la decisión confirman a ABCque no habrá congelación salarial para los empleados públicos en 2021.
Aunque mínimo, habrá incremento salarial para este colectivo si bien aún no se ha decidido el porcentaje. Podemos ha logrado evitar que la congelación sea una línea roja, en un momento el que sanitarios, sobre todo, enfrentan una mayor carga de trabajo por la pandemia, a lo que se suma la labor de docentes y cuerpos y fuerzas de seguridad. Como fuere, aún no se ha decidido el porcentaje, señalan estas fuentes. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial tiene pendiente reunirse con los sindicatos para negociar este punto. Tienen pendiente también las ofertas de empleo público de 2021, además de la conversión de interinos a indefinidos –para rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 27,8%, muy lejos del objetivo del 8% que se marcaron hace tres años–.
La inflación se contrajo un 0,5% en agosto y las previsiones de Funcas es que acabe en negativo este 2020 con un -0,2%, mientras que para 2021 augura un 0,9%. Este año los empleados públicos ganaron poder adquisitivo, al aumentar sus sueldos un 2%, tal y como se acordó en 2018 con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta medida ha tenido un coste de 3.264 millones de euros para las arcas públicas.
Déficit disparado
Ahora, con un déficit público que este año cerrará en doble dígito, la decisión compromete el margen de las cuentas del Estado, pero también de comunidades autónomas y corporaciones locales. Lo cierto es que tanto empleados públicos como pensionistas llevan desde 2018 ganando poder adquisitivo. Mientras que en 2018 la inflación cerró en el 1,7% y los empleados públicos vieron sus retribuciones aumentar un 1,75%, las pensiones lo hicieron un 1,7% –fue 1,6% pero se les compensó en 2019–; posteriormente, en 2019, los jubilados ganarían un 1,6% más y los empleados públicos, un 2,25% cuando el IPC subió un 0,7%. Este año las pensiones han aumentado un 0,9% y los sueldos públicos un 2% con un IPC que ha sido negativo.
En el caso de las pensiones las cartas están sobre la mesa y la congelación no es un escenario posible porque la Ley de Pensiones fija un techo mínimo del 0,25% para revalorizar las nóminas de los casi 9 millones de pensionistas. A partir de ahí el Ejecutivo puede plantearse mejorar el sueldo de los mayores, opción que estaría estudiando, pero nunca revalorizarlos por debajo de ese escueto 0,25%.
El titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere tener lista para el comienzo del año próximo una ley que ligue las subidas con la inflación. Recuperar una indexación generalizada puede salir muy cara a las arcas públicas teniendo en cuenta la evolución de la demografía prevista para las próximas décadas. Es una fórmula que solo utilizan Francia, Italia, Austria, Hungría y Bélgica porque la mayor parte de los estados miembros cuentan con sistemas mixtos que toman varios indicadores de referencia a la hora de revalorizar las pensiones, normalmente salarios, precios y PIB.
Pulso entre Escrivá y Montero
Escrivá quiere contar ya en los Presupuestos de 2021 con esta fórmula legal y también comenzar a eliminar algunos de los gastos impropios de la Seguridad Social. Entre estos gastos se incluyen las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, o las políticas no contributivas que se financian con cuotas. En total, el ministro cifra en 22.800 millones los gastos que asume indebidamente su departamento y que pretende transferir al Estado. Antes tendrá que convencer a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, reacia a ir tan deprisa en un momento de explosición del gasto y de un déficit desbocado.
SE PUEDEN QUEDAR CON LA MISERIA DEL 0,25% Y GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN Y LA SUBIDA DEL IPC O¿ ES QUE LOS JUBILADOS NO LES SUBE LA VIDA?
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